La corrupción del síndico II

• A raíz de Documento a la Superir enviado con fecha 4 de septiembre de 2025:

El síndico de la quiebra de Curauma S.A., César Millán Nicolet, es el rostro visible de la corrupción en un proceso que debería estar regido por la ley y la probidad. Su actuar no refleja errores ni descuidos: es una práctica sistemática de manipulación que ha distorsionado actas, falseado quórums, desobedecido resoluciones judiciales y expuesto un patrimonio millonario a ser liquidado por migajas.

Los hechos son claros y documentados. Incumplió de manera reiterada el artículo 119 de la Ley 18.175, ocultando deliberadamente actas que debieron estar a la vista de todos los acreedores. Desobedeció fallos del tribunal al excluir, de forma arbitraria, a acreedores que representaban cerca del 20% del pasivo, alterando la composición de las juntas y favoreciendo decisiones ilegítimas. Durante casi siete años permitió la inclusión irregular de un crédito de la Tesorería General de la República por más de \$11.790 millones, con un título dudoso, afectando quórums y generando un pasivo artificialmente inflado.

Pero la señal más evidente del despojo está en el remate del terreno de 535 hectáreas junto al Tranque La Luz de Curauma (CSM UNO-A): el síndico, sin mandato de la junta, solicitó rebajar el mínimo de postura a 90.000 UF, cuando la tasación judicial lo valoraba en más de un millón de UF. Y ante el Tribunal Constitucional, en vez de defender la legalidad, buscó responsabilizar a los acreedores, como si la rebaja no proviniera de su propia pluma.

Aún más grave es la actuación del representante de la Tesorería General de la República (TGR), Cristián Huerta Bustamante, que ha ejercido un control absoluto de las juntas de acreedores, validando con su voto cada una de estas irregularidades. Su conducta no solo ha respaldado al síndico en un camino de despojo, sino que ha sido derechamente contraria al interés del propio Fisco de Chile, al comprometer la recuperación real de créditos fiscales en beneficio de terceros.

A este cuadro se suma la actuación de Euroamerica Seguros de Vida, que, pese a representar apenas el 0,02% del pasivo de la quiebra, ha intervenido activamente para respaldar al síndico y oponerse a las acciones de defensa del patrimonio. Una influencia mínima en términos numéricos, pero desproporcionada en efectos, que desnuda cómo ciertos actores han operado como aliados estratégicos del despojo.

Todo este fraude ha contado, además, con el apoyo implícito de relevantes acreedores, que con su silencio o sus votos han dado legitimidad a un proceso torcido desde sus cimientos. Lo que debió ser una liquidación ordenada y transparente se ha convertido en un laboratorio de impunidad, donde la ley es papel mojado y la fe pública, un recurso disponible para la manipulación.

La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y la Contraloría General de la República tienen la obligación de actuar ya. No hacerlo sería perpetuar un caso que exhibe, con toda crudeza, cómo en Chile la figura del síndico y la complicidad de algunos acreedores pueden transformarse en el motor de la corrupción.

#casocurauma

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