The Blasted Heath
- MV
- 1 ene
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En diciembre de 2024 se cumplieron once años desde que una trama de corrupción despojó a Curauma S.A. de su principal activo, ante la mirada pasiva de las autoridades, los medios de comunicación y las instituciones reguladoras. Este caso, lejos de recibir el escrutinio necesario, ha sido enterrado por un desolador silencio cómplice que perpetúa la impunidad.
El escándalo de corrupción involucra a Henry Comber y Nicholas Davis, controladores de Euroamerica Seguros de Vida, y un crédito usurero otorgado a Curauma S.A., que excedió la Tasa Máxima Convencional, se pagó cuatro veces el capital y culminó en el despojo de una garantía cuyo valor era inmensamente superior a la deuda. Para ello, sus abogados y cómplices manipularon la distribución de causas judiciales a través de la CAPJ, asignando el caso a juzgados "idóneos" para validar medidas ilegales. El activo fue ocultado en una sociedad de papel sin actividad, con la colaboración del Banco de Chile, que facilitó créditos ilegales y exprés para concretar la operación.
El pacto de silencio
El conocimiento de estas irregularidades es ampliamente compartido entre actores clave, desde el poder judicial y el sector financiero hasta entidades regulatorias y gremiales. Sin embargo, todos han optado por mirar hacia otro lado, amparados en un pacto de omisión alimentado por intereses económicos, conveniencias políticas y un eficaz dejar hacer.
La prensa, que debería ser el guardián de la verdad, ha callado, ya sea por presiones externas o por desidia, mientras las entidades reguladoras han mostrado una alarmante inacción. La asociación gremial de abogados, lejos de defender el Estado de Derecho, ha mantenido un silencio que evidencia complicidad. A esto se suma el gremio empresarial, que, priorizando intereses inmediatos, ha ignorado las graves consecuencias de este caso para la transparencia del mercado.
Las consecuencias del pasado
La impunidad no sólo devastó a una empresa y a sus accionistas, sino que también erosionó la confianza en las instituciones, agravando una crisis moral y económica que afecta al país en su conjunto. Este actuar negligente debilitó el sistema, alejando los valores fundamentales de justicia e igualdad ante la ley.
Once años después, el daño es irrefutable, pero la determinación por alcanzar justicia permanece firme y decidida a pesar de la densa niebla que envuelve a Chile.