RICARDO GUZMÁN SANZA, director de la CAPJ: 12 meses de vacaciones pagadas
- MV
- 27 ene
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 27 ene
Santiago, enero de 2025 - El Poder Judicial chileno enfrenta una grave crisis de credibilidad, intensificada desde febrero de 2024 con el "caso Lexus", relacionado con la fallida adquisición de 22 vehículos de lujo marca Lexus destinados a los ministros de la Corte Suprema.
Este escándalo destapó cuestionamientos éticos hacia Ricardo Guzmán Sanza, director suspendido de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), y su subdirector, Zvonimir Koporcic. Ambos han estado suspendidos de sus funciones directivas durante cuatro meses y desvinculados de funciones activas por ocho meses más, todo mientras reciben sus salarios íntegros, lo que ha generado indignación pública.
La controversia escaló al conocerse que la Corte Suprema había aprobado inicialmente la compra de los vehículos, decisión revertida tras las críticas. En respuesta, la Corte Suprema rechazó la renuncia de Guzmán Sanza y ordenó un sumario administrativo para investigar las irregularidades en la adquisición.
Además, hay evidencias de que el algoritmo de distribución de causas, bajo la gestión de la CAPJ, ha sido manipulado para dirigir casos hacia tribunales específicos que aseguren resultados favorables, en una práctica conocida como "forum cheating". Casos emblemáticos, como la quiebra de Curauma S.A. (Caso Curauma) y la insolvencia transfronteriza de LATAM, fueron asignados al 2º Juzgado Civil de Santiago, compartiendo el mismo tribunal, la misma jueza y el mismo estudio de abogados.
A estas denuncias se suman las acusaciones de falsificación de títulos de postgrado por parte de Guzmán Sanza. En 2016, fue cuestionado por inexactitudes sobre su formación profesional, tras afirmar tener un doctorado de una universidad belga, convalidado por la Universidad de Chile. Sin embargo, se comprobó que la Université Libre des Sciences de l’Entreprise et des Technologies de Bruxelles (Ulsetb), donde supuestamente cursó el doctorado, nunca estuvo acreditada en Bélgica. La Universidad de Chile anuló la convalidación tras descubrir la falsificación.
El caso Lexus y las acusaciones conexas evidencian problemas estructurales profundos en el Poder Judicial chileno, revelando la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de recursos públicos. Esta situación no solo pone en entredicho la integridad de sus principales administradores, sino que también expone un sistema vulnerable a la corrupción y manipulación, afectando la confianza pública en una de las instituciones fundamentales para la democracia.