La Talentosa Señora Justicia

El Poder Judicial chileno, financiado íntegramente con los impuestos de los ciudadanos, opera como un organismo autónomo sin supervisión externa efectiva. Ni la Contraloría General de la República ni los mecanismos de transparencia activa tienen injerencia en su administración, lo que deja su gestión completamente aislada del escrutinio público y sin rendición de cuentas ante otras instituciones del Estado.

Aunque diseñado originalmente para garantizar la independencia judicial, esta autonomía se ha degradado, convirtiéndose en un sistema que fomenta una opacidad extrema. Esto no solo facilita la corrupción, sino que también compromete los principios fundamentales de transparencia y rendición de cuentas que deben sustentar un Estado democrático.

La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), responsable de gestionar los recursos financieros, técnicos y operativos del sistema judicial, no es auditada por la Contraloría General de la República. Esto significa que ni el uso del presupuesto ni la distribución de causas a los tribunales están fiscalizados por un ente independiente. La exclusión, establecida en la Ley Orgánica Constitucional del Poder Judicial de 1989, ha convertido al Poder Judicial en un espacio impenetrable, donde las decisiones administrativas y presupuestarias se toman sin control externo ni obligación de rendir cuentas.

El Consejo Superior, compuesto por miembros de la Corte Suprema, tiene control absoluto sobre las decisiones administrativas del Poder Judicial. En 2024, gestionó un presupuesto de 1,3 billones de pesos, destinado en más del 85 % a remuneraciones, mientras que el resto cubre gastos administrativos que no son auditados ni explicados públicamente. Este presupuesto, además, excluye la construcción de infraestructura judicial, lo que refleja la falta de inversión en mejoras físicas y logísticas del sistema.

La distribución de causas judiciales, controlada por la CAPJ, es el punto más crítico del sistema. Este mecanismo, que debería garantizar imparcialidad, permite la asignación estratégica de casos a tribunales específicos, manipulando resultados y favoreciendo intereses económicos y políticos. Sin un registro público transparente, estas decisiones quedan fuera del escrutinio ciudadano, perpetuando la opacidad y el abuso de poder.

Un ejemplo claro es el Caso Curauma, donde se denunció la manipulación del sistema para asignar la causa a un tribunal favorable, asegurando resoluciones alineadas con intereses privados. Otros casos emblemáticos incluyen la insolvencia transfronteriza de LATAM Airlines, la inscripción fraudulenta de camiones usados y el despojo de propiedades inmobiliarias en el norte de Chile. Estas manipulaciones no solo comprometen la integridad del sistema, sino que también perpetúan un modelo donde los recursos y derechos de muchos son transferidos arbitrariamente para favorecer a unos pocos.

La contraloría interna del Poder Judicial, encargada de supervisar sus operaciones administrativas, carece de autonomía real, ya que depende de la misma estructura que debería fiscalizar. Entre 2021 y 2024, solo el 12 % de las auditorías internas derivaron en recomendaciones vinculantes, y ninguna resultó en sanciones significativas. Este escenario evidencia la incapacidad de los mecanismos internos para controlar el uso indebido de recursos o prevenir actos de corrupción.

Según un informe de 2022 del Consejo para la Transparencia, el Poder Judicial obtuvo una calificación de solo 52 % en cumplimiento de normas de acceso a la información, muy por debajo del promedio nacional de 78 %. Actas del Consejo Superior, decisiones sobre contratos administrativos y detalles presupuestarios permanecen ocultos, alimentando la percepción de un sistema opaco y cerrado al escrutinio público.

Esta combinación de autonomía absoluta, falta de supervisión y opacidad ha creado un entorno donde la corrupción no solo es posible, sino que está profundamente arraigada. Desde la manipulación de la distribución de causas hasta contrataciones sin licitación, el Poder Judicial opera como una entidad desconectada de las normas que rigen a otras instituciones públicas. Esto compromete la confianza ciudadana y perpetúa un ciclo de abusos en la gestión de recursos y la administración de justicia, erosionando los pilares fundamentales de la democracia chilena.

Sin reformas que incluyan auditorías independientes y una política de transparencia real, el Poder Judicial continuará al servicio de intereses internos, más que de la ciudadanía que lo financia.

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