La operación Aurora de Vitacura

“¿En qué momento se jodió el Perú?”, se pregunta Zavalita en Conversación en La Catedral de Vargas Llosa, y en esa pregunta resuena no solo la descomposición de un país, sino también el desconcierto de cualquier ciudadano que ha sido testigo —y víctima— de cómo el poder económico se adueña de las instituciones, corrompe el lenguaje jurídico y pervierte los principios básicos de justicia.

En Chile, esa pregunta cobra hoy una vigencia brutal. No porque el país haya despertado tarde, sino porque ciertos grupos parecen haberse especializado en adormecer a la ley, anestesiar la fiscalización y convertir la legalidad en herramienta de resguardo patrimonial.

Un ejemplo reciente es la querella presentada en diciembre de 2024 por Pacífica Inversiones Limitada, bajo el RIT 28324-2024 del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago. La acción penal apunta a un presunto delito de contrato simulado —tipificado en el artículo 471 N°2 del Código Penal— que, según los querellantes, no sólo habría tenido por objeto la compraventa ficticia de un inmueble, sino que buscaría frustrar el curso normal de una acción judicial legítima.

De acuerdo con lo descrito en la querella, el 13 de julio de 2023 se llevó a cabo una subasta pública en Vía Aurora 8.700, comuna de Vitacura, en el marco de la reorganización concursal de Arauco Inmobiliaria S.A. Tattersall Gestión de Activos S.A., empresa organizadora del remate, habría adjudicado el bien a Inmobiliaria e Inversiones Aurora SpA, constituida apenas diez días antes, a pesar de que —según sostiene Pacífica— la mejor oferta fue presentada por esta última. La adjudicación a una sociedad sin historial y con oferta inferior, siempre según la querella, encendió las primeras alarmas.

Tattersall no figura como querellado, pero su rol fue clave: organizó, certificó y formalizó la compraventa mediante escritura pública, sin que —según alega la parte querellante— se haya corregido el curso del proceso pese a constancias informáticas que acreditarían la mejor oferta de Pacífica.

El episodio tomó un nuevo giro un año más tarde. El 19 de julio de 2024, Aurora SpA firmó una compraventa con Canal SpA, sociedad también representada por los mismos actores. El precio convenido fue de 2.800 millones de pesos, pero según la querella, el pago efectivo habría sido de solo 20 millones —el 0,71% del total— sin hipotecas, intereses ni garantías. La inscripción de esta operación se realizó el 24 de julio, un día después de que la Corte de Apelaciones de Santiago certificara que el bien estaba en litigio. La querella plantea que la maniobra buscó anticiparse a la anotación de la litispendencia y consolidar la operación.

Más allá del conflicto puntual, los datos contenidos en la querella permiten observar una estructura societaria que vincula a los querellados con el entorno directivo de Euroamerica Seguros de Vida S.A. El 62% de Aurora SpA pertenece a Inversiones Escrich HH SpA, controlada por Fernando Escrich Juleff, actual gerente general de Euroamerica Seguros de Vida. El 38% restante está en manos de Inversiones Lede Limitada, vinculada a Jorge Lesser García-Huidobro, director de esa misma aseguradora y figura con participación en múltiples empresas del sistema económico. Canal SpA, adquirente del inmueble, también es representada por los mismos imputados.

Cabe precisar que la querella no imputa responsabilidad penal a Euroamerica como persona jurídica. Sin embargo, sí establece que altos ejecutivos de dicha entidad participan, controlan o representan sociedades involucradas en la operación cuestionada, lo que —a juicio de los querellantes— amerita investigación penal.

Este caso ha reavivado la memoria de otro expediente de alto impacto: el proceso concursal de Curauma S.A. en 2013. En ese caso, Euroamerica Seguros de Vida actuó como acreedora hipotecaria de un crédito otorgado en 2004 por 715.000 UF, a una tasa de interés por sobre la máxima convencional vigente. Ese crédito, garantizado por terrenos tasados en más de 11 millones de UF, fue luego utilizado como base para solicitar la quiebra de la empresa en el 2º Juzgado Civil de Santiago, a pesar de que el domicilio social de Curauma estaba en Valparaíso. La deuda presentada —según alegaciones públicas— no fue acreditada tributariamente y la valorización de los activos fue objeto de intensa controversia. Como resultado, terrenos de alto valor fueron transferidos a sociedades vinculadas al entorno directivo de la misma aseguradora.

Lo que une estos dos casos no es solo la recurrencia de ciertos nombres o cargos, sino el método descrito en los documentos judiciales: sociedades nuevas, sin historial; participación en remates con condiciones favorables; transferencia de bienes a terceros mediante pagos simbólicos; operaciones inscritas antes de la intervención judicial; y, finalmente, invocación de buena fe para consolidar la transferencia. Todo, aparentemente dentro del marco formal del derecho.

La querella de Pacífica Inversiones no busca resolver un conflicto contractual, sino advertir —con base en hechos y documentación pública— sobre una posible utilización estratégica de estructuras legales para proteger patrimonios, eludir la justicia civil y bloquear el acceso a mecanismos de reparación legítimos.

Chile no está carente de leyes. El problema comienza cuando las leyes —y sus mecanismos procesales— se convierten en vehículos de blindaje, más que en herramientas de justicia.

#casocurauma