La colusión en Chile

En Chile, la colusión ha trascendido el ámbito empresarial para instalarse como una práctica sistémica, donde actores públicos y privados pactan —explícita o implícitamente— en perjuicio del interés general. Lo que antes se atribuía exclusivamente al poder económico, hoy involucra también a instituciones estatales que, lejos de fiscalizar o corregir, terminan validando o facilitando los abusos. La colusión en Chile ya no es solo entre empresas: es entre élites, cargos públicos, operadores judiciales y redes que comparten beneficios, impunidad y silencio.

Casos empresariales: patrones reiterados

Los casos más conocidos de colusión empresarial:

Tissue (2000–2011): CMPC y SCA fijaron precios del papel higiénico durante más de una década. La FNE denunció el caso en 2015, pero solo SCA fue multada por aproximadamente 18 millones de dólares. CMPC quedó exenta gracias a la delación compensada.

Pollos (2008–2010): Agrosuper, Ariztía y Don Pollo coordinaron la producción para evitar competir. El TDLC multó a las empresas en 2014, pero ningún ejecutivo fue sancionado penalmente.

Farmacias (2007–2008): Salcobrand, Cruz Verde y FASA manipularon precios de más de 200 medicamentos. En 2012, FASA reconoció la colusión. Las multas fueron menores.

Supermercados (2008–2011): Walmart, Cencosud y SMU coordinaron precios del pollo. En 2019, el TDLC dictó multas menores y ninguna consecuencia penal.

Casinos (2021–2023): Enjoy, Dreams y Marina del Sol habrían pactado no competir en licitaciones de licencias. En 2023, la FNE acusó formalmente la colusión. Se arriesgan multas por más de 37 millones de dólares, pero el caso aún está en juicio.

Estos casos demuestran un patrón: colusión sostenida, beneficios privados multimillonarios, multas marginales y ausencia de responsabilidad penal.

Colusión estatal: el lado oculto del poder

Lo más grave, sin embargo, es que varios de estos episodios fueron posibles gracias a la inacción —o colaboración— del Estado.

Caso Curauma (2013): La quiebra de Curauma S.A., pese a tener activos tasados en más de 500 millones de dólares, fue tramitada irregularmente por el 2º Juzgado Civil de Santiago con respaldo de Euroamerica Seguros de Vida S.A. y validada por la Superintendencia de Valores. La Tesorería General de la República y la Superintendencia de Insolvencia tampoco fiscalizaron adecuadamente. Todo esto permitió la apropiación de activos por una supuesta deuda menor, sin verificación tributaria. El caso aún sigue impune.

Licencias médicas falsas (2023–2024): La Contraloría reveló en 2023 que el sistema de salud público y privado soportaba un fraude masivo por licencias fraudulentas, con perjuicios fiscales estimados en más de 500 millones de dólares anuales. El esquema, por todos sabido, fue tolerado por años por servicios de salud, empleadores públicos, médicos y autoridades previsionales.

Colusión en transporte escolar y subvenciones municipales (2020–2023): En regiones como O'Higgins, Biobío y Metropolitana, se detectaron redes entre proveedores, funcionarios y alcaldías para inflar contratos de transporte y alimentación escolar. Estas prácticas se camuflan como "licitaciones" legales, pero constituyen colusión estatal-empresarial.

Caso Convenios (2023–2024): La entrega irregular de recursos a fundaciones ligadas a partidos políticos oficialistas reveló una lógica de reparto clientelar disfrazada de política social. Más de 14 mil millones de pesos fueron transferidos sin controles efectivos. Seremi, ministerios y fundaciones actuaron de manera coordinada.

Las condiciones estructurales que permiten la colusión

Débil fiscalización: La FNE y el Ministerio Público actúan de forma reactiva, con recursos limitados y sin capacidad coercitiva efectiva. Cabe destacar el importante y valioso rol que cumple hoy la Contraloría General de la República bajo la dirección de la contralora Dorothy Pérez G.

Captura regulatoria: Grandes estudios jurídicos asesoran tanto a empresas como al Estado, diseñando estrategias que burlan los controles legales.

Captura funcionaria: Dentro del aparato estatal, numerosos funcionarios públicos han comenzado a operar en abierta contradicción con el deber que les corresponde: resguardar la fe pública. Lejos de fiscalizar, supervisar o proteger el interés general, muchos terminan actuando en beneficio de intereses particulares o redes clientelares, comprometiendo la integridad de las instituciones que representan.

Judicialización sesgada: La selección de tribunales favorables, jueces poco especializados en delitos económicos y plazos eternos minan cualquier sanción real.

Impunidad política: Ningún ministro, superintendente o intendente ha sido sancionado por omisiones graves en estos casos.

Reforma incompleta: ¿delito sin castigo?

La Ley 20.945 de 2016 tipificó por primera vez la colusión como delito penal, con penas de hasta 10 años de cárcel. Sin embargo, a la fecha no hay una sola condena efectiva con presidio por colusión, ni en el ámbito empresarial ni estatal.

Chile vive bajo una estructura institucional que permite —y en algunos casos facilita— acuerdos colusorios entre privados, entre públicos, y entre ambos. Esta convergencia de intereses se convierte en una forma sofisticada de corrupción, difícil de detectar, pero devastadora en sus consecuencias: precios más altos, servicios públicos de mala calidad, desconfianza institucional y crecimiento económico distorsionado.

Restablecer la fe pública exige más que leyes simbólicas: requiere juicios penales eficaces, sanciones reales, y una reingeniería completa de las capacidades fiscalizadoras del Estado. La colusión no es solo un problema de mercado: es un síntoma de un Estado capturado que ha perdido su función de garante del bien común. Mientras eso no cambie, Chile seguirá funcionando —en lo esencial— como una economía de pactos ocultos.

#casocurauma