Curauma: las "juntas" de acreedores

La 52ª Junta Ordinaria de Acreedores de Curauma S.A., celebrada el 29 de mayo de 2025, no es simplemente un trámite más en una larga sucesión de reuniones judiciales. Es, en los hechos, un resumen condensado del proceso concursal iniciado hace más de una década, en noviembre de 2013.

En sus líneas se encuentran los elementos esenciales para comprender qué ocurrió con los terrenos, con los acreedores, con los dineros, y con el patrimonio público y privado que alguna vez representó el proyecto urbano de Curauma.

Convocada y presidida por el representante de la Tesorería General de la República (TGR), Cristián Huerta Bustamante, (supuestamente) acreedor mayoritario con el 71% del pasivo, la junta se desarrolló por videoconferencia. No asistieron ni la fallida ni la Superintendencia de Insolvencia, pero sí el síndico César Millán, acompañado de sus abogados.

Ventas mínimas, pérdidas máximas

Uno de los datos más significativos es financiero: desde el inicio de la quiebra hasta mayo de 2025, la sindicatura ha recaudado apenas $190 millones por concepto de venta de activos — $187 millones por inmuebles y $3,5 millones por vehículos—, una cifra irrisoria si se compara con el valor original del patrimonio de Curauma, que en 2011 fue tasado en más de 16 millones de UF (unos USD 700 millones de la época) [la tasación].

La gran excepción: Euroamerica

El único ingreso relevante en términos contables corresponde a la conciliación firmada con Euroamerica Seguros de Vida S.A. y su filial Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A., que aportaron un total de $5.146 millones (unos USD 5,7 millones). Esta suma, que fue completada con la última cuota recibida en marzo de 2025, permitió cerrar todos los litigios abiertos entre la fallida y el grupo asegurador. A cambio, Euroamerica obtuvo la propiedad (Fundo Las Cenizas) de más de 2.120 hectáreas de terrenos estratégicos, que habían sido valorizados oficialmente en más de 11 millones de UF. Dicho de otro modo: Curauma S.A. entregó activos avaluados en cientos de millones de dólares a cambio de una fracción de su valor, sin que esa diferencia figure en el balance como pérdida.

El remate que no remata

Uno de los pocos activos que quedan por liquidar es el lote CS-M1-A, un paño de 535,2 hectáreas en el sector Tranque La Luz. Tras el fracaso del remate anterior, el tribunal fijó una nueva subasta para el 21 de agosto de 2025, rebajando el precio mínimo a 90.000 UF, es decir, menos de UDS 1 por metro cuadrado. Esta reducción se acordó pese a que Manuel Cruzat Infante solicitó formalmente una nueva tasación pericial, advirtiendo una eventual "lesión enorme". Esa petición aún no ha sido resuelta.

El acreedor que decide por todos

En este contexto, resulta relevante la posición de la Tesorería General de la República. Con un crédito verificado por más de $41.496 millones (71,10% del pasivo), la TGR tiene capacidad para aprobar o bloquear cualquier decisión. Sin embargo, buena parte de su crédito — $11.790 millones— fue impugnado en esta misma junta, al alegarse que corresponde a una deuda tributaria de CB Inversiones Inmobiliarias S.A., verificada seis años después de haberse hecho exigible, superando ampliamente los plazos legales de prescripción. Pese a ello, el tribunal le permitió participar con derecho a voto, dejando la controversia para una resolución posterior.

Un proceso atrapado en su propia arquitectura

El síndico informó, finalmente, que prepara una propuesta de reparto de fondos, pero no entregó detalles. Mientras tanto, se acumulan antecedentes que permiten sostener —desde el plano estrictamente técnico— que el proceso ha privilegiado la despatrimonialización acelerada sin maximizar el valor de los activos. El remate a 90.000 UF y la cesión de miles de hectáreas a cambio de $5.146 millones así lo demuestran.

La 52ª junta no solo condensa el estado actual del proceso, sino que permite una lectura retrospectiva de su diseño y de sus resultados. Las cifras están ahí. Las fechas también. La pregunta que resta por formular es si lo que se ha hecho bajo el amparo de la ley ha sido —realmente— justo, eficiente y transparente para todos los acreedores, y no solo para algunos.

Detalles contables:

INGRESOS (en UF):

Monto total conciliación con Euroamerica: 139.092,86 UF

Última cuota conciliación Euroamerica (marzo-mayo 2025): 51.469,91 UF

Venta de inmuebles: 5.054,54 UF

Venta de bienes muebles (vehículos): 95,03 UF

Total ingresos acumulados: 195.712,34 UF

EGRESOS (en UF):

Distribución créditos preferentes: 65.735,47 UF

Distribución créditos art. 247: 2.372,54 UF

Honorarios del síndico: 4.352,81 UF

Honorarios especiales: 1.223,52 UF

Honorarios varios: 535,26 UF

Honorarios legales: 66,07 UF

Honorarios ministro de fe: 48,05 UF

Publicidad de remate: 2.435,65 UF

Publicaciones legales: 27,71 UF

Gastos menores: 133,90 UF

Otros gastos: 592,42 UF

Servicio de vigilancia: 190,13 UF

Servicio de bodegaje: 247,51 UF

Estadía y traslados: 52,19 UF

Impuestos e intereses línea de crédito: 929,51 UF

Devolución consignación 100 UF: 105,86 UF

Total egresos acumulados: 79.048,92 UF

Al 31 de julio de 2025, el proceso de quiebra de Curauma S.A. ha generado ingresos por 195.712 UF, principalmente gracias a la conciliación con Euroamerica. Los egresos totales, incluyendo honorarios del síndico, gastos operacionales y distribuciones a acreedores preferentes, ascienden a 79.048 UF. El balance neto disponible del proceso es de 116.663 UF.

El proceso ha sido formalmente ejecutado, pero con un rendimiento económico mínimo respecto del valor original del patrimonio. La enajenación directa de activos fue marginal y las principales transferencias de terrenos se concretaron mediante una conciliación cuyo retorno monetario fue notoriamente inferior al valor tasado de dichos activos. Con esto, queda claro el propósito final del proceso concursal.

#casocurauma

Nota: 53º Junta Ordinaria de Acreedores del 31 de julio de 2025.