Corrupción Judicial

Santiago, 13 de febrero de 2025 - A dos semanas del inicio del Año Judicial 2025, Chile enfrenta una encrucijada decisiva en su sistema de justicia. La corrupción en los tribunales ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en una crisis estructural que socava la confianza pública y obstaculiza el desarrollo del país. Casos recientes han demostrado cómo la falta de controles efectivos permite la manipulación de fallos, la pérdida deliberada de expedientes y la interferencia indebida en procesos judiciales de alto perfil. Ante este panorama, la implementación de auditorías independientes y el uso estratégico de tecnología emergente se presentan como las herramientas más eficaces para erradicar la impunidad dentro del sistema.

Históricamente, la corrupción judicial ha prosperado en la opacidad. En Chile, la falta de rendición de cuentas en la toma de decisiones y la existencia de redes de influencia entre jueces, abogados y actores económicos han deteriorado la credibilidad del sistema. Sin mecanismos de auditoría eficientes, el control interno ha sido insuficiente para frenar la corrupción. A esto se suma el hecho de que la digitalización del sistema judicial ha sido parcial y, en algunos casos, mal implementada, permitiendo que se mantengan prácticas corruptas bajo una nueva apariencia.

Soluciones a la corrupción

Pero hay soluciones concretas. En países con altos estándares de transparencia, como Estonia y Dinamarca, la supervisión judicial ha sido reforzada con auditorías externas sistemáticas. Estos procesos no solo revisan las resoluciones judiciales, sino que también evalúan las conexiones entre jueces y litigantes, la evolución patrimonial de los magistrados y la asignación de causas. En Chile, establecer un sistema de auditoría con autonomía real del poder judicial, que dependa de organismos externos con facultades sancionatorias, sería un primer paso esencial para garantizar decisiones libres de influencias indebidas.

El segundo elemento clave en la lucha contra la corrupción judicial es el uso de tecnología avanzada. Sistemas basados en blockchain pueden registrar de forma inmutable cada fallo y cada movimiento procesal, impidiendo que expedientes desaparezcan o sean alterados sin dejar rastro. La inteligencia artificial, aplicada con los debidos controles, puede detectar patrones irregulares en las sentencias, identificando tendencias sospechosas en ciertos jueces o tribunales. A su vez, la automatización de procesos reduciría la discrecionalidad en la tramitación de causas, cerrando espacios a la corrupción administrativa dentro del sistema.

Chile ha vivido escándalos recientes que ilustran la urgencia de estas reformas. La manipulación de procesos concursales, como en el caso Curauma, ha revelado cómo abogados, jueces y empresarios pueden operar en la sombra, utilizando vacíos normativos para apropiarse de activos millonarios sin consecuencias reales. A su vez, la colusión entre grandes firmas y operadores judiciales en procesos de licitación, como en la industria de los casinos, ha puesto en evidencia cómo la corrupción no se limita a los tribunales, sino que contamina la estructura misma del Estado de derecho.

El problema no es solo legal, sino profundamente político. Un poder judicial comprometido con la transparencia debe aceptar que la supervisión independiente es una condición indispensable para su legitimidad. La tecnología y las auditorías no son enemigos de la independencia judicial; por el contrario, son sus mejores aliados. Si Chile aspira a reconstruir la confianza en sus tribunales, la digitalización y la supervisión deben dejar de ser promesas abstractas para convertirse en herramientas concretas de reforma.

#casocurauma