Construcción y mantenimiento: las platitas de la CAPJ

Por Santiago Escobar Sepúlveda

Desenfoque

4 de abril de 2025

La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) de Chile, a través de su Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, se alza como un coloso inversionista inmobiliario en el país. Gestiona y licita miles de millones de pesos en arriendos, construcción y mantenimiento de la infraestructura judicial, desde juzgados rurales hasta los grandes centros de justicia. Mobiliario incluidos.

Oficialmente todo está en orden y legalidad: presupuestos asignados, licitaciones realizadas, edificios construidos, obras recepcionadas, oficinas funcionando. Pero al simple rasguño, muchas construcciones se muestran deficientes y las cifras oficiales se descuadran, emergiendo indicios de un pozo sin fondo en el cual las platas públicas se transforman en agua. Por un entramado brumoso, eventualmente perforado de corrupción y lavado de dinero. Por ello parece necesario ver para creer, y no basta con los resúmenes de inversión, sino que se debe romper el hielo y buscar las cifras reales a través de datos desagregados y auditados, que al parecer nadie quiere mostrar.

Las cifras oficiales

Según la Dirección de Presupuestos (DIPRES), el Poder Judicial recibió el año 2023 $413.562 millones, y $589.843 millones en 2024. De este monto, la CAPJ destina una parte no especificada a infraestructura y mantención. Un par de ejemplos concretos dan pistas: el Centro de Justicia de Chillán costó $25.230 millones (inaugurado en 2023), el de La Serena $18.000 millones (certificado LEED Platino en 2021), y el de Tomé unos $3.500 millones, según memorias oficiales. Si extrapolamos esos valores a los 300 tribunales del país (aproximadamente), el gasto anual en infraestructura podría rondar los $100.000 millones oficialmente reportados, asumiendo un promedio de $333 millones por tribunal en mantenimiento y nuevas construcciones por año.

Pero estas cifras son un espejismo. El Consejo Superior de la CAPJ alertó en 2023 que el presupuesto de 2024 era insuficiente para nuevos proyectos, lo que implica que los $589.843 millones no cubren ni las necesidades básicas. Si el dinero no alcanza, ¿dónde está el financiamiento complementario o el déficit? La falta de desglose público sobre cuánto se gasta realmente en cada centro de justicia —desde el Juzgado de Letras de Chaitén hasta el mastodonte de Santiago— es el primer indicio de que las cifras oficiales no tienen un grado suficiente de veracidad y transparencia.

Las cifras reales

Para encontrar números reales, hay que recurrir a estimaciones, la mayoría basadas en escándalos, filtraciones y análisis críticos, y no en la transparencia del Poder Judicial. Entre 2000 y 2019, tras las reformas penal y de familia, la CAPJ manejó una “bolsa de inversiones” estimada en $300.000 millones para infraestructura, según el diario El Mostrador. Solo entre 2010 y 2015, la constructora COSAL, que dominó el 83% de las licitaciones en 2011, habría contabilizado unos $150.000 millones, calculados a partir de contratos reportados y su capacidad para capturar contratos con la CAPJ en el período. El Centro de Justicia de Iquique, con un costo inicial de $20.000 millones, vio su precio final inflarse con reparaciones y litigios hasta posiblemente $40.000 millones, sin que se rindieran cuentas claras.

En total, el gasto real en la infraestructura judicial en la última década podría superar los $600.000 millones anuales, triplicando las asignaciones oficiales visibles, si sumamos sobrecostos, proyectos paralizados y contratos opacos.

El abismo de la corrupción y el lavado

La hipótesis de que el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento pudiera haber sido capturado por terceros como un núcleo de corrupción y lavado de dinero aparece plausible, tanto por la debilidad de los sistemas de control en el Poder Judicial como por un análisis de los flujos. COSAL, por ejemplo, recibió $150.000 millones en cinco años, pero sus obras —como el centro de Iquique— fueron un desastre estructural. ¿Se pagó por trabajos no realizados o inflados, la constructora construyó por debajo de las exigencias técnicas aprovechando la falta de control, se han auditado las denuncias de desperfectos o fallas en lo construido? Poco o nada se sabe.

Por otro lado, el modelo de “arrendamiento con opción a compra” permitió a la CAPJ desembolsar cientos de millones en infraestructura previo a adquirir edificios defectuosos y probados en sus fallas, un esquema perfecto para transferir fondos a privados sin rendición de cuentas. El Contralor Ramiro Mendoza lo dijo claro en 2011: la fiscalización de la CAPJ no es competencia de la Contraloría General de la República, dejando todo en manos de la Corte Suprema, la que se sabe carece de herramientas para auditar estos montos. Y tampoco se preocupa por remediarlo.

Un reciente escándalo judicial con 65 camiones hechizos y “legalizados” por el 28º Juzgado Civil de Santiago, presumiblemente con nexos al crimen organizado según TV13, dejó en evidencia que, si la forma como la CAPJ administra los tribunales y la distribución de causas permite blanquear bienes ilícitos, ¿qué impide que sus propios contratos no sean una vía para lavar dinero negro de proveniencia pública? ¿Sobre todo si falla el control del superior jerárquico?

Un cálculo especulativo pero plausible indica que si el 20% de los $600.000 millones anuales estimados de gasto se desviara a través de licitaciones amañadas o pagos ficticios, estaríamos hablando de $120.000 millones anuales para financiar redes criminales o bolsillos privados, bajo la nariz del Estado.

La desigualdad silenciosa

Mientras el Centro de Justicia de Santiago con un costo estimado de $80.000 millones en su construcción inicial (sin contar ampliaciones ni mobiliario) brilla como emblema, tribunales rurales como el de Cochamó operan con menos de $50 millones anuales, según estimaciones locales basadas en mantenimiento básico. Esta brecha no es casual. El dinero para absorber debe concentrarse en volúmenes altos y proyectos visibles a los que acceden contratistas privilegiados. Eso deja a la justicia de provincias o de localidades menores en la miseria.

Para romper el hielo que congela la transparencia

Las cifras oficiales —$589.843 millones en 2024— son casi un engaño por omisión. Las reales y plausibles, a partir de los escombros de escándalos y contratos brumosos podrían superar los $600.000 millones anuales. Ello da en 10 años, para no ir muy atrás, cientos de miles de millones extraviados en un sistema sin control. El Departamento de Infraestructura y Mantenimiento no solo falla en construir para la justicia: también eventualmente podría ser una lavandería de fondos públicos, donde el dinero del Estado se recicla en beneficio de unos pocos. Sin una auditoría externa, sin acceso a los libros contables reales de la CAPJ, ¿seguirá la ciudadanía atrapada en la incómoda postura de tener que creer porque lo dice la autoridad?  ¿Y el resto del Estado esperando que alguien de la CAPJ filtre chats?

Las preguntas arden: ¿si la diferencia existe quién se queda con ella o como se financia el déficit? El hielo está roto. Ahora falta una auditoría externa seria e imparcial para que la transparencia traiga certidumbre a la ciudadanía y ayuda a la probidad pública.

Versión original en: www.desenfoque.cl/2025/04/04/construccion-y-mantenimiento-las-platitas-de-la-capj/