Claro y Cía. x 2

EL ZARPAZO DE LATAM

El reciente reportaje de El Mercurio (7 de septiembre de 2025), titulado “CEO de LATAM y el aeropuerto”, presenta la salida de la aerolínea del proceso de Chapter 11 como un relato de recuperación empresarial y fortalecimiento competitivo. El tono sugiere orgullo y resiliencia corporativa. Sin embargo, un examen detenido de los hechos y cifras revela un fenómeno de naturaleza distinta: una redistribución regresiva de valor que golpeó a los accionistas minoritarios y a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en beneficio de fondos acreedores internacionales y de los accionistas controladores históricos.

Los datos son elocuentes. Antes de la crisis, la familia Cueto, a través de Costa Verde Aeronáutica, poseía aproximadamente un 21,5% de LATAM. Tras la emisión de más de 605 mil millones de nuevas acciones en el marco del Chapter 11, su participación se redujo a cerca de un 4%. Sin embargo, en alianza con Qatar Airways (10%) y Delta Air Lines (20%), logró conservar conjuntamente hasta un 27% del capital de la “nueva” LATAM. El resto, casi dos tercios, quedó en manos de fondos acreedores internacionales que capitalizaron deuda, desplazando a decenas de miles de minoritarios cuya participación se redujo a un 0,1% colectivo. Este proceso provocó además pérdidas sustantivas en los fondos previsionales de millones de afiliados.

El trámite judicial exhibe una anomalía difícil de ignorar. Según la carga judicial disponible, el caso de LATAM debía recaer en el 15º Juzgado Civil de Santiago. No obstante, terminó en el 2º Juzgado Civil de Santiago, el mismo que en 2013 conoció la quiebra de Curauma S.A. No se trata de coincidencias: es un patrón. Concentrar causas de esta magnitud en un solo tribunal desnaturaliza el principio de distribución aleatoria y entrega a un puñado de jueces un poder desproporcionado sobre operaciones de miles de millones de dólares y con consecuencias sociales masivas. En lugar de garantizar imparcialidad, el sistema genera un foro recurrente donde se resuelven los asuntos más sensibles con los mismos actores jurídicos y resultados previsibles: los grandes protegidos, los pequeños borrados.

La participación del estudio jurídico Claro & Cía. en ambos casos refuerza la similitud. Su asesoría fue determinante en la validación local del procedimiento extranjero de LATAM, como lo había sido en la estructuración de la quiebra de Curauma. En ambos escenarios, la combinación de un mismo tribunal y un mismo bufete condujo a resultados similares: la protección de intereses de controladores y acreedores poderosos en desmedro de minoritarios y del interés público.

En consecuencia, la supuesta estrategia empresarial celebrada en el discurso oficial encubre lo que debe calificarse como un traspaso institucionalizado de valor: un zarpazo que redistribuye riqueza y control desde actores dispersos y vulnerables hacia conglomerados concentrados y fondos internacionales. La invocación de la ética por parte de la administración corporativa contrasta con la materialidad de los resultados, poniendo en cuestión no solo la narrativa pública, sino también la capacidad del sistema jurídico chileno para garantizar condiciones equitativas en procesos de reorganización y quiebra.

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SQM Y SEC

El reportaje de La Tercera/Pulso del domingo 7 de septiembre de 2025 sobre la investigación de la SEC a SQM entre 2023 y 2025 pone en evidencia un patrón que atraviesa los principales escándalos empresariales de Chile en las últimas dos décadas: la captura legal y contable como estrategia de blindaje frente a crisis que afectan a empresas estratégicas. Lo vimos en la quiebra de Curauma en 2013, en la colusión de los casinos de Enjoy, en la reestructuración de LATAM Airlines bajo el Chapter 11 en Nueva York, en CLC, y hoy lo volvemos a ver en SQM, una de las compañías más relevantes del país para la transición energética global.

Los elementos comunes son demasiado claros para ser casualidad.

Primero, los mismos estudios de abogados. Claro & Cía. ha sido actor central en todos estos procesos. Fue el bufete de Euroamerica Seguros de Vida en la quiebra de Curauma, un proceso ilegalmente forzado en el que se manipuló la distribución de la causa civil y se liquidaron activos a valores muy por debajo de sus tasaciones reales. Patrocinó a los controladores de LATAM durante el Chapter 11, en cuya reestructuración los accionistas minoritarios vieron reducida su inversión a la mínima expresión. Y hoy aparece nuevamente, como asesor legal de SQM en la investigación ordenada por la SEC. En este último caso se suman, además, el Grupo Vial en Chile y Paul Hastings en Estados Unidos.

Segundo, los mismos mecanismos de "investigación interna". La fórmula es idéntica: se contratan firmas de prestigio, se realizan entrevistas cerradas, no se publican informes completos y las conclusiones rara vez incomodan a los directorios o a los controladores. Lo esencial se posterga, mientras se gana tiempo y se proyecta una apariencia de cumplimiento.

Tercero, los mismos costos millonarios. Las investigaciones y defensas legales implican decenas de millones de dólares, como lo refleja SQM con más de 47 millones de dólares en gastos legales solo en 2024. Estos costos no recaen en los responsables directos, sino en las propias empresas, que financian su defensa con recursos provenientes de actividades estratégicas: rentas vitalicias en el caso de Euroamerica Seguros de Vida, concesiones de casinos en Enjoy, transporte aéreo en LATAM y el litio en SQM.

Cuarto, la misma dependencia externa. En todos estos episodios, las instituciones chilenas han mostrado una incapacidad estructural para imponer consecuencias proporcionales. En Curauma, las irregularidades en la asignación del tribunal y las tasaciones a precios irrisorios nunca fueron corregidas. En Enjoy, la colusión en las licitaciones de casinos sigue sin una sanción ejemplar. En LATAM, los accionistas minoritarios vieron cómo su inversión se redujo a la mínima expresión, sin protección ni en Chile ni en el extranjero. Y en SQM, es la SEC —y no la justicia local— la que hoy lleva el control de la investigación.

El caso Curauma simboliza de manera descarnada el costo de este patrón. En 2013, más de dos mil hectáreas estratégicas en Valparaíso fueron entregadas a precios irrisorios. La asignación irregular del caso al 2º Juzgado Civil de Santiago, la actuación complaciente del síndico y la intervención de Claro & Cía. al servicio de Euroamerica Seguros de Vida culminaron en un despojo que privó a la región de un polo de desarrollo urbano, social y económico de escala nacional. Lo que pudo ser un motor de crecimiento para Valparaíso y la macrozona central quedó atrapado en una operación judicial y financiera diseñada para favorecer a unos pocos acreedores y ejecutivos.

Ese daño no es abstracto. Se tradujo en pérdida de riqueza territorial, en limitación del desarrollo habitacional y logístico de la región, y en un precedente nefasto para la fe pública. A día de hoy, sigue siendo una herida abierta que demanda reparación.

Lo que el caso SQM revela ahora, y lo que Curauma y LATAM ya demostraron, es que Chile no carece de leyes: carece de instituciones capaces de aplicarlas sin ser capturadas. La justicia chilena se ha mostrado incapaz de romper este ciclo. Las causas terminan siempre en los mismos tribunales, los informes los firman los mismos auditores, los alegatos los sostienen los mismos bufetes y las consecuencias reales dependen, una vez más, de reguladores extranjeros.

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