CAPJ: el error como método

La justicia chilena no se quebró de un día para otro. No hubo una crisis puntual ni un escándalo fulminante que la hiciera caer. Se fue diluyendo por dentro, en silencio, a través de la forma más eficiente de captura institucional: el "error". Un error que se repite en causas sensibles, que siempre favorece a los mismos actores, que cae en los mismos tribunales y que es litigado por los mismos estudios jurídicos. Un error que, observado en serie, deja de ser falla para convertirse en método. Método de captura. Estos son algunos de los casos que conocemos:

En 2013, el caso Curauma marcó el inicio de esta lógica. La solicitud de quiebra de una empresa con activos por más de 500 millones de dólares fue presentada en Santiago, pese a que el domicilio legal estaba en Valparaíso. El sistema de distribución judicial la asignó correctamente al 6° Juzgado Civil, pero terminó sorpresivamente en el 2°, sin justificación válida, en manos de la jueza Inelie Durán. Una década más tarde, el Oficio 8AJ N° 1593 de la Corte Suprema reconoció que se trató de un "error del sistema". Pero la quiebra ya se había consumado, el patrimonio fue liquidado y el proyecto de desarrollo urbano que articulaba a Valparaíso con la Región Metropolitana quedó anulado. Entre los beneficiados: Euroamerica Seguros de Vida S.A., bancos, y el conocido estudio jurídico funcional a las ilegalidades de la aseguradora. El "error" fue preciso y sin vuelta atrás, por ahora.

En octubre de 2021, otra fisura: una funcionaria de la CAPJ accedió a un expediente archivado contra el entonces candidato presidencial Gabriel Boric. Lo manipuló desde la intranet del Poder Judicial, insertó un documento difamatorio y trató de borrar sus rastros. Fue formalizada recién en 2023. El sistema no activó alertas. No se registró ninguna intervención técnica. Otro error, sin consecuencias institucionales.

Luego, en 2023, el llamado caso de los "camiones truchos": 66 demandas calcadas fueron ingresadas al 28° Juzgado Civil de Santiago, y resueltas por la jueza subrogante Lilian Lizana, quien ordenó al Registro Civil inscribir camiones armados con piezas usadas, pese a su ilegalidad. El abogado recurrente en todas las causas era pareja de la jueza Lizana. La jueza titular denunció públicamente el patrón, pero no hubo reacción de la CAPJ ni del Poder Judicial. Otro "error", cuidadosamente repetido.

Ese mismo año, en Iquique, una causa de quiebra vinculada a una inmobiliaria local fue desviada —otra vez— al 2° Juzgado Civil de Santiago, cuando correspondía su tramitación en el 17°. El expediente fue validado por el secretario Víctor Bergamín, actuando como juez subrogante, y permitió la remoción del síndico titular para instalar a uno más funcional a los intereses del acreedor. Otro "error" con guión conocido.

En paralelo, LATAM Airlines —tras acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU.— solicitó en Chile el reconocimiento de su reorganización internacional. La causa fue radicada, cómo no, en el 2° Juzgado Civil de Santiago. No se nombró veedor local. No hubo espacio real para la oposición de acreedores minoritarios. El fallo aprobó sin reservas una estructura que benefició abiertamente a los accionistas controladores y dejó subordinados a bonistas e inversionistas chilenos. Mismo tribunal, mismo estudio jurídico, mismo formato, mismo resultado. Otro "error".

No se trata de coincidencias ni de fallas técnicas sin consecuencias. Se repiten los errores, se repiten los juzgados, se repiten los estudios jurídicos. Las causas de mayor sensibilidad —económica, política, estructural— siguen una ruta constante hacia tribunales funcionales, con operadores previsibles y resultados predecibles. La CAPJ administra esa ruta: define subrogancias, controla el algoritmo de distribución, nombra veedores, gestiona licitaciones tecnológicas y lo hace sin fiscalización alguna. 

Los dos allanamientos realizados por la PDI a la CAPJ esta semana son una señal tardía, pero crucial. No se trata de una anomalía, sino de la confirmación de que existe una arquitectura institucional —tecnificada, automatizada y desregulada— diseñada para intervenir procesos clave sin dejar huella. Una maquinaria de captura operando desde la capa administrativa del sistema judicial.

La Corte Suprema ya no puede fingir desconocimiento. El patrón está expuesto. Si no impulsa una reforma de fondo —auditoría informática independiente, trazabilidad pública de causas, revisión retroactiva de expedientes y sanciones reales—, lo que seguirá funcionando no será la justicia, sino su simulacro.

#casocurauma