23 fracasos de un proceso corrupto

El jueves 21 de agosto de 2025 se consumó, otra vez, la farsa. El síndico César Millán Nicolet, con la anuencia del 2º Juzgado Civil de Santiago, intentó por vigésima tercera vez rematar 535 hectáreas urbanas de Curauma. Y por vigésima tercera vez, no hubo oferentes. La reiteración no es anécdota: es el síntoma de un proceso que carga con la sombra de la ilegitimidad.

Veintitrés intentos, veintitrés fracasos. La estadística revela lo que las instituciones no se atreven a reconocer: nadie decente quiere convalidar una operación percibida como corrupta, diseñada por los abogados de Euroamerica Seguros de Vida para beneficio de su cliente, y sostenida por un entramado de organismos de fe pública prevaricadores.

El despojo de Curauma ya no se mide solo en hectáreas ni en cifras millonarias, sino en la erosión de la confianza institucional. Cada remate fallido es una bofetada al discurso de transparencia y seguridad jurídica. Si el mercado rehúye participar, no es por falta de interés inmobiliario, sino porque percibe que los cimientos del proceso son falsos.

Este caso desnuda la fragilidad del Estado de Derecho cuando intereses económicos poderosos logran subordinar al aparato judicial y regulatorio. La función del síndico, que debiera ser garante del interés común, se convierte en la de un ejecutor de designios privados. El tribunal, que debe velar por la justicia material, se limita a dar cobertura formal a una operación cuestionada desde su origen.

Curauma no es solo un conflicto local: es un espejo nacional. ¿Qué mensaje envía a inversionistas, ciudadanos y electores que vean cómo 23 veces se intenta vender un patrimonio bajo sospecha y 23 veces fracasa?

El mensaje es claro: la corrupción institucionalizada repele más que atrae.

#casocurauma

Documento del 2º Juzgado Civil de Santiago del 21 de agosto de 2025.