2º Juzgado Civil en la trama del robo de Curauma

El caso de la quiebra de Curauma S.A., iniciado en diciembre de 2013, ha colocado al 2º Juzgado Civil de Santiago en el centro de un escándalo que sacude la confianza en el sistema judicial chileno. Las acusaciones de manipulación en la asignación del caso y la pérdida de activos valuados en más de 500 millones de dólares han dado lugar al término una narrativa de despojo que resuena en la ciudadanía.

El 19 de diciembre de 2013, Julio Bustamante Jeraldo, exdirector de Curauma S.A., presentó una solicitud de quiebra que fue asignada al 2º Juzgado Civil de Santiago, desafiando las normas de distribución basadas en la carga de trabajo. Con 14.027 casos en el 6º Juzgado frente a los 15.200 del 2º, la probabilidad de esta asignación fue de apenas 0,175% (1,75 en 1.000), un hecho que señala una manipulación deliberada del algoritmo de la CAPJ.

Este no es un caso aislado: los casos de los “camiones truchos”, relacionados con fraudes en importaciones de vehículos, y el reciente escándalo asociado al Presidente Boric han confirmado que el sistema computacional de la CAPJ es un sistema vulnerable a intervenciones de terceros que sugieren intencionalidad. Estas fallas exponen un sistema judicial incapaz de garantizar imparcialidad.

Bajo la jueza Inelie Durán Madina, el 2º Juzgado nombró a César Millán Nicolet como síndico, quien trasladó activos clave de Curauma a Euroamerica Seguros de Vida sin esperar la junta de acreedores, una acción sancionada por conducta temeraria. Este movimiento, que involucró bienes por más de 500 millones de dólares, es considerado como un despojo orquestado. La cancelación del registro de Curauma el 13 de febrero de 2014 (Resolución Exenta N°052, Superintendencia de Valores y Seguros) marcó su fin administrativo, pero las batallas legales persisten hasta mayo de 2025.

En noviembre de 2022, Manuel Cruzat Infante presentó una querella por delitos informáticos, respaldada por los abogados Sabas Chahuán y Jésica Torres, denunciando un “sabotaje informático” en la asignación al 2º Juzgado Civil. La Unidad de Cibercrimen de la PDI sigue investigando, sin resultados definitivos hasta mayo de 2025. La asignación recurrente de casos de alto perfil al 2º Juzgado, como la insolvencia de LATAM en 2020, refuerzan la certeza de un sistema judicial comprometido.

Esta crisis mina la independencia judicial y erosiona la confianza ciudadana. La incapacidad de la CAPJ para proteger su sistema de asignación exige reformas inmediatas para garantizar transparencia, seguridad tecnológica y equidad.

El 2º Juzgado Civil de Santiago es el epicentro de la trama del “robo de Curauma”, un caso marcado por una asignación anómala en 2013 y decisiones que despojaron a la empresa de activos millonarios. Este escándalo no solo reclama justicia para los afectados, sino una reestructuración radical del sistema judicial para restaurar su legitimidad y proteger la confianza de la ciudadanía.

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