El sistema judicial chileno tiene un método para repartir casos entre los juzgados civiles de Santiago. Se supone que es como un sorteo: justo y aleatorio. Pero el 19 de diciembre de 2013, algo falló... La quiebra de Curauma S.A. terminó en el 2° Juzgado Civil, cuando las normas dictaban que debía ir al 6°. ¿Qué pasó? Las reglas del Poder Judicial son claras y tienen 3 pasos: 1) Elegir los juzgados aptos para quiebras (19 de 30 en este caso). 2) Identificar cuál tiene menos casos de quiebras (todos tenían 5, un empate). 3) En caso de empate, asignar el caso al que tenga menos carga total. Aquí viene el dato clave: en 2013, el 6° Juzgado tenía 14.027 causas acumuladas; el 2° llegaba a 15.200. El 6° era el ganador indiscutible. Sin el tercer paso, cada juzgado tendría un 5,26% de probabilidad (1 de 19). Con el tercer paso, el 6° era el único destino lógico, y el 2° no tenía ninguna posibilidad. Y, sin embargo, el caso fue dirigido al 2° Juzgado Civil. Un análisis posterior estimó que esto podría ocurrir por puro azar en solo un 0,175% (1,75 de cada 1.000). ¿Casualidad? Los números dicen que no. Es obvio y evidente que el sorteo fue manipulado. ¿Quién o quiénes lo manipularon? Nosotros lo sabemos y lo hemos denunciado infinitas veces. #casocurauma

Por Santiago Escobar Sepúlveda, abogado y periodista. Publicado por Desenfoque: https://desenfoque.cl/2025/03/12/superintendente-osvaldo-macias-la-opacidad-que-corroe-la-justicia/ Un valor esencial de la democracia es la transparencia. Sobre todo de los actos administrativos, de sus fundamentos y de la responsabilidad pública de quienes los adoptan. Porque ellos dejan caer todo el peso del Estado y su burocracia sobre los hombros de los ciudadanos de a pie. Los actos administrativos transparentes no solo deben existir como norma, sino ejecutarse con precisión y rutinas claras. En Chile, ese control, de legalidad y oportunidad, es apenas un aleatorio en cada servicio. Siempre queda una enorme brecha de incertidumbre legal y decisiones abiertas a la discrecionalidad de los funcionarios, que los expertos llaman zonas grises por su baja visibilidad. Los actos de control de reguladores como la CMF, la Superintendencia de AFP, la SUPERIR, la Fiscalía Nacional Económica, la TGR o la Superintendencia de Pensiones, entre otros, cuando se efectúan, no le producen certeza a las salas judiciales. Solo presentan una feble fe pública ya que nunca certifican decisiones fundadas en la oportunidad y la legalidad de manera coherente. Siempre son flexibles, sin rutinas claras en el tiempo, y muchas veces omisivas, es decir, simplemente no realizadas. Y cada caso es una excepción y los jueces que ven los actos cuando se presentan en juicios, nunca hacen apreciación legal de Esa situación porque es responsabilidad de otro. Así, la responsabilidad pública de los servicios se diluye, convirtiendo en letra muerta la ley y generando los reinos autónomos de la burocracia estatal donde gobierna la discrecionalidad más arbitraria. Un regulador desregulado Tal es el caso del tema previsional, uno de los más angustiantes y críticos problemas del Estado de Chile, que desde la Superintendencia de Pensiones dirige Osvaldo Macías Muñoz, un ingeniero comercial de la Universidad Católica y magíster en Dirección de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Siempre silente, Macías integra el selecto grupo de la alta burocracia estatal que nadie controla. Está desde 2016 al frente de la Superintendencia de Pensiones. Ha pasado por tres gobiernos diferentes, Bachelet, Piñera y ahora Boric. Durante 13 años (2003-2016) fue intendente de seguros en la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), actual CMF. Trabajó en la Superintendencia de AFP en los años 90 del siglo pasado, donde fue jefe de análisis de control financiero (1990-1994) y jefe de la división de estudios (1994-2003) de esa Superintendencia. En esos años la institución era liderada por el abogado Julio Bustamante Jeraldo. Su llegada al cargo actual el año 2016, se produjo luego de la salida de la titular Tamara Agnic, cuestionada por aprobar la fusión de las AFP Cuprum y Argentum, que permitió a la administradora un beneficio tributario cercano a los 80 mil millones de pesos. Con tres décadas en el sector, el opaco Osvaldo Macías se alza como un pilar del sistema, especialmente en sus aspectos financieros. Pero su recelo a la exposición pública no ha impedido que su gestión aparezca empañada por fallas graves, decisiones dudosas y un escándalo reciente vinculado al caso Curauma, que lo expone descarnadamente como uno de los reguladores que, por acción u omisión, declinan sus responsabilidades en favor de quienes deben controlar. Curauma la quiebra que lo desviste Durante su etapa como intendente de seguros en la SVS, entre 2003 y 2016, Macías tuvo bajo su responsabilidad la supervisión de EuroAmerica Seguros de Vida S.A., una aseguradora estrechamente ligada al proyecto inmobiliario Curauma, en Valparaíso. Este desarrollo prometía ser un activo valioso, con terrenos y propiedades que podrían haber sostenido a la compañía. Ilegalmente forzada a la quiebra a pesar de los valiosos activos inmobiliarios que poseía, Curauma colapsó con un resultado devastador: Pequeños inversionistas y acreedores perdieron sus capitales, mientras que subastas poco transparentes ejecutadas con participación de EuroAmerica permitieron que unos pocos se beneficiaran a costa de los demás. Años después, luego de una investigación acuciosa, en una carta fechada el 3 de febrero de 2025 y firmada por Esteban Rodríguez, ejecutivo de Curauma, este acusa a Osvaldo Macías directamente de una grave actuación en esa debacle. En 2017, Esteban Rodríguez, amparado en la Ley de Transparencia, exigió conocer las inversiones de las AFP entre 2002 y 2016 y pidió el “ balance diario, flujo de caja, estado de variación del patrimonio” . Macias se negó rotundamente, argumentando que divulgar esa información dañaría a los afiliados. Ese argumento fue defendido entre otros por el exministro Alejandro Ferreiro, ex superintendente de AFP y jefe de Macías, cuando Ferreiro fue titular de la SVS. Sin embargo, la Corte de Apelaciones desestimó el argumento haciéndole presente que a la Superintendencia no le correspondía “reclamar a nombre de terceros privados” y le ordenó entregar los datos, lo que le generó a Macías un fuerte daño de credibilidad. En sus argumentos, además, este infló los costos de la solicitud —habló de 1500 horas hombre necesarias para proveer la información cuando solo se requirió de 70 – y no escatimó recursos para defender a las AFP, las que percibiendo sus problemas de imagen ni siquiera se molestaron en respaldarlo. El análisis minucioso de la información entregada permitió identificar en la quiebra de Curauma una serie de irregularidades que afectan a afiliados, con daños que no prescriben, y la certeza de que Macías no hizo nada para proteger los activos o evitar el colapso. Nada en absoluto. No hay registros de auditorías, ni de sanciones, ni de un intento serio por salvaguardar el valor de Curauma. Su inacción fue de una pasividad que no tiene justificación, pues si no fue negligencia inexcusable, entonces sería una tolerancia cómplice o corruptiva hacia quienes aprovecharon el caos. Así, Curauma no sería un traspié en su carrera sino la evidencia contundente de que por razones indeterminadas Macías no cumplió su responsabilidad pública. Ello evidenciaría, además, la existencia seriada de actos ilegales y omisiones para apropiarse de los bienes de Curauma. Con su cercanía a la DC y una evidente alianza con la ministra Jeannette Jara, Macías no tuvo empacho durante el debate sobre la reforma previsional de sostener un discurso de oportunidad: crítica a las pensiones bajas, mientras que en 2021 descartó el sistema de reparto como “absolutamente inviable”.  Con sigilo y doble juego Macías ha sabido tejer cautelosamente una red de influencias y fuerte favoritismo, pero que, exangüe ya, debiera acabar pronto. El eco en las redes sociales es que la verdad lo acorrala. Mientras tanto, y al menos hasta junio cuando terminaría su período, Macías sigue siendo un enlace importante para reuniones constantes de la Superintendencia de AFP con los líderes de Cuprum, Habitat y la Asociación de AFP.  Tanto así que cercanos a la asociación dicen que “es mucho más un aliado que un adversario, pues no regula, sino que pacta” con quienes debería controlar. Publicado por Desenfoque: https://desenfoque.cl/2025/03/12/superintendente-osvaldo-macias-la-opacidad-que-corroe-la-justicia/

El proceso de quiebra de Curauma S.A., inicialmente presentado como un modelo de reestructuración económica dentro del sistema chileno de insolvencia, se ha transformado en un escándalo que expone las profundas grietas institucionales del país. Lo que prometía ser un ejemplo de transparencia y eficiencia se ha desplomado en un caso marcado por la opacidad y una gestión cuestionable. La Tesorería General de la República (TGR) decretó la quiebra de Curauma S.A., una sociedad cuyo patrimonio, compuesto por terrenos inmobiliarios clave para el desarrollo de Valparaíso, tenía tasaciones que superaban con creces el valor de su pasivo. Este hecho permitía prever razonablemente la recuperación total de la acreencia fiscal, estimada en USD 80 millones. Sin embargo, sin respaldo técnico ni financiero alguno, y sin lógica ni sentido común aparente, la TGR optó por una vía que renunció a esta suma, asestando un golpe devastador al erario nacional. Resulta difícil imaginar que una decisión de tal magnitud —equivalente a desechar una fortuna pública— se tomara sin la dirección o autorización de autoridades superiores, lo que alimenta sospechas de manejos que bordean lo ilícito. El origen de la controversia se remonta a 2013, cuando la TGR, entonces liderada por Sergio Frías Cervantes, rechazó de manera inexplicable un convenio judicial preventivo respaldado por un informe técnico sólido del síndico informante. Este acuerdo habría maximizado los retornos para los 1.600 accionistas y demás acreedores, incluido el Fisco, cuya acreencia representaba el 71,1% del pasivo total de la quiebra a diciembre de ese año. No obstante, por motivos que aún no se esclarecen, la TGR desechó esta alternativa y favoreció un desenlace que únicamente ha beneficiado a Euroamerica Seguros de Vida, controlada por Nicholas Davis y Henry Comber —este último implicado en 2024 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en un caso de colusión vinculado a Enjoy—. Las acusaciones más graves trascienden la simple ineptitud y apuntan a un posible esquema de favoritismo, en el que la TGR habría sido instrumentalizada para privilegiar a Euroamerica, comprometiendo la fe pública y causando un daño significativo al patrimonio estatal. Ante este escenario, la Contraloría General de la República (CGR), con su prestigio en la defensa de la probidad, se erige como la institución idónea para esclarecer los hechos. Como acreedor mayoritario, la TGR asumió la presidencia de la junta de acreedores, consolidando un control que, aunque legal, resulta éticamente controvertido. La actuación de su representante, Cristián Huerta Bustamante, ha sido objeto de escrutinio, reflejado en una denuncia presentada el 6 de diciembre de 2024 ante la CGR (N°W060079-2024) y en una solicitud directa del 4 de marzo de 2025 a la Contralora General, Dorothy Pérez, sobre irregularidades notificadas al Tesorero General. Al 9 de marzo de 2025, estas no han recibido respuesta oficial, lo que refuerza la percepción de una gestión opaca y temeraria, desprovista de sustento técnico o autorizaciones claras. El síndico de quiebra, César Millán Nicolet, cuya cercanía con los controladores de Euroamerica pone en duda su imparcialidad, está bajo la lupa de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR), dirigida por Hugo Sánchez Ramírez. Actualmente, enfrenta una investigación administrativa por presuntas irregularidades financieras y de otra índole en la conducción del proceso. Sin embargo, la fiscalización de oficio iniciada por la SUPERIR el 4 de abril de 2024, destinada a aclarar estas anomalías, permanece estancada tras casi un año, evidenciando una ineficacia que mina la confianza en su rol regulador. Por su parte, la Municipalidad de Valparaíso, encabezada por la alcaldesa Camila Nieto Hernández y su representante Nicolás Guzmán Mora, respaldó un intento de remate del terreno de Curauma a un valor notoriamente subvaluado, agravando el perjuicio a los acreedores. La negativa inicial a entregar información solicitada bajo la Ley de Transparencia, aún no corregida pese a una orden del Consejo para la Transparencia (CPLT), sugiere una posible obstrucción o, en el mejor de los casos, una gestión técnica deficiente. Los veinte intentos fallidos de remate y el avenimiento con Euroamerica han prolongado un proceso que deteriora los activos y afecta especialmente a los acreedores más vulnerables. Este caso pone al descubierto un sistema donde la hegemonía del Fisco y la fragmentación institucional alimentan una desconfianza ciudadana plenamente justificada. En este contexto, la CGR, liderada por Dorothy Pérez, emerge como un faro de esperanza. Su reconocida solvencia y compromiso con la rendición de cuentas la posicionan como la entidad clave para desentrañar este entramado, ofreciendo una vía para restaurar la confianza en las instituciones públicas ante un episodio que exige justicia con urgencia. #casocurauma Marzo de 2025

El desarrollo de Curauma, iniciado en 1996, fue concebido originalmente en la década de 1970 como una ciudad nueva destinada a albergar a 200.000 personas en la Macro Zona Central (MZC), a 15 kilómetros del Área Metropolitana de Valparaíso y a 103 kilómetros de Santiago Centro. Sin embargo, la quiebra ilegal y forzada de Curauma S.A. en diciembre de 2013 marcó un punto de inflexión. La paralización de su expansión hacia el Fundo Las Cenizas —un área destinada a uso urbano, pero deshabitada, de 2.128 hectáreas—, ocurrida desde 2014, representa una interrupción desastrosa en el desarrollo urbano de la región. Este estancamiento, atribuible a corrupción judicial documentada, ha generado un profundo costo social, particularmente para las poblaciones sin acceso a vivienda adecuada en una zona que concentra el 63% de los 19 millones de habitantes de Chile (INE, 2024). La Macro Zona Central, que abarca las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, enfrenta una crisis de vivienda que afecta a 51.434 familias en campamentos, equivalentes al 63% de las 81.643 reportadas a nivel nacional (Fundación Techo, 2024). La expansión de Curauma hacia Las Cenizas podría haber albergado a 40.000 de estas familias —aproximadamente 160.000 personas, asumiendo cuatro integrantes por hogar—, ofreciendo una solución estructural al 78% de las 51.434 familias en campamentos de la región. En lugar de ello, estas familias permanecen en condiciones precarias e indignas, con falta de saneamiento básico, exposición a inclemencias climáticas y ausencia de seguridad estructural, lo que perpetúa ciclos de vulnerabilidad social y afecta el desarrollo integral de sus miembros, especialmente los niños. El costo humano se manifiesta en múltiples dimensiones. Para los menores, la inexistencia de viviendas en Las Cenizas implica la pérdida de entornos estables que faciliten el acceso a la educación y el desarrollo cognitivo, mientras que, en los campamentos, la falta de infraestructura básica agrava las tasas de deserción escolar y limita las oportunidades de aprendizaje. Para los adultos, la ausencia de un hogar en una zona potencialmente urbanizada como Las Cenizas —conectada por la Ruta 68 a Valparaíso y Santiago— condena a la exclusión de empleos estables que un desarrollo urbano podría haber generado, perpetuando la dependencia de economías informales y la precariedad laboral. Para los ancianos, la carencia de vivienda adecuada se traduce en una mayor exposición a enfermedades derivadas de condiciones insalubres, sin acceso a servicios de salud próximos que un núcleo como Las Cenizas podría haber incorporado. La interrupción deliberada del proyecto de Curauma S.A., iniciada por la quiebra ilegal y forzada de 2013 y consolidada por la parálisis de 2014 debido a un sistema judicial cuestionado, frustró el crecimiento de Curauma —que hoy alberga 45.000 habitantes, lejos de su meta de 200.000— y privó a la Macro Zona Central de una herramienta clave para mitigar la segregación socioespacial. Mientras Santiago, con una población de 8,4 millones, sigue absorbiendo el crecimiento demográfico, áreas como Las Cenizas, paralizadas por la corrupción, permanecen como campos baldíos, testigos silenciosos de un potencial humano desaprovechado. Este costo social, reflejado en la persistencia de la marginalidad y la exclusión de miles, subraya las consecuencias de las fallas institucionales en el desarrollo urbano y plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para priorizar el bienestar colectivo frente a intereses particulares. #casocurauma

El sábado 1º de marzo de 2025, Ricardo Blanco Herrera, presidente de la Corte Suprema, presentó la Cuenta Pública del Poder Judicial 2025 con un discurso que pretendió ser una declaración de victoria: tras un 2024 de profundas turbulencias, afirmó que la institución emergió "fortalecida, cohesionada y comprometida". Enumeró medidas frente a "hechos graves", resaltó avances tecnológicos y proyectó metas futuras. Sin embargo, un término esencial quedó excluido de su alocución: "corrupción". En un sistema corroído por una corrupción imperante y rampante, que ha contaminado hasta la asignación misma de las causas judiciales, esa omisión no es un desliz, sino una negación deliberada que desacredita por completo su discurso y revela una incapacidad o renuencia inaceptable para enfrentar la crisis que carcome la justicia. Blanco Herrera reconoció "serios cuestionamientos" y "situaciones que concentraron la atención nacional" en 2024, citando respuestas como la remoción de una ministra por conducta indebida, sumarios administrativos y la destitución de dos magistrados por el Congreso. Mencionó también el cese de Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, sin explicación alguna. Según él, estas acciones robustecieron a la Corte Suprema. Pero al rehusarse a nombrar la corrupción —un flagelo que ha infiltrado el sistema hasta manipular, de manera evidente y comprobada, la distribución de los procesos judiciales—, Blanco no solo esquiva la realidad: la traiciona. No hay en su texto el menor indicio de cómo el Poder Judicial se hundió en tal abismo ni un reconocimiento de las fallas estructurales que, desde su génesis operativa, han posibilitado esta degradación. Semejante evasión no es una mera laguna; es una abdicación de responsabilidad que resulta indefendible ante un mal que ataca el corazón mismo de la justicia. Los logros que Blanco destacó —una reducción de 33 mil causas pendientes en la Corte Suprema, la implementación de leyes para mujeres y menores, el uso de inteligencia artificial en tribunales— son hechos concretos (al menos alguno de ellos), pero se tornan irrelevantes frente a una corrupción que él se niega a identificar y extirpar, y que ha comprometido la imparcialidad desde los cimientos del sistema. Sus propuestas de seguridad, celeridad y transparencia suenan vacías cuando no abordan el vicio que pervierte la asignación de casos, un acto corrupto que deslegitima toda resolución subsiguiente. Al limitarse a hablar de "comportamientos que atenten contra la ley y el estándar ético", Blanco recurre a una ambigüedad intolerable que no confronta la magnitud del problema. Si la justicia está infestada de influencias ilícitas que socavan su esencia fundacional, la eficiencia operativa no es un mérito, sino un velo que encubre la corrupción; y su silencio explícito sobre la corrupción no la mitiga, la apuntala. En el ámbito ético, Blanco Herrera propuso actualizar la normativa interna y discutir el sistema de designación de magistrados, medidas que califica como preventivas. Estas iniciativas son insuficientes y casi irrisorias ante una corrupción sistémica que ha torcido, de manera probada, el reparto de causas y que exige una purga radical, no paliativos. No hay en su discurso un análisis riguroso de las raíces de este deterioro ni una propuesta de envergadura para erradicarlo. Más aún, no se alude en absoluto a la apertura del sistema a auditorías externas o internas, una herramienta imprescindible para comenzar a restaurar la confianza ciudadana que la corrupción ha demolido; esta ausencia no es un descuido, es un rechazo categórico a la rendición de cuentas que el momento demanda. Agrava esta postura la reducción de 17 mil millones de pesos en el presupuesto de 2025, que deja al Poder Judicial sin recursos para suplencias o seguridad informática. Proclamar fortaleza en tales condiciones no es optimismo; es una ficción insostenible. Blanco Herrera culminó con una declaración ambiciosa: "Un Poder Judicial de todos y para todos", respaldado por 1.700 jueces y 12 mil funcionarios. Pero mientras la corrupción permanezca como un mal innombrable y la manipulación de las causas siga siendo una llaga abierta en el núcleo del sistema, esa meta es una quimera.  La ciudadanía no tolerará más discursos vacuos: exige una justicia purificada, no un simulacro que esquive la purga necesaria. Blanco debe entenderlo: su negación no salva al Poder Judicial, lo condena. #casocurauma

Por Santiago Escobar Sepúlveda Desenfoque ( www.desenfoque.cl ) 28 de febrero de 2025 El inicio del año judicial este 1° de marzo inevitablemente enfrentará a la Corte Suprema a la mayor desnudez institucional y ética de su historia. Su ministra vocera María Soledad Melo declaró a fines de diciembre del año pasado: “Ha sido un año duro, a lo mejor el peor que ha tenido que vivir el Poder Judicial y la Corte Suprema en sus más de 200 años de existencia”. Pero poco o nada se espera de la cuenta del presidente de la Corte, el ministro Ricardo Blanco, no solo por su controversial y opaco desempeño, sino porque la situación es de crisis total. Con la notoria ruptura del principio de autoridad colegiada de su funcionamiento y la expulsión de ministros, la CS simula una perfecta representación del mito de la Caverna de Platón:  Encapsulamiento en la administración de una mega institución de 14 mil funcionarios, 8 mil jueces, 3 millones de causas anuales de las cuales 250 mil son apelaciones, los ministros viven de espaldas a la realidad. Condenados a tomar por ciertas todas y cada una de las sombras que les proyecta como verdad su Corporación Administrativa para manejar tanto lo judicial con distribución y vista de causas, como el funcionamiento económico y orgánico de la institución. Ello los pone en la imposibilidad – que no quieren contradecir – de solo conocer lo propio de cada cual y nada más, lo que abre la puerta a la intromisión de operadores externos, intereses privados y la corrupción judicial, en un sistema que prácticamente carece de todo control interno. Los desafíos que hoy debe enfrentar un Poder Judicial en una democracia moderna exceden la capacidad del órgano rector criollo. Así, la administración de justicia se ha vuelto un problema de todo el Estado, incluso de carácter constitucional, pues involucra la tutela de derechos civiles y políticos de la sociedad amenazados de omisión. El tema es cultural y político pues los consensos internos y los propios mecanismos de operación, están obsoletos o definitivamente rotos. Los ejemplos saltan a la vista: el crítico funcionamiento de la Comisión de Ética, la autonomía presupuestaria, los sumarios internos o la gestión de la CAPJ. La indiferencia frente a las orientaciones en materia de seguridad nacional se pone en evidencia en el desalineamiento del PJUD de las normas de ciberseguridad, reincidiendo en su incapacidad de garantizar un adecuado respaldo digital de lo actuado, de manera fiable, continua y no manipulable externamente. El desalineamiento del PJUD con la Ley de Ciberseguridad La ciberseguridad es quizás el aspecto más crítico de la seguridad moderna. Las amenazas que confronta tocan el núcleo vital de la información en los asuntos de Estado, incluidos los financieros y militares. El crimen organizado como uno de sus riesgos es un negocio transnacional que apunta a ese núcleo. Las amenazas territoriales y físicas con aplicación de violencia que llenan el imaginario común de seguridad, antes que amenazas al Estado, son expresión secundaria de ajustes criminales internos, o aspecto operativo del último eslabón de la cadena delictiva. Que lo impactan pero mayormente en su funcionamiento policial y la seguridad ciudadana. El crimen organizado en sus manifestaciones de cibercriminalidad es muchísimo más complejo que eso y apunta a capturar los sistemas decisorios del Estado, no para aniquilarlos sino para controlarlos y transformarlos en células satélites del crimen transnacional. En Chile, la Ley N° 21.663 de Ciberseguridad entró en plena vigencia el 2025. Según su artículo 1°, es el marco normativo al que deben adaptarse todos los organismos del Estado, a fin de “estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad” (incluidos ciertos ciudadanos u organismos particulares) para establecer los requisitos mínimos de prevención, contención, resolución y respuesta a incidentes de ciberseguridad. Con ese fin se creó la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) servicio público descentralizado y especializado, relacionado administrativamente con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para coordinar las acciones ciberseguridad nacional, con facultades normativas, fiscalizadoras y sancionatorias para garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, no todas las instituciones del Estado quedan bajo la acción de la ANCI ni la ley de Ciberseguridad les es obligatoria. Bajo el título de Órganos Autónomos Constitucionales no están sujetos a ella el Senado y la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Ministerio Público, el Servicio Electoral y el Consejo Nacional de Televisión. Mientras las instituciones obligadas por la ley, incluidas muchas privadas, deben implementar medidas para prevenir, reportar y resolver incidentes de ciberseguridad, a las anteriormente mencionadas solo se les pide que consideren y/o adopten políticas similares. Así, un operador de importancia vital como el Poder Judicial que queda exento, si así lo desea de implementar “un sistema de gestión de seguridad de la información, la elaboración de planes de continuidad operacional y ciberseguridad, la realización de revisiones y simulacros periódicos, y la designación de un delegado de ciberseguridad”. para “garantizar la resiliencia y seguridad de los servicios esenciales que prestan”. ¿Las razones? Supuestamente principios de autonomía e independencia, para proteger la información sensible y confidencial que maneja, por la seguridad de las pruebas o la eventual intervención de otro poder del Estado. O sea, todas las razones por las que sí debería estar bajo control de la ANCI. La crisis del PJUD gira en torno a nombramientos, filtraciones de causas, arreglo de salas judiciales entre otras que indican que es incomprensible esa excepción de la Ley, más aún si en el ejercicio de su misión deberá resolver las controversias y juicios que su aplicación suscite, lo que convierte a la excepción en un sinsentido de responsabilidad democrática. En su oportunidad, la CS informó al Congreso Nacional su opinión sobre la ley de ciberseguridad en todas sus versiones sin mayor problema. La moraleja que resulta es que quienes la aprobaron y los que deben juzgar con ella, quedan al margen de cumplirla. La paradoja de la no fiscalización Según la CS, el PJUD tendría sus propios mecanismos de ciberseguridad en su funcionamiento digital, a través del Departamento de Informática dependiente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, CAPJ. Por lo tanto, estaría en condiciones de reportar incidentes de ciberseguridad. Pero no está obligado a hacerlo; y si quisiera, no tiene cómo hacerlo. El PJUD hoy no tiene registros en aspectos digitales clave como por ejemplo archivo de data de la operación del algoritmo de distribución de causas civiles a los tribunales, la que según el ministro Ricardo Blanco manifestó en la cuenta 2024, suman más de 3 millones al año. Simplemente porque borran sus registros periódicamente. Ello genera un problema grave de transparencia, trazabilidad y seguridad en la información judicial, pues no existen registros de incidentes en el tema (logs), ni de accesos autorizados (son casi secretos). Así quedó en evidencia en diciembre de 2024 con una fallida licitación para “generar una auditoria” al algoritmo de distribución de causas. Luego de la fase de preguntas la licitación fue declarada desierta. Nadie hizo propuesta pues sin registros de incidentes o sin claves, nadie serio puede comprometer una auditoría a procedimientos que son arbitrarios. La CAPJ, con los mismos antecedentes, en enero de 2025 realizó un RFI para el algoritmo, lo que implica modelar unas bases de licitación que indican su atraso, a partir de preguntas de posibles proveedores. El sistema requiere una auditoría externa de su sistema digital completo que ponga un punto cero de arranque y permita al PJUD alinearse con la Ley de Ciberseguridad del Estado de Chile, que para el Poder Judicial debiera ser obligatoria. Los problemas señalados ponen a toda la Justicia directamente en el camino de designaciones discrecionales y prácticas arbitrarias o corruptas. Un sistema así es más vulnerable a ciberataques, no solo del crimen organizado sino también de potencias extranjeras, o de una simple cadena natural de incidentes digitales. De todo ello es responsable la CS, de quien depende directamente la CAPJ. Si ha existido un abandono flagrante de sus deberes en esta materia ella es responsable en pleno, y su deber sería rectificar y dotar al PJUD de una infraestructura crítica digital y una administración que evite los fraudes. Pruebas de que estos existen hay suficientes. Más de una vez como eventual delito informático con una manipulación deliberada del sistema de distribución de causas. lo que es de la mayor gravedad para la seguridad nacional. Irregularidades graves y plausibilidad de delito informático Es un albur señalar qué se debería hacer para que la Corte Suprema abandonara la actitud prescindente de sus miembros respecto de la orientación estratégica del PJUD y los niveles de excelencia tecnológica que requiere la justicia como servicio crítico del Estado en el siglo XXI. Porque las irregularidades son tan evidentes, graves y continuas en el tiempo, y las omisiones del máximo tribunal tan persistentes, que ello empuja al pesimismo. Mencionemos algunas. El Caso Curauma (Rol 13.913-2013) por quiebra de Curauma S.A. cuya vista, según detalla una respuesta explicativa de la CAPJ Oficio 8AJ N° 247 de 23 de mayo de 2022, correspondía al Sexto Juzgado Civil de Santiago usando el algoritmo de distribución vigente. Sin embargo, sin lógica ni fundamento, fue asignada al Segundo Juzgado Civil infringiendo los criterios establecidos. De este tribunal el procedimiento adquirió un irregular curso, lleno de infracciones y omisiones sospechosas de organismos de fe pública como la Superintendencia de Quiebras, hoy de Insolvencias y  la Superintendencia de Sociedades actual CMF, y otras. El Caso Latam (Rol 8553-2020), primer procedimiento ingresado en materia de «Insolvencia Transfronteriza». Teóricamente podía ser recibido por cualquier tribunal civil pero, en aplicación del algoritmo según detalla el Oficio antes citado de la CAPJ, debía haberse asignado al 15° Juzgado Civil de Santiago. No fue así, y por arte de magia terminó también en el Segundo Juzgado Civil desde donde salió muy rápido a USA por el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. Otro caso, ciudad de Iquique (Rol 30.634-2011). En este se reportó que en julio de 2023 se deshabilitaron ciertos tribunales de manera arbitraria, incluyendo el 17° Juzgado Civil de Santiago, bajo el argumento de una supuesta sobrecarga administrativa. Ello generó polémica pues contradijo los criterios del algoritmo. Según cifras oficiales del PJUD el 17° Juzgado Civil de Santiago manejó un promedio mensual de 250 causas en 2023, volumen que no justifica su exclusión de la asignación de nuevas causas. En 2022, la CAPJ afirmó que el sistema funcionaba correctamente. En 2024, admitió la pérdida de registros clave. Ello sugiere derechamente encubrimiento o destrucción deliberada de evidencia. Para que no se certifique la falta de trazabilidad, la pérdida de códigos fuente (la CAPJ usa Visual Basic que carece de su código original) que imposibilita auditorías técnicas y podría constituir falsificación por omisión; la evidencia de estadística improbable entre causas como indicio de corrupción activa, y las amplias, diversas y documentadas declaraciones contradictorias de la CAPJ sobre un mismo tema al ministerio público que investiga el tema y lo que le informa a la Corte Suprema. ¿Cree usted que Ricardo Blanco puede explicar y/o dar un giro a esta situación en su cuenta pública del 1 de marzo? Ver columna en: www.desenfoque.cl/2025/02/28/un-poder-judicial-sobrepasado-por-su-crisis/

Este 28 de febrero de 2025, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dio a conocer un fallo que bloquea la venta del Casino Rincónada, generando una alerta crítica para el bono de USD 300 millones de Enjoy S.A. emitido en Estados Unidos. Representando el 62,7% de los pasivos totales de la empresa (345,5 millones de dólares), este instrumento financiero, gestionado por UMB Bank de Kansas City, enfrenta ahora un elevado riesgo de incumplimiento para los inversores internacionales.   La delicada situación financiera de Enjoy, combinada con las controvertidas acciones de su principal accionista, Euroamerica S.A. y su filial Euroamerica Seguros de Vida S.A. –ambas controladas por Nicholas Davis y Henry Comber–, agrava esta amenaza, proyectando incertidumbre sobre la estabilidad del bono y los intereses de sus tenedores. La decisión del TDLC, impulsada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), impide a Enjoy vender Casino Rincónada, un activo clave para reducir su deuda y cumplir su plan de reorganización judicial de 2024. La FNE investiga a Enjoy, Dreams y Marina del Sol por colusión en licitaciones de casinos (2020-2021), con posibles multas de 37 millones de dólares y pérdida de licencias. Este caso resalta las decisiones arriesgadas de Euroamerica S.A. y su filial Euroamerica Seguros de Vida, que ha invertido fondos de rentas vitalicias –destinados a pensionados chilenos– en Enjoy, una empresa con pérdidas y acusaciones legales, mostrando una gestión poco transparente. Euroamerica Seguros de Vida, filial de Euroamerica S.A., administra los ahorros de jubilados a través de rentas vitalicias, pero está envuelta en graves acusaciones de corrupción por su rol en el escandaloso Caso Curauma (2013). Se le imputa haber ejecutado una apropiación fraudulenta de una garantía de Curauma S.A., una empresa con activos tasados en más de 500 millones de dólares, dejando a cientos de accionistas minoritarios en la ruina mientras enriquecía deshonestamente a sus controladores, Nicholas Davis y Henry Comber, en una maniobra que evidencia una falta absoluta de ética y responsabilidad. Además, en 2025, una querella acusa a Euroamerica Seguros de Vida de simular la compra del 55,75% de Clínica Las Condes, evadiendo controles regulatorios. Estas acciones sugieren que Davis y Comber priorizan intereses propios, exponiendo los fondos de pensionados a riesgos innecesarios. Con Henry Comber como ex presidente de Enjoy hasta 2024, la colusión agrava las dudas sobre su liderazgo. Para los inversores del bono, el riesgo es claro: un Enjoy en crisis, con activos bloqueados y un controlador cuestionado, podría no cumplir sus obligaciones, generando pérdidas significativas. La gestión de Euroamerica y sus líderes desafía la confianza en el sistema financiero chileno, afectando a pensionados y mercados internacionales. #casocurauma   /   www.casocurauma.cl

A escasos días del inicio del año judicial 2025, el Caso Curauma emerge como un símbolo desgarrador de los dilemas éticos y las fallas estructurales que corroen nuestras instituciones. Más allá de una mera disputa legal, este episodio encarna la pugna entre poder e integridad, exponiendo cómo la manipulación y la corrupción pueden doblegar los pilares de la justicia hasta reducirlos a escombros.   La quiebra de Curauma S.A.: un relato de vicios y traición   En 2013, Curauma S.A., la inmobiliaria ligada al empresario Manuel Cruzat Infante, fue declarada en quiebra en un proceso que distó de ser justo. Lo que debió ser un trámite transparente devino en un escaparate de corrupción, abuso de poder y maniobras judiciales. Lejos de proteger un proyecto valioso para Valparaíso, el sistema permitió que un entramado de intereses oscuros forzara ilegalmente su colapso, dilapidando un patrimonio de más de 500 millones de dólares y dejando tras de sí un rastro de impunidad y preguntas sin respuesta.   El origen: un convenio saboteado   Todo comenzó con un esfuerzo legítimo de Curauma S.A. por evitar el naufragio. Acosada por dificultades financieras transitorias, la empresa propuso un convenio judicial preventivo con sus acreedores, un mecanismo legal para reestructurar deudas y preservar su viabilidad. Sin embargo, este intento fue frustrado desde el arranque. El árbitro Diego Munita Luco rechazó las propuestas con decisiones dudosas, ignorando procedimientos y actuando con una celeridad sospechosa. Curauma denunció nulidades en sus resoluciones, alegando ilegalidad, pero sus reclamos fueron desechados. Aunque en noviembre de 2013 el 5° Juzgado Civil de Valparaíso reconoció irregularidades y ordenó a Munita corregir el rumbo, el proceso avanzó como si su desenlace ya estuviera escrito.   La mano negra en acción   El traslado del caso a Santiago marcó el punto de no retorno. Julio Bustamante Jeraldo, exsocio de Cruzat, solicitó la quiebra en el 2° Juzgado Civil de Santiago por una supuesta deuda de 90 mil dólares. Según los protocolos del Poder Judicial, el caso debió recaer en el 6° Juzgado Civil, pero terminó en un tribunal cuya asignación desafía toda lógica: la probabilidad estadística era de apenas 1,75 en 1.000, según estimaciones presentadas en querellas posteriores. Este hecho apunta a una manipulación deliberada del sistema de distribución de causas, un sabotaje informático denunciado por Cruzat y empresarios como Jorge Said Yarur como prueba de una “mano negra” enquistada en la justicia chilena.   En el 2° Juzgado, bajo la jueza Inelie Durán Madina, las irregularidades se multiplicaron. Resoluciones de dudosa legalidad allanaron el camino para el síndico César Millán Nicolet, designado con prisa y sin rigor. Millán, quien ni siquiera residía en Chile al asumir, entregó los terrenos más valiosos de Curauma a  Euroamerica Seguros de Vida  —que los tenía como  garantía de un crédito ya pagado con creces , no como acreedor— sin esperar la primera Junta de Acreedores. Este acto, sancionado después por su imprudencia, no solo pisoteó los derechos de los verdaderos acreedores, sino que evidenció un favoritismo descarado hacia intereses privados, facilitando el despojo de un patrimonio millonario.   Los arquitectos del despojo   Euroamerica, respaldada por los abogados Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta de Claro & Cía., fue un actor clave en este atraco. Sus nombres resuenan años después en la insolvencia de LATAM, otro caso que, por “casualidad”, recayó en el mismo 2° Juzgado, sugiriendo una red de influencias que opera al margen de la ley. La entrega de los terrenos de Curauma a Euroamerica, sin transparencia ni competencia, asestó el golpe final a la empresa y dejó a los acreedores menores sin opciones, víctimas de un síndico complaciente y un tribunal permisivo que permitió la evaporación de más de 500 millones de dólares en activos.   A este cuadro se suma la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente, que en 2016 formalizó a Cruzat y otros ejecutivos por una supuesta quiebra fraudulenta, acusándolos de ocultar datos contables entre 2012 y 2013. Las pruebas eran endebles, y el proceso olía más a cortina de humo para legitimar el desmantelamiento de Curauma que a una investigación seria. Mientras Cruzat enfrentaba arraigo y firma mensual, los verdaderos artífices del colapso operaban en las sombras con total impunidad.   Las ruinas de un sueño   El resultado fue devastador: el proyecto inmobiliario de Curauma, una promesa de desarrollo y empleo para Valparaíso, quedó reducido a un terreno baldío tras 20 remates fallidos. Este vasto espacio es hoy un monumento al fracaso de un sistema incapaz de garantizar justicia, donde un sueño colectivo valuado en más de 500 millones de dólares fue aniquilado no por las leyes del mercado, sino por un consorcio de intereses que despreció la legalidad.   El silencio cómplice   Las instituciones colapsaron estrepitosamente. El Poder Judicial, con un sistema de asignación de causas permeable a la manipulación, se reveló como un instrumento al servicio de unos pocos. Síndicos como César Millán Nicolet actuaron más como liquidadores de conveniencia que como custodios imparciales de los intereses colectivos. Acreedores poderosos, respaldados por bufetes como Claro & Cía., se beneficiaron de un proceso viciado que silenció a los pequeños actores. Pero el escándalo va más allá: medios de comunicación, gremios empresariales y el Colegio de Abogados han abrazado un mutismo vergonzoso, al que se suman, con temida discreción, figuras prominentes del quehacer nacional y otros sectores, quienes eligen mirar hacia otro lado antes que cuestionar esta quiebra forzada e ilegal y el robo descomunal de un patrimonio valuado en más de 500 millones de dólares, una pasividad que bordea la complicidad.   Un grito por justicia   La quiebra de Curauma S.A. trasciende la historia de una empresa en apuros: es un espejo de los vicios que minan la confianza en nuestras instituciones. En Chile, la justicia parece un privilegio reservado para quienes tienen el poder y las conexiones para doblegarla. Las querellas de Cruzat y Said, respaldadas por el exfiscal Sabas Chahuán, han buscado desenmascarar este escándalo, pero el silencio del sistema —con causas paralizadas desde 2022— indica que la verdad sigue siendo rehén de los intocables, mientras la prensa y los gremios miran hacia otro lado.   A más de una década de aquel fatídico 2013, el Caso Curauma exige una investigación implacable. No bastan sanciones aisladas ni reformas cosméticas: es imperativo desmantelar las redes de corrupción que perpetraron este atropello y romper el mutismo que lo protege. Porque mientras sigan impunes, la quiebra de Curauma no será un caso aislado, sino el prólogo de un sistema que, lejos de impartir justicia, perpetúa la desigualdad y el abuso. La sociedad chilena merece respuestas, y el año judicial 2025 debe ser el momento de exigirlas, con o sin la voz de quienes prefieren callar. #casocurauma 24 de febrero de 2025

Euroamérica vuelve a jugar con fuego Por Iván Rojas Bravo, Economista El Mostrador, 7 de febrero de 2025 En 2018, cuando la matriz Euroamérica S.A. compró el 100% de los bonos emitidos por CLC y desembolsó US$157,6 millones ¿con qué plata lo hizo? Tras la compra del paquete de acciones que permite el control de la sociedad Clínica Las Condes S.A. (CLC) por parte de Euroamérica S.A. y la sociedad dueña de Clínica Indisa, se han levantado fundadas sospechas de que “algo raro” pasó en dicha transacción. En primer lugar, existía un acuerdo de entendimiento firmado previamente con el Sr. José Valero (médico español, representante de capitales extranjeros) por US$ 60 millones por el 55,75 % de las acciones de CLC, porcentaje que corresponde al que detenta el controlador de CLC, repartido en dos sociedades. Sin embargo, dichas acciones de CLC se vendieron, en partes iguales, a Euroamérica e Indisa. ¿Precio? US$ 40 millones en total (versus US$ 60 millones ofrecidos por el Sr. Valero); US$ 20 millones cada uno. ¿Actuación conjunta? Venta y traspaso se realizaron el mismo día, misma notaría, mismo estudio de abogados asesorando a ambos compradores (Claro y Cía), mismo precio, misma cantidad de acciones, misma forma de pago (US$ 2,5 millones al contado y pagaré por US$ 17,5 millones). El Sr. Valero ha interpuesto una querella en contra de los representantes de CLC, Euroamérica e Indisa. Tanto Indisa como Euroamérica han señalado que son grupos independientes y que no existe acuerdo alguno respecto de la gestión y/o control de CLC. Bajo este argumento, CLC informó a la CMF que ha quedado sin controlador. Un dato adicional es que Euroamérica Seguros de Vida S.A., filial de Euroamérica S.A., ya era titular de algunas acciones de CLC, por lo que la participación accionaria agregada del grupo Euroamérica en CLC es de 28,66 %, siendo el principal grupo accionista. La transacción tiene varias aristas de análisis. La primera es determinar si existe una simulación para evitar el cumplimiento de la Ley 18.045 del Mercado de Valores, es decir, ¿hubo una omisión al mercado sobre la toma de control? ¿Actuaron Euroamérica e Indisa en forma conjunta para, en la praxis, tener el control de CLC? Una segunda arista es determinar si hubo una simulación para eludir el DL211, que fija normas para la libre competencia, y así evitar el visto bueno de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Lo anterior, porque Indisa y CLC operan en un mismo mercado. En efecto, el Art. 49 del DL211 señala que los agentes económicos que proyecten concentrarse deben notificar a la FNE, organismo que debe autorizar la transacción. En lo que resta de esta columna me centraré en un tercer análisis que no se ha comentado, y que considero tanto o más delicado que los anteriores. ¿Cómo fue posible que el controlador de CLC rechazara una mejor oferta por US$ 60 millones, respecto de la cual ya había un acuerdo de entendimiento firmado, y aceptara una de US$ 40 millones? Veamos el contexto. La situación financiera de CLC da cuenta de pérdidas por $ 3.401 millones en 2023, y a septiembre de 2024 registró pérdidas por $ 15.532 millones. Como hecho público y notorio derivado de la compleja situación financiera de CLC, ha habido múltiples conflictos, entre los que destacan procesos administrativos y penales entre administradores, accionistas y médicos que trabajan, o lo hicieron, en dicho establecimiento. En octubre de 2024, la clasificadora de riesgo Humphreys bajó la calificación de riesgo de los bonos de CLC desde BBB + a categoría BBB-.  El 77 % de la deuda financiera de CLC corresponde a bonos emitidos con el público, los cuales suman $ 145.291 millones a septiembre de 2024; esto es, unos US$ 162 millones. El principal acreedor de estos bonos es Euroamérica S.A., con un capital invertido de US$ 95 millones. En resumen, CLC tiene pérdidas, con grave situación operativa, necesidad de recursos financieros y capital de trabajo, y con deuda financiera concentrada esencialmente en un gran acreedor: Euroamérica. La estrategia de recuperar una mala inversión por la vía de tomar posición accionaria no es nueva para Euroamérica. En el caso Enjoy (empresa que hace varios años mostraba evidentes problemas de solvencia), en 2021 Euroamérica S.A. pasó a ser su principal accionista con un 19,7 % de las acciones, tras reconvertir su mala apuesta de deuda en acciones de la compañía, desplazando a los antiguos controladores. ¿Quién asesoró a Euroamérica en esta “movida”? El estudio jurídico Claro y Cía. Ese mismo año hubo un acuerdo con Dreams para una fusión. Posterior a ello, en el primer trimestre de 2022, la filial Euroamérica Seguros de Vida entró a la propiedad de Enjoy y se convirtió en el cuarto mayor accionista. Con ello, el holding Euroamérica llegó a tener el 25,25 % de la propiedad de Enjoy. Después vino la investigación de colusión por parte de la FNE, actualmente vigente. Cabe destacar que Penta siguió los mismos pasos y convirtió su deuda en acciones, llegando a ser el segundo mayor accionista de Enjoy. ¿Dónde está el problema? El Sr. Henry Comber fue presidente de Euroamérica S.A. en 2021, presidente de Euroamérica Seguros de Vida en 2021 y 2022, y presidente de Enjoy en 2021 y 2022. El Sr. Nicholas Davis fue director de Euroamérica Seguros de Vida en 2021 y 2022, y también director de Enjoy en 2021 y 2022. El problema es que Euroamérica Seguros de Vida vende rentas vitalicias y administra recursos provenientes de los ahorros de las pensiones, los cuales deben ser invertidos en instrumentos que respalden adecuadamente la deuda con los pensionados.   Haberse “metido” en la propiedad de una compañía con pérdidas, alto endeudamiento, en un proceso de reorganización judicial, y apostando a eventuales y supuestos mejores resultados, producto de una fusión aún no autorizada, fue imprudente, por decirlo en términos diplomáticos. ¿Exigió alguna explicación la CMF? Nada. ¿Qué explicación se les dio a los pensionados por renta vitalicia de Euroamérica, respecto de la inversión realizada y sobre la investigación sobre colusión? No olvidemos que la investigación por colusión de la FNE sigue en curso, y en caso de que haya importantes sanciones si se comprueba colusión y/o los bonistas realicen acciones legales en Estados Unidos, ¿cuáles serían los efectos colaterales de esta inversión fallida y cómo serían compensados los pensionados? El conflicto de interés de los directores comunes produjo una transferencia de riesgos desde la matriz hasta la filial, que vende rentas vitalicias y que, por ende, forma parte del sistema de pensiones. Dicho conflicto de interés también se desprendería de los millonarios desembolsos que todos los años Euroamérica Seguros de Vida paga a la matriz por concepto de “asesorías financieras”, y que constituyen el principal gasto de administración de la compañía de seguros. En el periodo 2010-2022, Euroamérica Seguros de Vida S.A. ha pagado UF 1.878.916 a la matriz Euroamérica S.A. en asesorías financieras. Este monto equivale a 3,3 veces el capital pagado de la compañía de seguros y escapa a cualquier racionalidad si se considera la escala operativa de la matriz y la compañía de seguros. Volvamos al caso CLC. La pregunta que dejo planteada acá es la siguiente: en 2018, cuando la matriz Euroamérica S.A. compró el 100 % de los bonos emitidos por CLC y desembolsó US$ 157,6 millones… en el fondo, ¿con qué plata lo hizo? El conflicto de interés también quedó manifiesto cuando, a raíz de la disputa con la sociedad Curauma S.A., Euroamérica Seguros de Vida vendió a Euroamérica Administraciones y Proyectos S.A. (Minipyme sin personal contratado) los terrenos en cuestión en 2013 en UF 884.000 y, posteriormente, los recompró en 2019 y 2020 en UF 1.530.000. La diferencia de valor entre la venta y la recompra fue de UF 646.000, es decir, un sobreprecio de 73,08 %. Pérdida para los pensionados a costa de las decisiones de los directores cruzados. La CMF mantuvo silencio sepulcral. Todo, por supuesto, siempre bien vestido desde el punto de vista legal. ¿Quién asesoró jurídicamente dichas transacciones? Las rentas vitalicias constituyen una de las opciones preferidas por las personas a la hora de pensionarse. Forman parte integral, en consecuencia, del sistema global de pensiones. Cualquier conflicto de interés que vaya en desmedro de la sociedad que administra los recursos de las pensiones, le agrega al sistema un riesgo adicional que va más allá del riesgo propio del mercado dado por la volatilidad de las inversiones. Las transacciones que producen riesgo y/o pérdidas innecesarias para los pensionados deben ser analizadas por las autoridades correspondientes, aún cuando en apariencia estén bien vestidas jurídicamente. No sacamos nada con hacer reformas al sistema de pensiones si al mismo sistema le hacen goles de media cancha. Una reflexión final respecto del rol de estudios de abogados en las asesorías a sus clientes. A raíz del caso Hermosilla, entre otros, ha quedado claro que hay un punto de quiebre en la forma de trabajo. Cualquier asesoría y/o gestión jurídica puede ser analizada más allá de cumplir en tiempo y forma con la normativa; si una transacción produce que una de las partes “se haga una pasada” a costa de una transferencia unilateral de riqueza, puede ser objetada y sancionada, con responsabilidad compartida entre cliente y abogado. Ver columna  Euroamérica vuelve a jugar con fuego

Desenfoque, 18-feb-25 www.desenfoque.cl/2025/02/18/17295/ Proceso contra el síndico César Millán Nicolet evidencia las irregularidades en la quiebra de la Inmobiliaria Curauma S.A. Por Santiago Escobar Sepúlveda Cotizaciones impagas a trabajadores, honorarios cobrados en exceso sin autorización a la vista de los acreedores, respuestas insuficientes y fuera de plazo, obligaron a la Superintendencia de Insolvencias (ex de Quiebras), otra vez, a iniciar un proceso sancionatorio contra el abogado que reside entre Chile y España, en este caso por la quiebra de Curauma S.A. El abogado César Millán Nicolet es escurridizo en su perfil. No está clara su real participación en un estudio de abogados en España y en un organismo empresarial con sede en Madrid (ver nota de Desenfoque de fecha 5-dic-2024) (*), pero su estilo de vida parece ser oneroso. Así se desprende de lo consignado en la Resolución Exenta 19343 de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) del 20 de diciembre de 2024, donde el organismo público instruye un procedimiento sancionatorio, contra Millán en el marco de su designación como síndico en la quiebra de la sociedad Curauma S.A., a partir de la resolución declaratoria de quiebra decretada por el 2° Juzgado Civil de Santiago, el año 2013. El proceso de quiebra que tiene más de una década, y en el marco de una fiscalización extraordinaria, empujada por la evidencia pública de irregularidades, la SUPERIR impartió una serie de instrucciones a Millán, relativas al ejercicio de sus funciones. Pero las respuestas, según detalla la superintendencia, estuvieron lejos de ser fluidas y satisfactorias. El 25 de marzo de 2024 “se le instruyó remitir el balance general actualizado, los libros mayores de concurso, la conciliación bancaria de la cuenta corriente de la quiebra junto con su cartola respectiva, y certificados de depósitos por inversiones tomadas en instituciones bancarias”. Millán no cumplió estas instrucciones ni respondió el oficio. El 2 de abril de 2024 ingresó una prórroga para responder y la superintendencia le concedió un plazo de 3 días hábiles. César Millán Nicolet cumplió el plazo, pero “Su respuesta fue considerada insatisfactoria, por no haber dado cabal cumplimiento a lo instruido”, consignó la SUPERIR. Días después, y con los antecedentes disponibles hasta el 31 de marzo de 2024, volvió a ordenarle a Millán entregar antecedentes para conocer detalles de su desempeño. La petición deja al descubierto una serie de irregularidades que perjudican tanto a acreedores como al valor de la empresa fallida y sus accionistas, evidenciando una gestión deficiente y de mero tenedor de poderes, al parecer a satisfacer los intereses de uno de los acreedores privados, EuroAmerica S.A, para quedarse, tras la cadena de irregularidades con parte sustancial del patrimonio inmobiliario de la fallida. Ya en sus primeras actuaciones y antes de la ratificación de su nombramiento por la Primera Junta Ordinaria de Acreedores, decidió fuera de marco legal restituir inmuebles en litigio a esa compañía aseguradora, quien aprovechó la oportunidad para omitirse de una obligación de recompra mediante una transacción entre empresas coaligadas que la ley le prohibía. Las irregularidades detectadas por la SUPERIR Acreencias no retiradas. La superintendencia pidió los balances y libros mayores correspondientes al período entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2023. Paralelamente se detectó que un total de $286.219.219, correspondiente a acreencias no retiradas, aún no habían sido depositadas en las arcas fiscales. Por lo mismo pidió a Millán remitir cartas certificadas a los acreedores que no han retirado sus acreencias “casi todos los comprendidos en el primer reparto, después de siete años”. La superintendencia también pidió al síndico “efectuar una nueva distribución de fondos, entre los acreedores rezagados, atendido el tiempo transcurrido, por falta de notificación legal a los acreedores ni apercibimiento judicial al respecto para su retiro, a fin de reparar el perjuicio ocasionado por referido incumplimiento a la ley concursal”, detalla el oficio de la SUPERIR. En este contexto, el oficio enfatiza que, en un primer reparto de fondos, existió el pago de remuneraciones para los trabajadores de Curauma S.A. Sin embargo, las retenciones por leyes sociales e impuesto a la renta “no fueron emplazadas a las instituciones correspondientes, dentro del plazo legal”. Para eso, se pidió a Millán Nicolet “fotocopia de la documentación que acredite su cumplimiento”. Honorarios en exceso La Superintendencia pide explicaciones sobre el retiro de honorarios que hizo el síndico en exceso por un total de UF $1.038,61 ($39.858.839 aprox.) la autoridad pide que se restituya ese retiro en exceso a la masa de acreedores. También sobre los retiros de honorarios efectuados en 2018, por un total de $30.335.439 se pide a Millán fotocopias de las actas de las juntas de acreedores que autorizan estos pagos. Paralelamente se piden copia del pago de las retenciones de sus honorarios y de las correspondientes al pago de dos acreedores. Además, se le pidió aclarar por qué no ha ocurrido a la fecha la inversión de $47.000.000 destinados para este fin. Por otra parte, también faltan los documentos que conceden una condonación tributaria en 2021. Se le reprochó que tampoco se haya pagado a la sociedad Julio Bustamante y Compañía Limitada, que fue la que pidió la quiebra, las 100 UF correspondientes “Aunque existen fondos suficientes para su restitución”. Cabe hacer notar que Julio Bustamante Jeraldo está querellado civilmente por la fallida, acusado de ser parte activa de la cadena de irregularidades amparadas en la gestión judicial del 2° Juzgado Civil de Santiago, tribunal sindicado por ella de forum shopping mediante la manipulación del algoritmo de distribución de causas del Poder Judicial. El oficio también subraya la necesidad de informar a la SUPERIR la probable “fecha de conclusión de este procedimiento concursal, que data del año 2013”. Cabe hacer notar que con fecha 12 de febrero de 2025 el tribunal decretó la suspensión del remate del inmueble de mayor valor de Curauma por no haberse “notificado por cédula a la totalidad de las partes que componen el presente proceso”. Esta suspensión se agrega a 19 remates anteriores fallidos, que no obtuvieron posturas debido a las irregularidades y conflictos judiciales que conlleva la quiebra, de connotación pública, y pese a que es un paño de alto valor y el que más interesa a Euroamerica Seguros de Vida S.A. Millán tenía un plazo de 10 días hábiles para responder a los requerimientos de la SUPERIR y esta, teniendo en cuenta que no lo hizo, inició el proceso sancionatorio. Junto con la judicialización incluso criminal de la quiebra de Curauma S.A, el proceso constituye un ejemplo aclaratorio meridiano sobre las irregularidades administrativas que se han producido en torno a ellas. Entre otras la dudosa gestión del síndico designado por el 2° Juzgado Civil de Santiago, en su oportunidad. El amigo urólogo de Millán Entre otras cosas, para justificar sus incumplimientos, retrasos y ausencias ante la superintendencia, el abogado César Millán Nicolet ha usado certificados médicos extendidos en España, por un médico ilegal, el chileno Carlos Nazir Diuana. El facultativo que se presenta en su página web como una eminencia de la urología y andrología, fue sorprendido en diciembre del año pasado, por un equipo de prensa de Canal 13, en su consulta en Las Condes, los que iban tras sus pasos por una querella que enfrenta por “ejercicio ilegal de la profesión”. “No me publiquen, no me hagan daño”, dijo ante la presencia de un reportero, asegurando que estaba a la espera de “sus exámenes”. La realidad es que Nazir perdió su licencia para ejercer como médico en Estados Unidos tras cumplir una condena por “lavado de dinero y fraude en salud”. Por promocionar en televisión medicamentos que contenían sustancias reguladas, Nazir pasó unas semanas en la cárcel y debió pagar una multa de un millón de dólares. Su nombre, además, estuvo asociado a un escándalo deportivo en 2013, cuando se descubrió que -desde su puesto en una tienda de puros en Miami-, suministraba recetas de testosterona y otras drogas ilegales, que lograba enmascarar de los controles antidoping para deportistas. “Yo nunca he vendido nada en Estados Unidos, yo daba cursos en el uso de hormonas. Como fui famoso usaban mi nombre para todo”, dijo al equipo de TV. En la época, antes de enfrentar otro escándalo, se fue a España, donde ejerció como médico 10 años. “Tengo título español, pero no ejercí como urólogo sino como médico”. En España hizo amistad con César Millán Nicolet y tal como el abogado, su carrera contiene registros de sanciones y acciones controversiales. Cuando la Seremi de Salud fiscalizó la consulta irregular de Nazir, encontró dosis de testosterona con las que efectuaba tratamientos pero que no tenían registro del Instituto de Salud Pública. La autoridad sanitaria entregó los antecedentes a la fiscalía. En Chile trabajaba con papeles falsos, que lo acreditaban como médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otro certificado falso como titulado de la Universidad de Chile, donde jamás estudió según aseguró la institución. Nazir le proporcionaba como médico español certificados a César Millán, por otitis y estrés laboral, para que justificara sus incumplimientos de funciones. (*) www.desenfoque.cl/2024/12/05/el-misterioso-dueno-de-la-marca-chela/ #casocurauma

Los Padres Fundadores de Estados Unidos entendieron que un poder judicial corrupto no solo desmoronaría la república, sino que la convertiría en un teatro donde la ley se usa para proteger a los poderosos y castigar a los débiles. Sabían que sin controles efectivos, los jueces podrían transformarse en legisladores encubiertos, aplicando la justicia según sus propios intereses o los de quienes supieran influenciarlos. Alexander Hamilton defendió en el "Federalista N° 78" la independencia judicial como un pilar esencial de la república, pero advirtió sobre el riesgo de jueces inamovibles y sin controles. Para evitarlo, la Constitución incluyó el "impeachment" como mecanismo de destitución, aunque hoy es una herramienta inerte. Thomas Jefferson, más radical, llegó a decir que un tribunal sin supervisión se convertiría en un "despotismo de toga", gobernando sin restricciones bajo el disfraz de legalidad. La historia confirmó sus peores temores. En 1804, el juez Samuel Chase fue sometido a juicio político por parcialidad en sus fallos, lo que evidenció que la corrupción no era una hipótesis, sino una realidad latente. James Madison, en el "Federalista N° 10", había advertido que las facciones y los intereses privados podrían capturar cualquier rama del Estado, incluida la judicatura, con consecuencias devastadoras para la democracia. Hoy, esas advertencias no sólo siguen vigentes, sino que se han convertido en realidad en numerosas democracias. En tribunales donde la justicia debería ser ciega, los jueces miran hacia donde les conviene. Los casos avanzan o se dilatan según la influencia del acusado. Los delitos de cuello blanco se disuelven en tecnicismos legales, mientras que los ciudadanos comunes enfrentan todo el peso de un sistema diseñado para protegerse a sí mismo. La crisis no es sólo ética, sino estructural. El juicio político a jueces corruptos es casi inexistente. La rendición de cuentas es un espejismo y la confianza ciudadana en la justicia está en su punto más bajo. En un mundo donde el poder judicial se vende al mejor postor, el Estado de derecho es una farsa y la democracia, una fachada para el ejercicio impune del poder. Los Padres Fundadores diseñaron un sistema para evitar este colapso, pero incluso el mejor diseño institucional fracasa cuando falta voluntad para aplicarlo. Sin castigos ejemplares, sin jueces que teman la corrupción más que la presión política, el poder judicial seguirá siendo lo que Jefferson temía: un gobierno de élites disfrazado de imparcialidad. #casocurauma

El 1º de marzo de 2024, el presidente de la Corte Suprema presentó su cuenta pública con un tono optimista, delineando una serie de compromisos para fortalecer el poder judicial. Entre sus principales promesas destacaron la agilización de los procesos judiciales, el fortalecimiento de la transparencia, la implementación del Plan Estratégico 2021-2025 y el avance en reformas legales clave, como la reforma procesal civil y la modernización del Código Penal. Sin embargo, al evaluar lo que realmente ocurrió durante el año, se hace evidente que esas promesas fueron meros ejercicios retóricos sin correlato en la realidad. Uno de los ejes centrales del discurso de 2024 fue la independencia judicial. Se insistió en que el Poder Judicial debía estar blindado de presiones políticas y económicas, pero los hechos demostraron lo contrario. La destitución de dos jueces de la Corte Suprema, lejos de representar un fortalecimiento institucional, expuso las luchas internas y la falta de transparencia en la gestión del máximo tribunal. No hubo una política clara para garantizar que este tipo de decisiones respondieran a principios de probidad y no a pugnas de poder. Más allá de estos despidos, la politización del sistema judicial siguió siendo un problema estructural. En lugar de consolidar su autonomía, los tribunales se vieron envueltos en decisiones cuestionadas, marcadas por la opacidad y la percepción de influencias externas en sus fallos más relevantes. En paralelo, la gestión administrativa del sistema judicial enfrentó uno de sus momentos más críticos. La corporación responsable de la administración y financiamiento de los tribunales (CAPJ) quedó en entredicho por su falta de eficiencia y capacidad de respuesta. A pesar de las reiteradas promesas de modernización, la realidad evidenció un sistema burocrático, con deficiencias en la asignación de recursos y fallas estructurales en la planificación estratégica. Durante el año, la administración del sistema judicial no solo falló en la implementación de reformas clave, sino que también mostró una alarmante falta de fiscalización interna. Las demoras en la ejecución de proyectos esenciales y la ausencia de medidas concretas para optimizar el uso de los fondos públicos reforzaron la percepción de una gestión ineficaz y poco transparente. El presidente de la Corte Suprema aseguró que una de las prioridades del año sería mejorar la transparencia dentro del Poder Judicial. Sin embargo, el 2024 estuvo marcado por la falta de avances en esta materia. Las decisiones de alto impacto continuaron tomándose en un ambiente de opacidad, sin una rendición de cuentas efectiva. Los casos de corrupción y tráfico de influencias que involucran a jueces, fiscales y abogados no solo persistieron, sino que evidenciaron la permisividad con que opera el sistema judicial. No se aplicaron sanciones ejemplares ni se implementaron mecanismos efectivos de supervisión. Como resultado, la desconfianza en el sistema siguió profundizándose. Otro compromiso clave del discurso de 2024 fue la reducción en los tiempos de tramitación de causas. Se aseguró que los tribunales trabajarían en mejorar la eficiencia, pero la realidad demostró que la congestión judicial se mantuvo sin cambios significativos. Las demoras en los procesos siguen siendo un obstáculo para la ciudadanía, reforzando la percepción de que la justicia chilena opera a dos velocidades: una ágil y eficiente para los poderosos, y otra lenta y burocrática para el resto. El Plan Estratégico 2021-2025, presentado como una hoja de ruta para modernizar el sistema, tampoco logró avances notorios. Su implementación se diluyó en anuncios vagos, sin resultados concretos que impactaran el funcionamiento real de los tribunales. El 2025 como una última oportunidad Con este balance, el 2025 se presenta como una oportunidad para corregir el rumbo. La Corte Suprema tiene la posibilidad de abandonar la retórica vacía y comprometerse con cambios tangibles. Esto implica no solo reconocer los fracasos del último año, sino también adoptar medidas concretas: • Reformas profundas en los mecanismos de nombramiento, supervisión y remoción de jueces. • Implementación efectiva de sanciones ante actos de corrupción y tráfico de influencias. • Un compromiso real con la transparencia, que incluya la publicación de criterios claros en la toma de decisiones judiciales. • Una reestructuración del sistema procesal que permita reducir la carga de trabajo y los tiempos de tramitación de causas. • Una reforma urgente en la administración judicial, con auditorías externas y cambios en su estructura directiva para garantizar eficiencia y transparencia en la gestión de recursos. • La implementación efectiva de tecnología en la administración de justicia, con un sistema digital confiable para la distribución de causas y la trazabilidad de fallos. • La creación de un registro unificado de procesos judiciales para garantizar transparencia en la toma de decisiones y evitar manipulaciones en la asignación de causas. Si la Corte Suprema sigue aferrada a discursos complacientes y medidas cosméticas, la desconfianza en la justicia chilena se tornará irreversible. Chile no necesita más promesas incumplidas; necesita reformas reales y urgentes. La cuenta pública de 2025 no puede ser una repetición de lo que ya se dijo en 2024. #casocurauma