Curauma: un despojo a la vista de todos

A escasos días del inicio del año judicial 2025, el Caso Curauma emerge como un símbolo desgarrador de los dilemas éticos y las fallas estructurales que corroen nuestras instituciones. Más allá de una mera disputa legal, este episodio encarna la pugna entre poder e integridad, exponiendo cómo la manipulación y la corrupción pueden doblegar los pilares de la justicia hasta reducirlos a escombros.

La quiebra de Curauma S.A.: un relato de vicios y traición

En 2013, Curauma S.A., la inmobiliaria ligada al empresario Manuel Cruzat Infante, fue declarada en quiebra en un proceso que distó de ser justo. Lo que debió ser un trámite transparente devino en un escaparate de corrupción, abuso de poder y maniobras judiciales. Lejos de proteger un proyecto valioso para Valparaíso, el sistema permitió que un entramado de intereses oscuros forzara ilegalmente su colapso, dilapidando un patrimonio de más de 500 millones de dólares y dejando tras de sí un rastro de impunidad y preguntas sin respuesta.

El origen: un convenio saboteado

Todo comenzó con un esfuerzo legítimo de Curauma S.A. por evitar el naufragio. Acosada por dificultades financieras transitorias, la empresa propuso un convenio judicial preventivo con sus acreedores, un mecanismo legal para reestructurar deudas y preservar su viabilidad. Sin embargo, este intento fue frustrado desde el arranque. El árbitro Diego Munita Luco rechazó las propuestas con decisiones dudosas, ignorando procedimientos y actuando con una celeridad sospechosa. Curauma denunció nulidades en sus resoluciones, alegando ilegalidad, pero sus reclamos fueron desechados. Aunque en noviembre de 2013 el 5° Juzgado Civil de Valparaíso reconoció irregularidades y ordenó a Munita corregir el rumbo, el proceso avanzó como si su desenlace ya estuviera escrito.

La mano negra en acción

El traslado del caso a Santiago marcó el punto de no retorno. Julio Bustamante Jeraldo, exsocio de Cruzat, solicitó la quiebra en el 2° Juzgado Civil de Santiago por una supuesta deuda de 90 mil dólares. Según los protocolos del Poder Judicial, el caso debió recaer en el 6° Juzgado Civil, pero terminó en un tribunal cuya asignación desafía toda lógica: la probabilidad estadística era de apenas 1,75 en 1.000, según estimaciones presentadas en querellas posteriores. Este hecho apunta a una manipulación deliberada del sistema de distribución de causas, un sabotaje informático denunciado por Cruzat y empresarios como Jorge Said Yarur como prueba de una “mano negra” enquistada en la justicia chilena.

En el 2° Juzgado, bajo la jueza Inelie Durán Madina, las irregularidades se multiplicaron. Resoluciones de dudosa legalidad allanaron el camino para el síndico César Millán Nicolet, designado con prisa y sin rigor. Millán, quien ni siquiera residía en Chile al asumir, entregó los terrenos más valiosos de Curauma a Euroamerica Seguros de Vida —que los tenía como garantía de un crédito ya pagado con creces, no como acreedor— sin esperar la primera Junta de Acreedores. Este acto, sancionado después por su imprudencia, no solo pisoteó los derechos de los verdaderos acreedores, sino que evidenció un favoritismo descarado hacia intereses privados, facilitando el despojo de un patrimonio millonario.

Los arquitectos del despojo

Euroamerica, respaldada por los abogados Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta de Claro & Cía., fue un actor clave en este atraco. Sus nombres resuenan años después en la insolvencia de LATAM, otro caso que, por “casualidad”, recayó en el mismo 2° Juzgado, sugiriendo una red de influencias que opera al margen de la ley. La entrega de los terrenos de Curauma a Euroamerica, sin transparencia ni competencia, asestó el golpe final a la empresa y dejó a los acreedores menores sin opciones, víctimas de un síndico complaciente y un tribunal permisivo que permitió la evaporación de más de 500 millones de dólares en activos.

A este cuadro se suma la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente, que en 2016 formalizó a Cruzat y otros ejecutivos por una supuesta quiebra fraudulenta, acusándolos de ocultar datos contables entre 2012 y 2013. Las pruebas eran endebles, y el proceso olía más a cortina de humo para legitimar el desmantelamiento de Curauma que a una investigación seria. Mientras Cruzat enfrentaba arraigo y firma mensual, los verdaderos artífices del colapso operaban en las sombras con total impunidad.

Las ruinas de un sueño

El resultado fue devastador: el proyecto inmobiliario de Curauma, una promesa de desarrollo y empleo para Valparaíso, quedó reducido a un terreno baldío tras 20 remates fallidos. Este vasto espacio es hoy un monumento al fracaso de un sistema incapaz de garantizar justicia, donde un sueño colectivo valuado en más de 500 millones de dólares fue aniquilado no por las leyes del mercado, sino por un consorcio de intereses que despreció la legalidad.

El silencio cómplice

Las instituciones colapsaron estrepitosamente. El Poder Judicial, con un sistema de asignación de causas permeable a la manipulación, se reveló como un instrumento al servicio de unos pocos. Síndicos como César Millán Nicolet actuaron más como liquidadores de conveniencia que como custodios imparciales de los intereses colectivos. Acreedores poderosos, respaldados por bufetes como Claro & Cía., se beneficiaron de un proceso viciado que silenció a los pequeños actores. Pero el escándalo va más allá: medios de comunicación, gremios empresariales y el Colegio de Abogados han abrazado un mutismo vergonzoso, al que se suman, con temida discreción, figuras prominentes del quehacer nacional y otros sectores, quienes eligen mirar hacia otro lado antes que cuestionar esta quiebra forzada e ilegal y el robo descomunal de un patrimonio valuado en más de 500 millones de dólares, una pasividad que bordea la complicidad.

Un grito por justicia

La quiebra de Curauma S.A. trasciende la historia de una empresa en apuros: es un espejo de los vicios que minan la confianza en nuestras instituciones. En Chile, la justicia parece un privilegio reservado para quienes tienen el poder y las conexiones para doblegarla. Las querellas de Cruzat y Said, respaldadas por el exfiscal Sabas Chahuán, han buscado desenmascarar este escándalo, pero el silencio del sistema —con causas paralizadas desde 2022— indica que la verdad sigue siendo rehén de los intocables, mientras la prensa y los gremios miran hacia otro lado.

A más de una década de aquel fatídico 2013, el Caso Curauma exige una investigación implacable. No bastan sanciones aisladas ni reformas cosméticas: es imperativo desmantelar las redes de corrupción que perpetraron este atropello y romper el mutismo que lo protege. Porque mientras sigan impunes, la quiebra de Curauma no será un caso aislado, sino el prólogo de un sistema que, lejos de impartir justicia, perpetúa la desigualdad y el abuso. La sociedad chilena merece respuestas, y el año judicial 2025 debe ser el momento de exigirlas, con o sin la voz de quienes prefieren callar. #casocurauma

24 de febrero de 2025