Por Santiago Escobar Sepúlveda Desenfoque 4 de abril de 2025 La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) de Chile, a través de su Departamento de Infraestructura y Mantenimiento , se alza como un coloso inversionista inmobiliario en el país. Gestiona y licita miles de millones de pesos en arriendos, construcción y mantenimiento de la infraestructura judicial, desde juzgados rurales hasta los grandes centros de justicia. Mobiliario incluidos. Oficialmente todo está en orden y legalidad: presupuestos asignados, licitaciones realizadas, edificios construidos, obras recepcionadas, oficinas funcionando. Pero al simple rasguño, muchas construcciones se muestran deficientes y las cifras oficiales se descuadran, emergiendo indicios de un pozo sin fondo en el cual las platas públicas se transforman en agua. Por un entramado brumoso, eventualmente perforado de corrupción y lavado de dinero. Por ello parece necesario ver para creer, y no basta con los resúmenes de inversión, sino que se debe romper el hielo y buscar las cifras reales a través de datos desagregados y auditados, que al parecer nadie quiere mostrar. Las cifras oficiales Según la Dirección de Presupuestos (DIPRES), el Poder Judicial recibió el año 2023 $413.562 millones, y $589.843 millones en 2024. De este monto, la CAPJ destina una parte no especificada a infraestructura y mantención. Un par de ejemplos concretos dan pistas: el Centro de Justicia de Chillán costó $25.230 millones (inaugurado en 2023), el de La Serena $18.000 millones (certificado LEED Platino en 2021), y el de Tomé unos $3.500 millones, según memorias oficiales. Si extrapolamos esos valores a los 300 tribunales del país (aproximadamente), el gasto anual en infraestructura podría rondar los $100.000 millones oficialmente reportados, asumiendo un promedio de $333 millones por tribunal en mantenimiento y nuevas construcciones por año. Pero estas cifras son un espejismo. El Consejo Superior de la CAPJ alertó en 2023 que el presupuesto de 2024 era insuficiente para nuevos proyectos, lo que implica que los $589.843 millones no cubren ni las necesidades básicas. Si el dinero no alcanza, ¿dónde está el financiamiento complementario o el déficit? La falta de desglose público sobre cuánto se gasta realmente en cada centro de justicia —desde el Juzgado de Letras de Chaitén hasta el mastodonte de Santiago— es el primer indicio de que las cifras oficiales no tienen un grado suficiente de veracidad y transparencia. Las cifras reales Para encontrar números reales, hay que recurrir a estimaciones, la mayoría basadas en escándalos, filtraciones y análisis críticos, y no en la transparencia del Poder Judicial. Entre 2000 y 2019, tras las reformas penal y de familia, la CAPJ manejó una “bolsa de inversiones” estimada en $300.000 millones para infraestructura, según el diario El Mostrador. Solo entre 2010 y 2015, la constructora COSAL, que dominó el 83% de las licitaciones en 2011, habría contabilizado unos $150.000 millones, calculados a partir de contratos reportados y su capacidad para capturar contratos con la CAPJ en el período. El Centro de Justicia de Iquique, con un costo inicial de $20.000 millones, vio su precio final inflarse con reparaciones y litigios hasta posiblemente $40.000 millones, sin que se rindieran cuentas claras. En total, el gasto real en la infraestructura judicial en la última década podría superar los $600.000 millones anuales, triplicando las asignaciones oficiales visibles, si sumamos sobrecostos, proyectos paralizados y contratos opacos. El abismo de la corrupción y el lavado La hipótesis de que el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento pudiera haber sido capturado por terceros como un núcleo de corrupción y lavado de dinero aparece plausible, tanto por la debilidad de los sistemas de control en el Poder Judicial como por un análisis de los flujos. COSAL, por ejemplo, recibió $150.000 millones en cinco años, pero sus obras —como el centro de Iquique— fueron un desastre estructural. ¿Se pagó por trabajos no realizados o inflados, la constructora construyó por debajo de las exigencias técnicas aprovechando la falta de control, se han auditado las denuncias de desperfectos o fallas en lo construido? Poco o nada se sabe. Por otro lado, el modelo de “arrendamiento con opción a compra” permitió a la CAPJ desembolsar cientos de millones en infraestructura previo a adquirir edificios defectuosos y probados en sus fallas, un esquema perfecto para transferir fondos a privados sin rendición de cuentas. El Contralor Ramiro Mendoza lo dijo claro en 2011: la fiscalización de la CAPJ no es competencia de la Contraloría General de la República, dejando todo en manos de la Corte Suprema, la que se sabe carece de herramientas para auditar estos montos. Y tampoco se preocupa por remediarlo. Un reciente escándalo judicial con 65 camiones hechizos y “legalizados” por el 28º Juzgado Civil de Santiago, presumiblemente con nexos al crimen organizado según TV13, dejó en evidencia que, si la forma como la CAPJ administra los tribunales y la distribución de causas permite blanquear bienes ilícitos, ¿qué impide que sus propios contratos no sean una vía para lavar dinero negro de proveniencia pública? ¿Sobre todo si falla el control del superior jerárquico? Un cálculo especulativo pero plausible indica que si el 20% de los $600.000 millones anuales estimados de gasto se desviara a través de licitaciones amañadas o pagos ficticios, estaríamos hablando de $120.000 millones anuales para financiar redes criminales o bolsillos privados, bajo la nariz del Estado. La desigualdad silenciosa Mientras el Centro de Justicia de Santiago con un costo estimado de $80.000 millones en su construcción inicial (sin contar ampliaciones ni mobiliario) brilla como emblema, tribunales rurales como el de Cochamó operan con menos de $50 millones anuales, según estimaciones locales basadas en mantenimiento básico. Esta brecha no es casual. El dinero para absorber debe concentrarse en volúmenes altos y proyectos visibles a los que acceden contratistas privilegiados. Eso deja a la justicia de provincias o de localidades menores en la miseria. Para romper el hielo que congela la transparencia Las cifras oficiales —$589.843 millones en 2024— son casi un engaño por omisión. Las reales y plausibles, a partir de los escombros de escándalos y contratos brumosos podrían superar los $600.000 millones anuales. Ello da en 10 años, para no ir muy atrás, cientos de miles de millones extraviados en un sistema sin control. El Departamento de Infraestructura y Mantenimiento no solo falla en construir para la justicia: también eventualmente podría ser una lavandería de fondos públicos, donde el dinero del Estado se recicla en beneficio de unos pocos. Sin una auditoría externa, sin acceso a los libros contables reales de la CAPJ, ¿seguirá la ciudadanía atrapada en la incómoda postura de tener que creer porque lo dice la autoridad?  ¿Y el resto del Estado esperando que alguien de la CAPJ filtre chats? Las preguntas arden: ¿si la diferencia existe quién se queda con ella o como se financia el déficit? El hielo está roto. Ahora falta una auditoría externa seria e imparcial para que la transparencia traiga certidumbre a la ciudadanía y ayuda a la probidad pública. Versión original en: www.desenfoque.cl/2025/04/04/construccion-y-mantenimiento-las-platitas-de-la-capj/

Inserción publicada en El Mercurio el 6 de abril de 2025 CURAUMA 21° INTENTO DE REMATE DE 535 HECTÁREAS DE FECHA 8 DE ABRIL 2025 Lo hemos dicho y no dejaremos de repetirlo: la quiebra de CURAUMA es uno de los casos más graves de corrupción en Chile. Es nuestro ODEBRECHT , con sello y cómplices locales. Durante más de una década, un manto de silencio ha cubierto este escándalo. Se ha pretendido ocultar intereses no amparados por el sistema legal para evadir las responsabilidades consiguientes. Este silencio es cómplice, deliberado, y señal inequívoca de cuán profundamente ha calado la corrupción en nuestro país. Es también una señal de alarma: el sistema está fallando . Hemos analizado a fondo tres juicios diferentes afectados por resoluciones dictadas por un mismo tribunal, que fue designado mediante manipulación del sistema. ¿Cuántos casos adicionales hay? ¿Qué porcentaje del sistema opera corruptamente? Iremos tras cada uno de los que hayan participado en actos ilegales, hayan sido actores o encubridores, incluso en contra de los que han callado , encubriéndolos. Lo decimos con claridad: el 21° intento de remate del terreno de CURAUMA es un escándalo que alcanzará a todos los que concurrieron a formar parte de este esquema de corrupción. La historia juzgará. Y nosotros también. CURAUMA MANUEL CRUZAT INFANTE

La quiebra de Curauma constituye uno de los episodios más graves de corrupción estructural en la historia reciente de Chile, un caso que, en su magnitud y alcance, puede equipararse al emblemático escándalo de Odebrecht, aunque con características y complicidades intrínsecamente locales. Durante más de una década, el caso Curauma ha sido objeto de un ocultamiento sistemático, un velo de silencio que no solo evidencia la existencia de intereses ajenos al marco normativo, sino que también revela la profundidad con la que la corrupción se ha incrustado en las instituciones del país. Dicho silencio, lejos de ser fortuito, es deliberado y constituye un indicio inequívoco de la erosión de los principios rectores del Estado de derecho. El análisis riguroso de este caso pone de manifiesto una realidad alarmante: el sistema judicial, pilar fundamental de cualquier democracia, ha sido comprometido. La evidencia recabada demuestra que, en al menos tres procesos judiciales distintos, las resoluciones fueron dictadas por un tribunal cuya designación resultó de una manipulación deliberada del sistema. Esta constatación plantea interrogantes ineludibles: ¿cuántos casos adicionales han sido afectados por prácticas similares? ¿Qué proporción del aparato institucional opera bajo lógicas corruptas? La incertidumbre en torno a estas preguntas no solo refleja una falla sistémica, sino que configura un riesgo concreto y generalizado para la ciudadanía chilena. El impacto de esta corrupción trasciende el ámbito de lo abstracto y se proyecta directamente sobre la vida de los individuos. En un contexto donde las instituciones encargadas de garantizar la justicia pueden ser cooptadas para favorecer a actores privilegiados, la vulnerabilidad del ciudadano común se agrava exponencialmente. Desde el trabajador que depende de un fallo equitativo hasta el pequeño empresario que enfrenta un proceso legal, cualquier persona puede convertirse en víctima de una resolución viciada o de un procedimiento amañado. El vigésimo primer intento de remate del terreno de Curauma no es un hecho aislado, sino un ejemplo paradigmático de cómo la corrupción puede socavar derechos fundamentales, como el acceso a la propiedad, la igualdad ante la ley y la confianza en las instituciones públicas. Este escenario plantea un peligro tangible: la posibilidad de que los intereses privados, respaldados por prácticas ilícitas, prevalezcan sobre el bienestar colectivo. Es imperativo, por tanto, adoptar una postura intransigente frente a este fenómeno. La identificación y persecución de los responsables —sean actores directos, encubridores o aquellos que, mediante su omisión, han facilitado la perpetuación de estas prácticas— resulta una tarea ineludible. La quiebra de Curauma no es un caso aislado, sino un síntoma de una patología más amplia que amenaza la integridad del sistema democrático chileno. La ciudadanía, en su conjunto, debe reconocer la magnitud de esta crisis, pues lo que está en juego no es únicamente la resolución de un escándalo particular, sino la preservación de las garantías básicas que sustentan la convivencia social y el ejercicio pleno de los derechos individuales. #casocurauma Abril de 2025

El caso de Curauma S.A., cuya quiebra ilegal y forzada se declaró en 2013, ha sido durante más de una década un símbolo de las grietas que amenazan la integridad del sistema judicial chileno. Lo que comenzó como un proceso concursal ordinario se ha transformado en una madeja de irregularidades que pone en jaque la confianza pública en la administración de justicia. Y hoy, cuando hasta la misma Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) reconoce -por escrito- que no se respetaron los criterios establecidos para la distribución de causas, cabe preguntarse:  ¿qué más pruebas se necesitan para admitir que algo anda profundamente mal?  La historia es clara en sus hechos básicos. La quiebra de Curauma S.A., según los protocolos oficiales de la CAPJ, debía ser asignada al 6º Juzgado Civil de Santiago, conforme a los criterios de distribución vigentes en 2013, basados en la carga de trabajo y la aleatoriedad objetiva. Sin embargo, en un giro inexplicable, la causa fue redirigida al 2º Juzgado Civil de Santiago.  Este desvío no fue un error aislado ni un accidente fortuito: la CAPJ misma ha admitido, en respuestas oficiales emitidas en el marco de investigaciones posteriores, que no se cumplieron sus propios parámetros. En un oficio de mayo de 2022, la entidad reconoció que el tribunal asignado no correspondía según sus reglas. Este reconocimiento, aunque tibio y envuelto en tecnicismos, es una confesión devastadora: el sistema que debía garantizar imparcialidad y transparencia falló, y lo hizo de manera deliberada. La pregunta que surge es obvia: si la CAPJ admite que no se siguieron los criterios establecidos,  ¿por qué seguimos debatiendo si hubo manipulación?  La evidencia está sobre la mesa. La asignación al 2º Juzgado Civil, un tribunal que ha aparecido reiteradamente en casos de alta connotación como la insolvencia transfronteriza de LATAM, no puede ser casualidad. Las probabilidades estadísticas, según peritajes independientes, sitúan la posibilidad de que estas causas recayeran en el mismo juzgado en 0,175%.  Esto no es una anomalía; es un patrón. A esto se suman las irregularidades procesales y de organismos de fé pública que han marcado el caso Curauma desde su origen: desde la sospechosa paralización de un acuerdo de reorganización en Valparaíso hasta la designación exprés de un síndico y la entrega de activos valiosos a Euroamerica Seguros de Vida S.A. en condiciones escandalosas.  Cada paso parece haber sido diseñado para beneficiar a ciertos actores en detrimento de la justicia y los acreedores. Y cuando el empresario Manuel Cruzat Infante y otros afectados, como Jorge Said Yarur en el caso LATAM, han exigido respuestas, se han topado con un muro de evasivas y dilaciones. La CAPJ, requerida en múltiples ocasiones por la Fiscalía y la PDI, tardó seis meses en entregar información parcial sobre el algoritmo de distribución, y aún hoy sus respuestas son insuficientes para esclarecer cómo y quién manipuló el sistema. Si hasta la entidad encargada de la gestión administrativa del Poder Judicial reconoce que se incumplieron las reglas,  ¿qué más se necesita para actuar?  La justicia no puede seguir escondiéndose tras la excusa de “diligencias pendientes” o la falta de acceso a códigos informáticos completos. El caso Curauma no es solo una disputa entre privados; es una prueba de fuego para la credibilidad del sistema judicial chileno. Permitir que esta sombra permanezca sin resolverse es validar un precedente peligroso: que las causas pueden ser dirigidas a tribunales “convenientes” con total impunidad.  Más allá de toda duda razonable, la manipulación en la distribución de la quiebra de Curauma S.A. es un hecho que clama por justicia. No se necesitan más pruebas; se necesita voluntad para enfrentar la verdad y sancionar a los responsables. Porque mientras el Poder Judicial titubee, la fe pública seguirá erosionándose, y con ella, el principio básico de igualdad ante la ley. #casocurauma

El terreno de 535 hectáreas perteneciente a Curauma S.A., en proceso de quiebra forzada y manipulada desde 2013 (2° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-13913-2013), será subastado por vigésima primera vez el 8 de abril de 2025, a las 12:00.   El síndico César Millán Nicolet, en un aviso (adjunto) publicado en El Mercurio (A7) el 29 de marzo de 2025, lo presenta como "libre de gravámenes" y fija un precio base de UF 100.000, apenas el 10% de su valor óptimo, estimado en UF 1.000.000 según criterios de mercado. Sin embargo, esta descripción contrasta con la realidad: el predio enfrenta demandas civiles y querellas penales activas en Chile y el extranjero, impulsadas por los legítimos representantes de Curauma S.A. Que un activo llegue a 21 subastas sugiere una disfunción en el procedimiento judicial, ya sea por un diseño ineficaz o por obstáculos legales no resueltos. La tasación irrisoria refuerza la sospecha de una posible intención de beneficiar a un comprador específico, contraviniendo los principios de equidad y veracidad que deben regir los remates. Este escenario no solo compromete los intereses de las partes, sino que expone a potenciales adquirentes a riesgos jurídicos y financieros significativos. El caso interpela la capacidad del sistema para garantizar resoluciones justas y eficientes. Lejos de ser un ejercicio de justicia, la reiteración y la subvaluación apuntan a una anomalía que requiere escrutinio.   #casocurauma

La mayor irregularidad del síndico César Millán Nicolet, en el contexto de su cercanía con los controladores de Euroamerica Seguros de Vida S.A., Nicholas Davis y Henry Comber, fue la fraudulenta conciliación de octubre de 2014 con Euroamerica, un acto de corrupción que consolidó el saqueo de los activos de Curauma S.A. en favor de la prestamista y aseguradora, y sus cómplices. El 14 de octubre de 2014, se convocó una Junta Extraordinaria de Acreedores para tratar el litigio entre Curauma y Euroamerica. A las 16:30 horas, el síndico Millán Nicolet certificó oficialmente que la junta no podía realizarse por falta de quórum y envió la notificación al tribunal y a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Superir. Sin embargo, minutos después, en una maniobra ilegal, reabrió la junta en secreto y la llevó a cabo con un grupo reducido de asistentes, asegurándose de aprobar una conciliación diseñada exclusivamente para que Euroamerica se quedara con los terrenos de Curauma sin oposición. El acuerdo permitió que Euroamerica mantuviera la propiedad de los terrenos a cambio de un pago simbólico de UF 170.537, una fracción irrisoria del valor real de los activos. Según la contabilidad de Curauma, estos terrenos estaban registrados en UF 2.418.124, mientras que tasaciones externas los valoraban entre UF 5.842.762 y UF 11.845.395. En paralelo, Euroamerica se deshizo de un crédito inflado y fraudulento por UF 1.026.087,63, presentado como lucro cesante y daño emergente, una jugada que había sido impugnada por dos bancos acreedores debido a su evidente falta de fundamento. La Tesorería General de la República, que representaba más del 50% del pasivo de la quiebra, votó a favor de la conciliación sin haber revisado los antecedentes clave, lo que refuerza la sospecha de que existió presión indebida o corrupción en su decisión. Con esta aprobación amañada, el síndico y Euroamerica lograron su objetivo: liquidar cualquier posibilidad de que Curauma recuperara sus activos y consolidar el traspaso ilegal de los terrenos a la aseguradora. La complicidad entre Millán y Nicholas Davis está respaldada por múltiples pruebas. En enero de 2013, el síndico viajó con Davis a Punta del Este en un avión privado de Euroamerica, lo que evidencia una relación estrecha entre ambos. Apenas asumió como síndico en diciembre de 2013, Millán procedió a entregar físicamente los valisoso terrenos de Curauma a Euroamerica, antes incluso de que se realizara la primera junta de acreedores. Euroamerica financió honorarios de abogados, informes jurídicos y peritajes contables diseñados para justificar la quiebra y garantizar que la aseguradora retuviera los terrenos. Además, Euroamerica costeó la defensa ante el Tribunal Constitucional para evitar que se anulara la declaración de quiebra de Curauma, con el respaldo del propio síndico, quien se alineó completamente con los intereses de la aseguradora. En diciembre de 2019 y enero de 2020, Euroamerica revendió los terrenos a su sociedad relacionada Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A. por UF 1.530.000, demostrando que la operación de 2014 fue una farsa orquestada para consolidar su dominio sobre los activos de Curauma. En 2020, la propia aseguradora reconoció en sus estados financieros que el valor razonable de estos terrenos ascendía a UF 3.805.513, evidenciando la magnitud del fraude. Este caso expone un esquema de corrupción y fraude concursal en el que el síndico César Millán Nicolet, en colusión con Nicholas Davis, Henry Comber y Euroamerica Seguros de Vida S.A., manipuló el proceso de quiebra para despojar a Curauma de su patrimonio. La entrega de los terrenos, la junta de acreedores fraudulenta y la conciliación arreglada son pruebas concretas de que el síndico no actuó como un administrador imparcial, sino como un operador al servicio de los intereses de la aseguradora. Esta operación ilegal permitió que Euroamerica se apropiara de terrenos millonarios por una fracción de su valor real, dejando a Curauma S.A. y a sus acreedores sin posibilidad de recuperar sus créditos. La maniobra no solo representa un fraude financiero de proporciones, sino que también confirma la existencia de corrupción en el manejo de la insolvencia empresarial en Chile, con la complicidad de un síndico que traicionó su deber legal para beneficiar a un grupo empresarial con el que mantenía vínculos directos. #CasoCurauma

El Poder Judicial en Chile, diseñado como pilar del estado de derecho, se ha transformado en un foco de corrupción con la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y su Consejo Superior como epicentro. Esta entidad, que debería garantizar eficiencia administrativa, se ha convertido en un emblema de corrupción, manejando enormes fondos para infraestructura sin auditorías externas. Su poder, respaldado por el Consejo Superior —liderado por el presidente de la Corte Suprema y cuatro ministros—, se sostiene en una estrategia de intocabilidad: nadie se atreve a cuestionarlo, y quienes lo intentan enfrentan la amenaza implícita de represalias.   El juez/jueza, como árbitro de lo justo, es la pieza clave del estado de derecho. Pero su autoridad se ve comprometida por un sistema administrativo viciado, supervisado por un Consejo Superior que parece más cómplice que controlador. La CAPJ ha sido señalada y denunciada por irregularidades graves, como la polémica compra de 22 vehículos Lexus en 2024, un caso que involucra a su actual director, Ricardo Guzmán Sanza, y otros altos cargos como Alex Saravia Molina, subdirector suplente, desatando críticas por el despilfarro de recursos públicos. Además, ambos funcionarios públicos enfrentan acusaciones por títulos falsos: Guzmán y Saravia han sido denunciados por ostentar títulos falsos de una inexistente universidad en Bélgica, un escándalo sin precedente que pone en entredicho la idoneidad de quienes lideran la institución. Pese a estar suspendidos por investigaciones, continúan recibiendo sueldos completos, lo que agrava la percepción de impunidad.   Otro flanco oscuro es la relación de la CAPJ con la constructora COSAL, una empresa con más de 40 años de historia, fundada en 1975 por Samuel Levy Benveniste como Constructora Samuel Levy Limitada y refundada en 1982 como Constructora COSAL S.A. Ligada al empresario chileno-israelí Levy, COSAL se consolidó como un actor clave en el rubro de la construcción, ejecutando más de mil proyectos, incluyendo obras emblemáticas como el Estadio Monumental de Colo Colo, la cárcel de Arica, el Centro de Justicia de Iquique. Sus vínculos con el sector público fueron extensos, trabajando para el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Serviu y, particularmente, el Poder Judicial a través de la CAPJ. En 2011, COSAL concentró el 83% de las licitaciones judiciales, un dominio que levantó sospechas de favoritismo y que sugiere una relación privilegiada con la CAPJ, posiblemente facilitada por redes de influencia o acuerdos opacos.   El caso del Centro de Justicia de Iquique es particularmente revelador. Inaugurado con años de retraso y con fallas estructurales graves —como problemas en el sistema eléctrico y filtraciones—, el proyecto llevó a una demanda del Consejo de Defensa del Estado en 2018 contra COSAL, exigiendo $11 mil millones por incumplimientos. La CAPJ, encargada de supervisar la obra, no anticipó ni corrigió estos defectos, dejando en evidencia una gestión laxa que comprometió la seguridad y el erario público. La quiebra de COSAL en 2023, con deudas estimadas en $15 mil millones, cerró un ciclo turbulento: la empresa culpó a la burocracia estatal y sobrecostos, pero su colapso también expuso las fallas sistémicas de la CAPJ en la adjudicación y fiscalización de contratos. Los nexos de COSAL con el grupo Levy, que incluye inversiones en sectores como bienes raíces y tecnología, amplifican las preguntas sobre cómo una constructora con tal alcance pudo operar sin controles efectivos bajo la mirada de la CAPJ.   El Consejo Superior, encargado de velar por la integridad de la CAPJ, ha mostrado una pasividad que raya en la negligencia. Su incapacidad o desinterés por fiscalizar permite que la institución funcione como un feudo, donde el poder se protege a sí mismo. Esta dinámica explica por qué las irregularidades persisten sin consecuencias: el sistema es tan fuerte que desafiarlo implica arriesgarse a un contraataque basado en su red de influencias y conocimientos comprometedores.   La única salida viable es una auditoría externa, auténticamente autónoma e independiente, que exponga la profundidad de la corrupción en la CAPJ y el rol del Consejo Superior en su perpetuación. Sin este paso, cualquier reforma será un espejismo, incapaz de tocar las raíces de un problema que compromete los fondos públicos y la credibilidad institucional. Un Poder Judicial comprometido con la justicia transformaría a Chile al instante. Un país con instituciones transparentes y confiables sería un lugar más equitativo y próspero. #casocurauma

El caso Curauma no es un litigio corporativo común, sino una operación estratégica que expone cómo se captura valor geopolítico en Chile. En 2013, Curauma S.A., con cerca de 2.500 hectáreas en Alto Valparaíso tasadas en más de 500 millones de dólares y una relación deuda-patrimonio de 0.4, fue desmantelada por Euroamerica Seguros de Vida, liderada por Nicholas Davis y Henry Comber, junto a una red de bancos, firmas legales y tribunales. El valor de las tierras no radica solo en su precio, sino en su posición estratégica. Ubicadas junto a la Ruta 68, que une Santiago con Valparaíso —puerto clave para el 90% del comercio exterior chileno—, las hectáreas de Curauma, a 15 kilómetros de Valparaíso y Viña del Mar, controlan la logística terrestre y soportan proyectos como centros logísticos, torres de telecomunicaciones o nodos de datos. En un contexto donde China y EE.UU. rivalizan por el Pacífico, su posesión asegura ventajas geopolíticas —seguridad regional y dominio en cadenas de suministro globales—, permitiendo reestructurar el crecimiento de Valparaíso y negociar con inversores extranjeros o el gobierno iniciativas como corredores logísticos o zonas económicas especiales. Euroamerica estructuró un crédito leonino que Manuel Cruzat Infante logró pagar, pero aun así se desencadenó un despojo coordinado y dirigido: Claro y Cía. diseñó la estrategia legal, el 2° Juzgado Civil de Santiago y el síndico César Millán Nicolet transfirieron las tierras sin junta de acreedores, y el Banco de Chile, Tesorería, Superintendencia de Insolvencia y CMF facilitaron un traspaso a bajo costo. El despojo, sistemático y respaldado por un sistema financiero, político y legal, evidencia que en Chile un activo estratégico se pierde si su controlador no está alineado —ni en valores ni en estrategia— con la red de poder dominante. #casocurauma

¿Y si el Poder Judicial chileno, ese pilar que debería sostener la imparcialidad y la equidad, lleva décadas operando como un casino donde las causas mayores no caen por azar, sino por designios ocultos? La sospecha no es nueva, pero los números y los casos recientes la convierten en una hipótesis (¿o tesis?) que exige ser enfrentada con urgencia. La discrecionalidad en la asignación de causas, especialmente las de alto impacto, podría ser más que una anomalía: un patrón estructural que mina la confianza ciudadana y perpetúa un sistema donde el dinero y el poder barajan las cartas. Tomemos como punto de partida las causas Curauma, LATAM e Iquique, que, según denuncias públicas, terminaron en el 2° Juzgado Civil de Santiago pese a que el algoritmo de distribución aleatoria del Poder Judicial indicaba otros destinos (6°, 15° y 17°). La probabilidad de que esto ocurra por casualidad es de 1 en 9690, según cálculos basados en el número de juzgados disponibles. Es como sacar tres veces seguidas el mismo número en una ruleta con miles de casillas. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Y si esto pasa en casos visibles, ¿qué ocurre con los miles que no llegan a los titulares? No hay estudios que cuantifiquen la frecuencia de estas “anomalías” en Chile a lo largo de los años, pero las señales son inquietantes. Informes como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido sobre la falta de transparencia en el sistema judicial chileno, y académicos como Javier Couso han señalado cómo la politización y las redes de influencia han permeado históricamente las instituciones judiciales. Desde el Régimen Militar hasta hoy, el nombramiento de jueces ha estado bajo el escrutinio de los poderes políticos y económicos, lo que sugiere que la asignación de causas podría ser una extensión de ese control discrecional. Pensemos en los grandes casos de corrupción: SQM, Penta, Caval. ¿Por qué algunos terminan en manos de jueces conocidos por su rapidez para archivar o favorecer a ciertos actores? En 2015, el caso Penta reveló cómo empresas poderosas parecían encontrar siempre “jueces amigos”. No hay prueba definitiva de manipulación sistemática, pero el patrón es demasiado recurrente para ser ignorado. Si un sistema aleatorio puede ser burlado en casos de alto perfil, la probabilidad de que esto sea una práctica arraigada desde hace décadas crece exponencialmente. La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) asegura que su algoritmo es imparcial, pero dice no tener registros (logs), no publica auditorías detalladas ni permite un escrutinio independiente. En países como España o Alemania, los sistemas de asignación están sujetos a controles estrictos y públicos; en Chile, la opacidad reina. Si sumamos a esto la falta de rotación efectiva de jueces en causas sensibles y la influencia de firmas de abogados con conexiones políticas —como los que representan a las partes beneficiadas en los casos mencionados—, el cuadro se torna sombrío. La discrecionalidad no sería una excepción, sino una norma tácita. ¿Cuál es la probabilidad real? La evidencia circunstancial apunta a un sistema donde al menos un 40% o 60% de las causas mayores podrían haber sido dirigidas con intencionalidad en las últimas décadas. Basta ver la pasividad de la Fiscalía y la BRIDEC ante estas denuncias: nadie investiga, nadie rinde cuentas. Es un silencio que huele a complicidad. Es hora de exigir una auditoría independiente del algoritmo de la CAPJ, la publicación de estadísticas detalladas de asignación y una reforma que arranque de raíz cualquier discrecionalidad indebida. #casocurauma

En su artículo  " Litigación abusiva y la mutación de derechos a abusos " , publicado el 23 de marzo de 2025 en la sección de análisis de El Mercurio, Felipe Irarrázabal analiza cómo los derechos pueden devenir en abusos mediante la  sham litigation . Cita el caso de los malls en Valdivia (2022), donde el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sancionó acciones legales infundadas destinadas a bloquear a un competidor, proponiendo aumentar las "costas" como salvaguardia.  Este análisis resulta pertinente para el caso de Curauma S.A., donde EuroAmerica Seguros de Vida, liderada por Nicholas Davis y Henry Comber, ha empleado maniobras similares, con el apoyo de los abogados Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta de Claro y Cía., para apropiarse de terrenos tasados en cientos de millones de dólares. El caso Curauma: abuso procesal Curauma S.A., con activos por 500 millones de dólares, fue declarada en quiebra en 2013 por una deuda de 80 millones de pesos chilenos. La solicitud, presentada en Santiago pese al domicilio legal de Curauma en Valparaíso, vulneró normas procesales, permitiendo a EuroAmerica controlar la liquidación. Mediante tasas de interés superiores a la Tasa Máxima Convencional (TMC) —usura— y una demanda arbitral por 40 millones de dólares, EuroAmerica consolidó su posición en las juntas de acreedores. Los terrenos fueron transferidos a Administraciones y Proyectos EuroAmerica S.A., una sociedad relacionada con mínimo capital, en una operación señalada como maniobra para eludir medidas cautelares. Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta, socios de Claro y Cía., lideraron la estrategia legal de EuroAmerica. Eyzaguirre, experto en litigios y profesor de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Huerta, especializado en quiebras y libre competencia, habrían diseñado un plan que incluyó el traslado del caso a Santiago y múltiples acciones legales carentes de mérito. Estas tácticas, similares a las dilatorias descritas por Irarrázabal, buscaban prolongar el proceso y encarecerlo, permitiendo a EuroAmerica adquirir terrenos tasados en más de 500 millones de dólares por una fracción de su valor, afectando a Curauma S.A., 1.600 accionistas minoritarios, a la TGR y a la Municipalidad de Valparaíso. Nicholas Davis y Henry Comber, controladores de EuroAmerica Seguros de Vida, orquestaron esta operación. Comber, exejecutivo de Citibank con antecedentes de controversias como la fallida fusión Enjoy-Dreams (investigada por colusión), y Davis, su mano derecha, habrían utilizado el sistema judicial para consolidar poder económico, afectando a pensionados cuyos fondos administra EuroAmerica. Conexión con la litigación abusiva El caso Curauma refleja el fenómeno descrito por Irarrázabal: acciones legales como arma para obstaculizar a terceros. A diferencia de Valdivia, aquí se forzó despojó a una empresa de sus valiosos activos mediante una quiebra manipulada. La falta de salvaguardias, como las propuestas por Irarrázabal, y de control ético sobre abogados como Eyzaguirre y Huerta, permitió estas prácticas, evidenciando desigualdades en el acceso a la justicia. El caso Curauma, como advierte Irarrázabal (2025), subraya la necesidad de sancionar la litigación abusiva mediante medidas como mayores "costas" y una supervisión ética más estricta de los abogados. Mientras figuras como Davis y Comber, apoyados por profesionales como Eyzaguirre y Huerta, manipulen el sistema, los derechos seguirán mutando en abusos, erosionando la confianza en la justicia chilena. #casocurauma

El caso de Curauma S.A. no admite dudas: 25 remates fallidos no son un ejercicio de justicia, sino un robo descarado perpetrado con el aval de un sistema judicial que ha perdido toda legitimidad. El 25º remate, programado para el 2 de junio de 2026, no es un hecho aislado, sino la continuación de una trama deliberada para despojar a la empresa de sus activos. El terreno de 535 hectáreas en Curauma, originalmente valuado en más de USD 44 millones, ha sido depreciado artificialmente a USD 7.9 millones tras 20 subastas frustradas. En el contexto de Valparaíso, una región con alta demanda de suelo urbanizable y oferta casi nula, una caída del 80% en su valor en una década carece de lógica económica. Esto no es un accidente: se trata de una manipulación evidente, diseñada para rebajar el precio y beneficiar a actores específicos. Desde 2013, Curauma S.A. contaba con activos superiores a USD 500 millones —destacando el Fundo Las Cenizas, tasado en esa misma cifra y usurpado por Euroamerica Seguros de Vida — frente a una deuda de apenas USD 121 millones, mayormente fiscal (TGR). Con un patrimonio tan robusto, la quiebra resulta injustificable. Las 20 subastas no persiguen satisfacer a los acreedores; son un instrumento calculado para erosionar el valor del activo y rematarlo a precio de saldo. Manuel Cruzat Infante lo respalda con evidencia: delitos informáticos denunciados desde 2013 y un síndico, César Millán Nicolet, señalado como cómplice. Las subastas son una farsa destinada a favorecer a Euroamerica Seguros de Vida y otros involucrados. Este proceso no es justicia: es un atraco planificado que utiliza las subastas como herramienta para saquear a Curauma S.A., con la complicidad de un sistema que lo permite. #casocurauma

El caso Curauma, envuelto en acusaciones de una quiebra forzada y una manipulación judicial para canalizar el proceso a un tribunal específico, plantea un desafío formidable a la integridad institucional de Chile. Las pruebas escritas de interferencia en el sistema informático del Poder Judicial y las preguntas sobre el papel de las entidades públicas en el proyecto inmobiliario de Manuel Cruzat Infante exigen una respuesta contundente. En este terreno movedizo, la Contraloría General de la República (CGR) se erige como una institución de peso, dotada de atribuciones robustas que podrían iluminar los rincones oscuros de este episodio y restaurar la confianza en el sistema. Fortalecida por el artículo 98 de la Constitución y la Ley N° 10.336, la Contraloría General de la República (CGR) ejerce una autoridad excepcional para garantizar la legalidad de los actos administrativos, supervisar el manejo de fondos públicos e iniciar investigaciones de oficio con rigor y autonomía. Sus auditorías especiales, previstas en el artículo 9, constituyen un instrumento quirúrgico para identificar irregularidades o fallas que pudieron haber contribuido a la quiebra ilegal de Curauma. Además, su potestad para evaluar la gestión tecnológica de organismos como la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) le permite indagar las presuntas debilidades que habrían permitido la asignación anómala de la causa, aportando claridad a un proceso bajo escrutinio. La CGR no se inmiscuye en los tribunales ni revoca fallos, pero su influencia trasciende esas limitaciones. Sus dictámenes y hallazgos, rigurosos y objetivos, pueden alimentar investigaciones penales o civiles, mientras que sus recomendaciones tienen el potencial de blindar al Estado contra futuros desvíos. En un momento en que la ciudadanía exige respuestas, la CGR encarna una autoridad técnica y moral capaz de cortar de raíz las dudas sobre la actuación pública en Curauma. Chile merece instituciones que respondan con altura a crisis como esta. La Contraloría, con su historial de independencia y su arsenal legal, está a la altura del reto. Que despliegue su capacidad y deje claro que la legalidad y la probidad no son negociables. El país observa. #casocurauma