El intocable Consejo Superior de la CAPJ

El Poder Judicial en Chile, diseñado como pilar del estado de derecho, se ha transformado en un foco de corrupción con la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y su Consejo Superior como epicentro. Esta entidad, que debería garantizar eficiencia administrativa, se ha convertido en un emblema de corrupción, manejando enormes fondos para infraestructura sin auditorías externas. Su poder, respaldado por el Consejo Superior —liderado por el presidente de la Corte Suprema y cuatro ministros—, se sostiene en una estrategia de intocabilidad: nadie se atreve a cuestionarlo, y quienes lo intentan enfrentan la amenaza implícita de represalias.

El juez/jueza, como árbitro de lo justo, es la pieza clave del estado de derecho. Pero su autoridad se ve comprometida por un sistema administrativo viciado, supervisado por un Consejo Superior que parece más cómplice que controlador. La CAPJ ha sido señalada y denunciada por irregularidades graves, como la polémica compra de 22 vehículos Lexus en 2024, un caso que involucra a su actual director, Ricardo Guzmán Sanza, y otros altos cargos como Alex Saravia Molina, subdirector suplente, desatando críticas por el despilfarro de recursos públicos. Además, ambos funcionarios públicos enfrentan acusaciones por títulos falsos: Guzmán y Saravia han sido denunciados por ostentar títulos falsos de una inexistente universidad en Bélgica, un escándalo sin precedente que pone en entredicho la idoneidad de quienes lideran la institución. Pese a estar suspendidos por investigaciones, continúan recibiendo sueldos completos, lo que agrava la percepción de impunidad.

Otro flanco oscuro es la relación de la CAPJ con la constructora COSAL, una empresa con más de 40 años de historia, fundada en 1975 por Samuel Levy Benveniste como Constructora Samuel Levy Limitada y refundada en 1982 como Constructora COSAL S.A. Ligada al empresario chileno-israelí Levy, COSAL se consolidó como un actor clave en el rubro de la construcción, ejecutando más de mil proyectos, incluyendo obras emblemáticas como el Estadio Monumental de Colo Colo, la cárcel de Arica, el Centro de Justicia de Iquique. Sus vínculos con el sector público fueron extensos, trabajando para el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Serviu y, particularmente, el Poder Judicial a través de la CAPJ. En 2011, COSAL concentró el 83% de las licitaciones judiciales, un dominio que levantó sospechas de favoritismo y que sugiere una relación privilegiada con la CAPJ, posiblemente facilitada por redes de influencia o acuerdos opacos.

El caso del Centro de Justicia de Iquique es particularmente revelador. Inaugurado con años de retraso y con fallas estructurales graves —como problemas en el sistema eléctrico y filtraciones—, el proyecto llevó a una demanda del Consejo de Defensa del Estado en 2018 contra COSAL, exigiendo $11 mil millones por incumplimientos. La CAPJ, encargada de supervisar la obra, no anticipó ni corrigió estos defectos, dejando en evidencia una gestión laxa que comprometió la seguridad y el erario público. La quiebra de COSAL en 2023, con deudas estimadas en $15 mil millones, cerró un ciclo turbulento: la empresa culpó a la burocracia estatal y sobrecostos, pero su colapso también expuso las fallas sistémicas de la CAPJ en la adjudicación y fiscalización de contratos. Los nexos de COSAL con el grupo Levy, que incluye inversiones en sectores como bienes raíces y tecnología, amplifican las preguntas sobre cómo una constructora con tal alcance pudo operar sin controles efectivos bajo la mirada de la CAPJ.

El Consejo Superior, encargado de velar por la integridad de la CAPJ, ha mostrado una pasividad que raya en la negligencia. Su incapacidad o desinterés por fiscalizar permite que la institución funcione como un feudo, donde el poder se protege a sí mismo. Esta dinámica explica por qué las irregularidades persisten sin consecuencias: el sistema es tan fuerte que desafiarlo implica arriesgarse a un contraataque basado en su red de influencias y conocimientos comprometedores.

La única salida viable es una auditoría externa, auténticamente autónoma e independiente, que exponga la profundidad de la corrupción en la CAPJ y el rol del Consejo Superior en su perpetuación. Sin este paso, cualquier reforma será un espejismo, incapaz de tocar las raíces de un problema que compromete los fondos públicos y la credibilidad institucional. Un Poder Judicial comprometido con la justicia transformaría a Chile al instante. Un país con instituciones transparentes y confiables sería un lugar más equitativo y próspero.

#casocurauma