Tú puedes ser el próximo

La quiebra de Curauma constituye uno de los episodios más graves de corrupción estructural en la historia reciente de Chile, un caso que, en su magnitud y alcance, puede equipararse al emblemático escándalo de Odebrecht, aunque con características y complicidades intrínsecamente locales.

Durante más de una década, el caso Curauma ha sido objeto de un ocultamiento sistemático, un velo de silencio que no solo evidencia la existencia de intereses ajenos al marco normativo, sino que también revela la profundidad con la que la corrupción se ha incrustado en las instituciones del país. Dicho silencio, lejos de ser fortuito, es deliberado y constituye un indicio inequívoco de la erosión de los principios rectores del Estado de derecho.

El análisis riguroso de este caso pone de manifiesto una realidad alarmante: el sistema judicial, pilar fundamental de cualquier democracia, ha sido comprometido. La evidencia recabada demuestra que, en al menos tres procesos judiciales distintos, las resoluciones fueron dictadas por un tribunal cuya designación resultó de una manipulación deliberada del sistema. Esta constatación plantea interrogantes ineludibles: ¿cuántos casos adicionales han sido afectados por prácticas similares? ¿Qué proporción del aparato institucional opera bajo lógicas corruptas? La incertidumbre en torno a estas preguntas no solo refleja una falla sistémica, sino que configura un riesgo concreto y generalizado para la ciudadanía chilena.

El impacto de esta corrupción trasciende el ámbito de lo abstracto y se proyecta directamente sobre la vida de los individuos. En un contexto donde las instituciones encargadas de garantizar la justicia pueden ser cooptadas para favorecer a actores privilegiados, la vulnerabilidad del ciudadano común se agrava exponencialmente. Desde el trabajador que depende de un fallo equitativo hasta el pequeño empresario que enfrenta un proceso legal, cualquier persona puede convertirse en víctima de una resolución viciada o de un procedimiento amañado.

El vigésimo primer intento de remate del terreno de Curauma no es un hecho aislado, sino un ejemplo paradigmático de cómo la corrupción puede socavar derechos fundamentales, como el acceso a la propiedad, la igualdad ante la ley y la confianza en las instituciones públicas. Este escenario plantea un peligro tangible: la posibilidad de que los intereses privados, respaldados por prácticas ilícitas, prevalezcan sobre el bienestar colectivo.

Es imperativo, por tanto, adoptar una postura intransigente frente a este fenómeno. La identificación y persecución de los responsables —sean actores directos, encubridores o aquellos que, mediante su omisión, han facilitado la perpetuación de estas prácticas— resulta una tarea ineludible. La quiebra de Curauma no es un caso aislado, sino un síntoma de una patología más amplia que amenaza la integridad del sistema democrático chileno.

La ciudadanía, en su conjunto, debe reconocer la magnitud de esta crisis, pues lo que está en juego no es únicamente la resolución de un escándalo particular, sino la preservación de las garantías básicas que sustentan la convivencia social y el ejercicio pleno de los derechos individuales.

#casocurauma

Abril de 2025