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El Caso Curauma y la justicia de Estados Unidos

  • MV
  • 29 dic 2024
  • 3 Min. de lectura

El caso Curauma, una de las muestras más emblemáticas de corrupción empresarial y judicial en Chile, invita a reflexionar sobre qué habría ocurrido si este escándalo se hubiese desarrollado en Estados Unidos, un país con un sistema judicial más robusto y mecanismos de fiscalización más estrictos. La respuesta es clara: el desenlace habría sido radicalmente distinto.


En Estados Unidos, la manipulación judicial que permitió la quiebra fraudulenta de Curauma S.A. y la apropiación de activos tasados en más de 500 millones de dólares habría encontrado barreras insalvables. Instituciones como la Securities and Exchange Commission (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) habrían intervenido de inmediato al detectar señales de irregularidades.


Por ejemplo, una deuda ficticia de 80 millones de pesos (aproximadamente 100.000 dólares), utilizada como justificación para la quiebra, habría sido sometida a auditorías rigurosas antes de avanzar judicialmente. Asimismo, cualquier operación financiera que excediera las tasas de interés permitidas habría activado sanciones inmediatas por parte de la Federal Trade Commission (FTC).


Un sistema judicial a prueba de manipulación


Uno de los aspectos más cuestionados en el caso Curauma fue la manipulación de la distribución de causas, que trasladó el proceso a un tribunal específico en Santiago, lejos del domicilio legal de la empresa en Valparaíso. En Estados Unidos, este tipo de maniobra sería casi imposible debido a:


- Sistemas aleatorios de asignación de casos en los tribunales, que impiden cualquier interferencia discrecional.


- Auditorías automatizadas e independientes, diseñadas para detectar y sancionar irregularidades en el manejo de causas.


Si se detectara manipulación, tanto funcionarios como abogados enfrentarían investigaciones criminales inmediatas y sanciones severas.


Delitos financieros: un caso federal


Las irregularidades del caso Curauma, como la apropiación indebida de bienes inmuebles y la violación de tasas máximas de interés, serían tratadas como delitos federales en Estados Unidos. Organismos como el FBI habrían iniciado investigaciones por fraude financiero, conspiración y corrupción pública, llevando el caso a tribunales federales.


Los responsables clave, como Henry Comber, presidente de Euroamerica Seguros de Vida, y el síndico César Millán Nicolet, habrían enfrentado cargos criminales con penas que podrían superar los 20 años de prisión. Además, las empresas implicadas habrían sido objeto de multas multimillonarias y embargos de activos.


En el sistema estadounidense, los whistleblowers (denunciantes) cuentan con incentivos y protecciones legales esenciales para exponer irregularidades, acelerando investigaciones y fortaleciendo acciones legales. Cabe destacar que en Chile, la FNE ha adoptado un enfoque similar en casos como la colusión en casinos, donde Enjoy y su presidente en el momento de los delitos, Henry Comber, están bajo investigación por prácticas anticompetitivas.


En Estados Unidos, un caso como Curauma habría desatado un terremoto mediático, ejerciendo presión sobre las instituciones para actuar con rapidez. Empresas como Euroamerica Seguros de Vida habrían enfrentado:


- Boicots masivos por parte de consumidores.


- Pérdida de reputación, llevándolas al borde de la quiebra.


- Demandas colectivas de accionistas y otras partes afectadas.


El Congreso


El impacto político también habría sido significativo. En casos de alto perfil, el Congreso de Estados Unidos convoca audiencias públicas para investigar las fallas sistémicas y proponer reformas. Este caso podría haber impulsado controles más estrictos sobre la gestión de quiebras y la supervisión judicial.


Si el caso Curauma hubiese ocurrido en Estados Unidos, el sistema judicial habría respondido con contundencia. Los responsables habrían enfrentado investigaciones federales, sanciones ejemplares y largas penas de prisión. La combinación de transparencia, fiscalización rigurosa y presión mediática habría evitado que el caso quedara en el limbo.


¿Y en Chile?




 
 
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