Activos vs Pasivos de Curauma

El 29 de mayo de 2025, en la 52ª Junta Ordinaria de Acreedores, César Millán Nicolet, síndico de la ilegal y forzada quiebra de Curauma S.A. en 2013, informó un pasivo total autorizado con derecho a voz y voto de 1.489.082 UF al valor de ese día. 

La Tesorería General de la República (TGR) concentra el 71,10 % de ese monto, lo que convierte al Fisco, el Estado de Chile, en el principal acreedor afectado. En el acta no figura ningún pago sustantivo a los acreedores desde que el 2º Juzgado Civil de Santiago declaró la quiebra en septiembre de 2013, lo que confirma que, después de más de una década de procedimiento, la deuda sigue intacta. Por ende, podemos deducir que la deuda de Curauma S.A. en 2013, era muy cercana a esa cifra, es decir, 1.500.000 UF.

En marcado contraste, el 13 de diciembre de 2011, el directorio de Curauma S.A. aprobó y remitió como hecho esencial a la entonces Superintendencia de Valores y Seguros —hoy Comisión para el Mercado Financiero (CMF)— el informe técnico de tasación elaborado por el arquitecto y perito judicial Rubén Miralles Caicedo. Ese informe valorizó los terrenos de Tranque La Luz y Fundo Las Cenizas en 16.903.107 UF (leer tasación). 

Curauma S.A. en 2013:

• Pasivo = 1.500.000 UF

• Activo = 16.900.000 UF

Pese a contar con esta información desde 2011, la CMF jamás investigó ni advirtió sobre la evidente desproporción entre el patrimonio y la deuda que se utilizó como fundamento para la quiebra: una obligación de apenas 85 millones de pesos, sin respaldo tributario ni documental, no reconocida por la administración original de la sociedad. 

Esa decisión judicial abrió la puerta a una gestión concursal marcada por un hecho clave: el síndico César Millán Nicolet entregó a Euroamerica Seguros de Vida más de 2.000 hectáreas del Fundo Las Cenizas bajo el argumento de saldar el crédito de 2004 por 715.000 UF, a pesar de que Curauma ya había pagado 1.040.775 UF, generando para el acreedor un rendimiento compuesto de UF +7,36 % anual. El valor de lo cedido supera con creces lo que se adeudaba, en una aritmética que no cierra bajo ningún estándar financiero.

En todo este tiempo, la CMF —heredera directa de la SVS que recibió y archivó la tasación de Miralles— ha sido un actor pasivo. No fiscalizó las operaciones del síndico, no requirió explicaciones a los tribunales, y no hizo nada para evitar que un patrimonio inmobiliario tasado oficialmente en 16,9 millones de UF se diluyera en remates subvalorados y traspasos directos a un acreedor privilegiado.

El caso Curauma es, así, la evidencia de la corrupción de un procedimiento concursal que, lejos de proteger el interés de la masa de acreedores y del Estado, facilitó la pérdida de un patrimonio millonario. Con un síndico que actuó, y aún lo hace, como ejecutor material del traspaso y una CMF que, con su silencio y omisión, se convirtió en cómplice del despojo.

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