Por Santiago Escobar / El Mostrador 15 noviembre, 2024 La solicitud de aplicar tecnologías obsoletas, la entrega fragmentada y parcial de información necesaria para elaborar ofertas serias y las contradicciones técnicas de las bases de licitación, ahuyentaron a cualquier oferente. La licitación convocada para contratar servicios de “auditoría informática y reforzar la supervisión del sistema automatizado de distribución de demandas civiles” a los tribunales del país fue declarada desierta el 13 de noviembre, pues nadie presentó ofertas. No parece extraño. El predicado de la convocatoria era también “fortalecer la seguridad y transparencia” del proceso de tramitación electrónica de ellas, pero la estructura técnica de la licitación fue tan feble que hacía imposible para un oferente serio satisfacer los requerimientos puestos por la entidad responsable: la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Ayudó el historial de autogobierno, descontrol, yerros y omisiones de esa Corporación, pese a depender jerárquicamente de la CS, que tornaron brumosa y poco transparente la licitación, sugiriendo una sombra plausible de corrupción. La lectura atenta de las Bases de Licitación y su convocatoria, dadas las cosas que se pidieron, sugirió desde un principio la búsqueda solo de argumentos formales para facilitar respuestas administrativas ante las numerosas críticas públicas que ha recibido el sistema de distribución de causas. En lo particular, respecto de la manipulación de su algoritmo para producir forum shopping (compra de tribunal) y obtener de manera ilegal la certeza de un resultado final favorable en un juicio. La imposibilidad de la CAPJ de entregar explicaciones coherentes y satisfactorias a esas críticas habrían sido el motivo para impulsar esta licitación, a fin de cubrir u ocultar los problemas del algoritmo y la distribución de causas. Blog de preguntas y respuestas Toda licitación pública tiene un período de aclaración de las bases, consistente en preguntas y respuestas, que, una vez concluido, pasa a formar parte de las bases mismas. Ya durante este proceso, que terminó el 5 de noviembre, quedaron claras las contradicciones y la falta de información adecuada que la CAPJ entregaría a los eventuales oferentes. La duda que surgió en esa parte del proceso licitatorio fue: ¿por qué no se exigió una propuesta orientada a la implementación de una ISO 2700, que desde hace dos décadas es el estándar de seguridad para manejo de información crítica, con versiones mejoradas regularmente en el sistema, la última de 2022? La licitación no exigió ni para el sistema de distribución de causas ni los otros sistemas mencionados en ella, los controles y pruebas que posee la ISO 2700, y que son claves para garantizar la seguridad de la información. Entre ellos: i) Controles de acceso y autenticación: resguardo de los códigos fuente y acceso limitado de desarrolladores solo a módulos en que trabajan. ii) Gestión de cambios: identificar desarrolladores desde creación del código fuente con documentación e historial de modificaciones (trazabilidad; licitación planteó GitHub y auditar código actual, lo que elimina historial). iii) Pruebas de seguridad del código: manuales y automatizadas. iv) Confidencialidad y cifrado. v) Revisión de vulnerabilidades y actualización de parches (el gestor de bases de datos solicitado, Oracle 11g, lo deja fuera). vi) Seguridad en el entorno de desarrollo: seguridad del entorno de desarrollo y almacén del código para prevenir accesos no autorizados y pérdida de datos. vii) Evaluación de dependencias y bibliotecas de terceros. viii) Documentación y mantenimiento. ix) Gestión de incidentes: documentar todos los incidentes desde la puesta en marcha del sistema. Este último aspecto es posiblemente la información más fragmentada o derechamente inexistente en el funcionamiento del sistema actual de la CAPJ que se debía auditar. Requeridos los logs (constancia de incidentes) de períodos cortos y específicos, nunca han sido entregados por la CAPJ, aunque debieran tenerlos. Tecnologías obsoletas Las bases de la frustrada licitación exigieron que la auditoría a desarrollar incluyera revisión del código fuente, funciones, procedimientos, algoritmos y otros componentes del sistema de distribución de causas civiles del Poder Judicial (punto 9 en bases técnicas), sin aclarar nunca si se pedía una auditoría dirigida solo a la revisión de códigos fuentes y nada más. Se exigió además a los posibles oferentes que debían contar con una ISO 9001 o superior, la cual está enfocada en la calidad de los procesos y no en la seguridad, a diferencia de una certificación ISO 27001. Ello es una diferencia grande, pues la vulneración de un sistema informático se produce a través de varias capas que se deben certificar y auditar para evitar precisamente las vulneraciones de los sistemas. En determinados casos, las manipulaciones maliciosas avanzan y llegan hasta la base de datos para obtener y modificar información de manera maliciosa (caso Servipag). Para la CAPJ ello es muy crítico, pues tiene un gestor de bases de datos obsoleto, que es lo más crítico de su sistema computacional. Por ello, lo más adecuado era orientarla en materia de seguridad a una ISO 27001. Sin embargo, las bases exigieron, incluso, el uso de Oracle 11g como base de datos, un sistema obsoleto y que expone los sistemas a ataques externos, limitando la capacidad de escalabilidad y rendimiento del sistema, en un contexto en el que la carga de trabajo judicial es cada vez mayor. Depender de Oracle 11g como base de datos implica no poder escalar el sistema y riesgos graves de seguridad, pues se trata de un software obsoleto y sin soporte desde diciembre de 2020, que no recibe actualizaciones de seguridad, y que expone a quien lo tiene a vulnerabilidades sin parches y a fáciles manipulaciones. En un entorno judicial, esta carencia de protección es un riesgo de seguridad severo. Deja todo el sistema vulnerable a ataques y pone en riesgo la integridad de los procesos judiciales. Es este riesgo el que afecta la fiabilidad del algoritmo encargado de distribuir las demandas civiles de forma automática, pues queda abierta la posibilidad de que el sistema funcione bajo intervención externa, lo que ha sido sistemáticamente apuntado por variados actores judiciales sin obtener respuestas de la CAPJ.   No se trata solo de tecnología, sino también de economía, pues incrementa los costos de mantenimiento, al requerir conocimientos específicos casi agotados en el mercado laboral. Sin soporte oficial, cualquier problema deberá ser resuelto internamente, elevando los costos de administración, fuera de los riesgos de incumplimiento en normas de ciberseguridad y protección moderna de datos. La percepción de que el sistema judicial depende de tecnología manipulable y sin protección, daña inevitablemente  la credibilidad del sistema de justicia. De ahí que parece muy positivo para la transparencia y la probidad pública, en momentos difíciles del Poder Judicial, que la convocatoria a esta licitación haya sido evaluada negativamente por el mercado y se haya declarado oficialmente desierta. https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2024/11/15/la-frustrada-licitacion-del-poder-judicial-sobre-el-algoritmo-de-distribucion-de-causas/

Chile. October 4th, 2024 / www.desenfoque..cl Jaime Wilhelm, Claudio Tessada, Claudio Fischer, Henry Comber, and Nicolás Imschenetzky are the five executives from three casino companies accused of collusion involving 152 million dollars. They have been reported to the Free Competition Tribunal by the (Chilean) National Economic Prosecutor’s Office (FNE). Chile’s 25 casinos are controlled by seven economic groups. Enjoy holds 8 operating licenses, followed by Dreams with 7 licenses, and Marina del Sol with 4. The remaining licenses are split between the groups Luckia and Meier, which hold 2 each, and the groups BoldtInvergaming and Cardoen, with 1 license each. According to records from the Superintendence of Casinos and Gambling (SCJ), the industry — including municipal casinos — averaged gross gaming revenue exceeding $444 million USD annually from 2017 to 2023. Of this, the companies involved in the collusion held about 90% of the market during this period. This time frame includes 2020-2021, when operations were disrupted by the Covid-19 pandemic, meaning revenues from a typical year of operation were significantly higher than the calculated average for this period. The facts detailed in the FNE’s complaint constitute a violation of free competition as defined in Article 3, paragraphs one and two, letter (a) of DL 211. This provision sanctions the execution or celebration of any act, event, or agreement that impedes, restricts, or hinders free competition, or is likely to produce such effects. Specifically, it considers the following as violations: “Agreements or concerted practices between competitors to fix sales or purchase prices, limit production, divide zones or market shares, or affect the outcome of bidding processes (...)”. According to the Tribunal’s jurisprudence, the elements required to sanction a collusion agreement under the current text of DL 211 are: “(i) the existence of an agreement; (ii) that this agreement involves competitors; and (iii) that it concerns a relevant competition variable,” the complaint explains. The described conduct, it argues, meets these criteria and should be considered a single, continuous collusion agreement. Two bidding processes—2020 Bidding and 2021 Bidding—sought to award 14 operating licenses. The agreement was carried out by a core group consisting of Dreams, Enjoy, and Marina del Sol, through their respective executives: Jaime Wilhelm (Dreams), Claudio Tessada (Dreams), Claudio Fischer (Dreams), Henry Comber (Enjoy), and Nicolás Imschenetzky (Marina del Sol). Their sole objective was to ensure that each company renewed the licenses for the casinos they already operated. Additionally, these companies were fully aware of the expiration of all the licenses requiring renewal during the period when the collusion agreement was in place. FNE’s Requested Penalties The FNE requested that the Tribunal revoke the licenses of Dreams, Enjoy, and Marina del Sol to operate their casinos. As for the extent or duration of the damage caused by these companies, the conduct affected the results of the bidding processes that granted most of the casino operating licenses in Chile, which last for 15 years. This led to greater profits for the companies due to lower bids in each case and also impacted the public funds of the municipalities where these casinos are located. This harm could persist throughout the remaining years of the licenses. To calculate the fines, the FNE considered a five-year economic benefit based on the average annual value — in present value — expressed in USD: Dreams Monticello  Temuco  Valdivia  Punta Arenas  TOTAL: $111,518,019 USD Enjoy Antofagasta Los Ángeles Rinconada  San Antonio TOTAL: $36,494,919 USD (Source: FNE analysis based on the investigation data) For the individuals responsible, the FNE requested the Tribunal impose fines on Jaime Wilhelm of $1,071,156 USD, on Claudio Tessada of $669,252 USD, on Claudio Fischer of $827,551 USD, and on Henry Comber of $114,327 USD. Nicolás Imschenetzky avoided a fine by taking advantage of leniency through the whistleblower compensation program, along with Marina del Sol. The "Mechanism" This collusion allowed the involved companies to renew their casino operating licenses for a period of 15 years, while submitting lower financial bids than they would have in a competitive scenario. The conduct involved Jaime Wilhelm, General Manager of Dreams; Henry Comber, Chairman of Enjoy; and Nicolás Imschenetzky, Chairman of Marina del Sol. These individuals met and communicated regularly to discuss various matters and ultimately formed the described collusion agreement. Claudio Fischer, in his role as Chairman of Dreams, approved the anti-competitive conduct of the company and participated in one of the key meetings during this infraction. Claudio Tessada, CFO of Dreams, carried out actions that facilitated the implementation of the agreement. On February 3, 2022, the SCJ filed a complaint with the FNE, presenting a series of allegations regarding the lack of competition between Dreams, Enjoy, and Marina del Sol during the bidding processes for casino operating licenses in 2020 and 2021. Among other points, the SCJ noted in its complaint that although 29 potential applicants were identified for the 12 available licenses, only 14 bids were received. Upon analyzing the applications, the SCJ found no competition “among any of the casinos operated by the three main casino chains in Chile, Dreams, Enjoy, and Marina del Sol.” It also highlighted that “out of the 17 new companies established by these three groups, only Marina del Sol applied for licenses to challenge casinos operated by Luckia in Copiapó and the Meier Corporation in Talca.” Two months later, on April 18, 2022, the FNE issued a resolution to initiate a confidential investigation (Case No. 2693-2022 FNE), aimed at “determining potential violations of Article 3, paragraphs one and two, letter 1, of DL 211.” On February 3, 2022, the same day that these investigative measures were carried out, the Prosecutor's Office received an indicator application for the leniency program from Marina del Sol. Then, on December 23, 2022, the company formally submitted a request for benefits in accordance with the FNE’s “Internal Guide on Leniency in Collusion Cases,” as outlined in Article 39 bis of DL 211, which included other group companies, Nicolás Imschenetzky, and executives of Marina del Sol (hereinafter, "Request for Benefits"). Once the respective administrative process was completed, the Prosecutor's Office, through the compliance notice contained in Exempt Resolution No. 128 of March 16, 2023, resolved to grant the provisional benefit, the document concludes. Source: https://desenfoque.cl/2024/10/04/el-mecanismo-y-los-cinco-ejecutivos-de-casinos-pillados-por-colusion/

Santiago, Chile. 4 de octubre de 2024 / www.desenfoque.cl Jaime Wilhelm, Claudio Tessada, Claudio Fischer, Henry Comber y Nicolás Imschenetzky son los cinco ejecutivos de los tres casinos acusados de colusión por 152 millones de dólares, denunciados al Tribunal de la Libre Competencia, por la Fiscalía Nacional Económica. Los 25 casinos que existen el el país son controlados por siete grupos económicos. Enjoy es titular de 8 permisos de operación, seguido de Dreams con 7 permisos y Marina del Sol con 4 permisos. Los permisos restantes se distribuyen entre los grupos Luksic y Meier, que son titulares de 2 permisos cada uno, y los grupos BoldtInvergaming y Cardoen, con 1 permiso cada uno. Los registros disponibles de la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ), muestran que la industria −incluyendo los casinos municipales− promedia ingresos brutos del juego por más de $400.000 millones anuales durante el periodo 2017-2023, de los cuales las Empresas Requeridas, conjuntamente, concentraron cerca del 90% en dicho lapso. Este período incluye los años 2020-2021 afectados por la interrupción de operaciones vinculada a la pandemia del Covid19, por lo que, como se advierte, los ingresos obtenidos en un año normal de operación son muy superiores al promedio calculado para el periodo de muestra. Los hechos descritos en la denuncia hecha por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) configuran una infracción a la libre competencia, de aquellas descritas en el artículo 3° incisos primero y segundo letra a) del DL 211. Esta disposición sanciona la ejecución o celebración de cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, y específicamente considera como infracción: “Los acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores entre sí, y que consistan en fijar precios de venta o de compra, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de procesos de licitación (…)”. "Según la jurisprudencia del H. Tribunal, los elementos que deben concurrir para sancionar un acuerdo colusorio en el texto vigente del DL 211 son: “(i) la existencia de un acuerdo; (ii) que éste involucre competidores y (iii) que recaiga sobre una variable relevante de competencia», señala el requerimiento, es decir «la conducta descrita en este reúne las condiciones que la jurisprudencia ha sostenido para ser considerada como un acuerdo colusorio único y continuo", sostiene. Los dos procesos licitatorios −Licitación 2020 y Licitación 2021− a través de los cuales se perseguía adjudicar catorce permisos. Esto es así porque el acuerdo fue ejecutado por un grupo medular de partícipes constituido por Dreams, Enjoy y Marina del Sol; a través de sus respectivos ejecutivos o directores señores Jaime Wilhelm (Dreams), Claudio Tessada (Dreams), Claudio Fischer (Dreams), Henry Comber (Enjoy) y Nicolás Imschenetzky (Marina del Sol); y cuyo único objetivo último fue que cada una de las Empresas Requeridas renovase los permisos de operación de casinos de juego que a la fecha mantenía. Además de lo anterior, las Empresas Requeridas tenían pleno conocimiento de la expiración de todos los permisos de operación que requerían su renovación en el período durante el cual se mantuvo el acuerdo colusorio. Las multas solicitadas por la FNE La FNE pidió al Tribunal que ponga término a los permisos que que tienen para explotar casinos a Dreams, Enjoy y Marina del Sol. Respecto a la extensión o duración del daño provocado por las Empresas Requeridas, la conducta afectó el resultado de los procesos de licitación que otorgaban la mayor parte de los permisos de operación de casinos de juego del territorio nacional con una duración de 15 años, lo cual no solo se traduce en mayores ganancias para aquellas como consecuencia de los menores precios ofertados en cada caso, sino que además implicó la afectación de fondos públicos de las respectivas municipalidades en que se encuentran ubicados los casinos, perjuicio que podría perdurar por todos los años que restan hasta que expiren los permisos. Para fijar las multas se consideró un beneficio económico de 5 años en base al valor promedio anual -en valor presente- expresado en Unidad Tributaria Anual (en adelante, “UTA”) Dreams Monticello 35.106 (UTA) Temuco 10.562 Valdivia 289 Punta Arenas 17.445 TOTAL 63.403 (UTA) US$: 111.518.019 Enjoy Antofagasta77 8.193 (UTA) Los Ángeles 396 Rinconada 11.796 San Antonio 364 TOTAL 20.749 (UTA) US$ 36.494.919 (Fuente: Elaboración propia (FNE) en base a antecedentes de la Investigación). Para los responsables, la FNE pidió al TDLC que se imponga a Jaime Wilhelm una multa de 1.218 UTA US$1.071.156, a Claudio Tessada una multa de 761 UTA US$669.252, a Claudio Fischer una multa de 941 UTA US$827.551, y a Henry Comber una multa de 130 UTA US$114.327. En el caso de Nicolás Imschenetzky, esta persona libró de la multa por acogerse a la delación compensada, lo mismo que Marina del Sol. El «Mecanismo» Esta colusión permitió a las Empresas Requeridas obtener la renovación de los permisos de operación vinculados a sus respectivos casinos de juego por un plazo de quince años y presentar ofertas económicas más bajas que las que hubiesen formulado en un escenario competitivo. En la realización de esta conducta intervinieron Jaime Wilhelm, gerente general de Dreams;Henry Comber, presidente del directorio de Enjoy; y Nicolás Imschenetzky, presidente del directorio de Marina del Sol, quienes se reunían y contactaban permanentemente para abordar diferentes materias, logrando el acuerdo que se describe en este Requerimiento. Asimismo, en la realización de esta conducta intervino Claudio Fischer, quien, en su calidad de presidente del directorio de Dreams, además de aprobar el actuar anticompetitivo de la compañía, participó en uno de los encuentros clave desarrollados con ocasión de esta infracción, y Claudio Tessada, gerente de administración y finanzas de Dreams, quien ejecutó actos que facilitaron la materialización del acuerdo. El 3 de febrero de 2022, la SCJ presentó una denuncia ante la FNE haciendo presente una serie de antecedentes vinculados a la falta de competencia entre Dreams, Enjoy y Marina del Sol en las licitaciones para el otorgamiento o renovación de los permisos de operación de casinos de juego convocadas durante 2020 y 2021. Entre otros antecedentes, la SCJ hizo presente en su denuncia que, aunque había identificado veintinueve postulantes potenciales para los doce cupos que se licitaron en un primer proceso, y una eventual competencia en todos ellos, solo recibió catorce ofertas. En relación con lo anterior, la autoridad destacó que al analizar las postulaciones pudieron observar que no existió competencia “entre ninguno de los casinos operados por las tres principales cadenas de casinos en Chile, Dreams, Enjoy y Marina del Sol”, y que “de las 17 nuevas sociedades constituidas por estos tres grupos, solo Marina del Sol postuló para disputar cupos que actualmente opera Luckia en Copiapó y la Corporación Meier en Talca” Dos meses más tarde, el 18 de abril de 2022, esta FNE dictó la resolución de inicio de la investigación reservada Rol N°2693-2022 FNE (en adelante, la “Investigación”), con el objeto de “comprobar eventuales infracciones al artículo 3º, incisos primero y segundo letra 1 Los cargos indicados son aquellos que las personas naturales requeridas desempeñaban a la época de los hechos que se describen en esta presentación. El 3 de febrero de 2022, mismo día en que se ejecutaron tales medidas investigativas, la Fiscalía recibió una solicitud de indicador de postulación al programa de delación compensada por parte de Marina del Sol. Luego, con fecha 23 de diciembre de 2022, dicha compañía presentó formalmente una solicitud de beneficios conforme a la “Guía Interna sobre Delación Compensada en Casos de Colusión” de la FNE, en relación con lo dispuesto en el artículo 39 bis del DL 211, incluyendo a otras sociedades del grupo, a Nicolás Imschenetzky y a ejecutivos de Marina del Sol (en adelante, “Solicitud de Beneficios”). Una vez tramitado el procedimiento administrativo respectivo, esta Fiscalía, a través del oficio de conformidad contenido en la Resolución Exenta N°128 de 16 de marzo de 2023, resolvió otorgar el beneficio provisorio, concluye el escrito. Fuente:  https://desenfoque.cl/2024/10/04/el-mecanismo-y-los-cinco-ejecutivos-de-casinos-pillados-por-colusion/

The entity accuses the casino chains of agreeing to participate in bidding processes without competition. Santiago, Chile. October 3, 2024 By Ignacio Andrés Guerra / www.emol.com The National Economic Prosecutor's Office (FNE) filed a complaint with the Tribunal for the Defense of Free Competition (TDLC) against the casino chains Dreams, Enjoy, and Marina del Sol, accusing them of colluding to manipulate the outcomes of bidding processes for permits granted to the industry. The regulatory agency reported that the events took place between 2020 and 2021, during which time the casinos allegedly agreed that “each one would bid for the renewal of the permits that were under their ownership at that time, without facing competition from the other parties involved in the illicit activity.” “This collusion allowed the accused companies to secure the renewal of the operating permits for their respective gaming casinos for a period of fifteen years and submit economic bids lower than what they would have in a competitive scenario,” the FNE emphasized. According to the Economic Prosecutor’s Office, those involved included Jaime Wilhelm, CEO of Dreams; Henry Comber, Chairman of the Board of Enjoy; and Nicolás Imschenetzky, Chairman of the Board of Marina del Sol, “who regularly met and maintained contact to discuss various matters, reaching the agreement described in this complaint.” “In addition, Claudio Fischer, in his role as Chairman of the Board of Dreams, not only approved the company’s anti-competitive behavior but also participated in one of the key meetings related to this infraction. Claudio Tessada, CFO of Dreams, also executed actions that facilitated the implementation of the agreement,” added the FNE. The highest fines were requested for Dreams , amounting to 126,806 UTA (approximately $112.4 million USD), and for Enjoy , with 41,498 UTA (around $36.8 million USD). These are historic figures for collusion cases in Chile. Regarding the executives involved, the FNE requested a fine of 1,218 UTA (about $1 million USD) for Dreams' CEO Jaime Wilhelm; 941 UTA for Dreams' Chairman Claudio Fischer (about $834,000 USD); 761 UTA (approximately $674,000 USD) for Dreams' CFO Claudio Tessada; and 130 UTA (around $115,000 USD) for Enjoy’s Chairman, Henry Comber. Regarding Marina del Sol and its involved executives, the FNE asked the TDLC to exempt them from fines, as they had met the legal requirements to qualify for the leniency program. In line with this, the FNE also requested the Tribunal to declare criminal liability exemptions for the Marina del Sol executives covered by the program. Key Aspects of the Collusion In its accusation, the FNE asserts that the companies agreed that each would bid for the renewal of the permits they already held, without facing competition, and thus submitted economic offers lower than what would have been made in a free market scenario. According to the investigation, which was initiated following a complaint by the Superintendency of Casinos (SCJ) in early February 2022, the agreement was carried out through regular meetings and contacts between Wilhelm, Comber, and Imschenetzky from May 2021 to August 2022. Fischer also participated, not only by approving the anti-competitive actions of Dreams but also by attending one of the key meetings. Tessada, on his part, facilitated the anti-competitive coordination. Evidence shows that as the bidding deadlines approached for the tenders held by the SCJ, there were constant communications between these executives, which became increasingly explicit about the idea of addressing these processes jointly. Among the actions taken by the FNE to prove the existence of the cartel were searches, records, and seizures carried out on August 2, 2022, along with personnel from the O.S.9 group of the Chilean police at the homes of Wilhelm, Comber, and Imschenetzky. That same day, Marina del Sol applied for leniency in the leniency program. According to FNE calculations, the bids made by Dreams, Enjoy, and Marina del Sol under this agreement represented an extremely low percentage of the gross revenues these companies earned from gaming. For example, in the case of the San Francisco de Mostazal, Rinconada de los Andes, and Talcahuano casinos (the main casinos of the involved companies), their economic offers were less than 1% of their average gross gaming revenues for 2018-2019. This contrasts with the previous bidding process called by the SCJ in 2018, where other venues were auctioned, and the offers averaged percentages far higher than 20% of the companies' average annual gross gaming revenues. Historic Sanctions The fines requested by the FNE are the highest ever sought in a collusion case, significantly surpassing those requested in the “Pollos” (110,000 UTA) and “Navieras,” “Supermarkets,” and “Salmon Feed” cases (90,000 UTA in each). “The fines take into account the seriousness of a cartel that has directly impacted the interests of the state and the resources of the municipalities where the casinos are located. We hope that, in addition to paying the fines we are requesting, the judgment orders the accused companies to return the permits they obtained as soon as possible and restore competition in this industry,” said the Prosecutor’s Office. In its complaint, the FNE explained that the magnitude of the fine requested from the TDLC was due to the seriousness of the conduct, the impact on public tenders, the market power of the accused companies, the involvement of high-level executives, their awareness of the illegality of their actions (they used code names, held clandestine meetings, deleted evidence from mobile phones, and used temporary messaging), and the extent or duration of the damage caused. Between 2017 and 2023, Dreams, Enjoy, and Marina del Sol concentrated 90% of the revenues in the casino industry in Chile (which averaged $400 billion gross annually), and together they hold 70% of the permits to operate these establishments in the country (Chile). Source:  https://www.emol.com/noticias/Economia/2024/10/03/1144479/fne-millonarias-multas-casino-colusion.html Note: Mr. Henry Comber Sigall, Chairman of Enjoy, is also Chairman of EuroAmerica Seguros de Vida S.A. (#CasoCurauma / #CuraumaCase).

JUSTICIA EN BLOQUES: UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA CRISIS JUDICIAL DE CHILE La tecnología blockchain, conocida principalmente por su aplicación en criptomonedas, ofrece un sistema de almacenamiento de datos en una cadena de bloques diseñada para ser segura, descentralizada y prácticamente inalterable.    En lugar de almacenar información en un único servidor, esta se distribuye entre múltiples nodos en una red, dificultando así cualquier manipulación indebida. Cada bloque contiene datos, una marca de tiempo y un “hash” (función criptográfica que convierte datos en una cadena de caracteres de longitud fija), enlazándose al bloque anterior y formando así una cadena cronológica. Esta estructura garantiza la integridad de la información: una vez añadido un bloque, alterarlo requiere modificar toda la cadena, preservando su autenticidad.   Gracias a su diseño descentralizado y encriptado, blockchain proporciona una alta transparencia y seguridad, siendo ideal para aplicaciones como criptomonedas, trazabilidad de productos y contratos inteligentes. Sin embargo, uno de los campos en los que esta tecnología podría ofrecer un cambio estructural es el sistema judicial.    En un contexto donde el sistema judicial chileno enfrenta desafíos de transparencia y eficiencia, blockchain emerge como una herramienta con el potencial de modernizar el sistema y restaurar la confianza en la justicia.   La implementación de blockchain en el ámbito judicial busca digitalizar y asegurar los expedientes judiciales, registrando cada documento y evidencia con un “hash” único que garantice su autenticidad. Esto significa que ningún documento podría alterarse sin dejar un rastro claro, asegurando la integridad de los archivos desde el inicio hasta la resolución del caso. Jueces, abogados y partes involucradas tendrían acceso seguro y controlado a los documentos, protegiendo tanto la privacidad como la seguridad de la información.   Uno de los avances más innovadores de esta tecnología es la introducción de “contratos inteligentes”. Estos son programas que ejecutan acciones automáticamente al cumplirse ciertas condiciones. En el ámbito judicial, los contratos inteligentes podrían notificar plazos y requerimientos a las partes involucradas, agilizando los trámites y evitando demoras. En casos menores, estos contratos podrían incluso emitir fallos automáticos, como el pago de multas, aligerando la carga procesal y aumentando la rapidez en la resolución de casos.   Cada audiencia y fallo judicial podría registrarse en blockchain, creando un historial inalterable consultable en tiempo real. Esto permitiría que ciertos fallos de interés público sean accesibles para la ciudadanía, mejorando la transparencia del sistema judicial y fortaleciendo la confianza en la justicia. Este sistema de auditoría en tiempo real también facilitaría a los observadores ciudadanos verificar que las decisiones judiciales se tomen de forma justa y sin manipulación.   El uso de blockchain facilitaría el registro de apelaciones y revisiones judiciales, permitiendo un seguimiento claro de cada etapa. Además, ciertas fases o casos podrían estar abiertos a auditorías ciudadanas, proporcionando una capa adicional de transparencia en las decisiones y ayudando a asegurar que el sistema actúe de acuerdo con los principios de justicia e imparcialidad.   Un punto clave de la blockchain en la justicia es la transparencia en las acciones de los jueces y funcionarios. Gracias al registro inalterable de cada decisión y acción, se facilitaría la identificación de patrones inusuales y prácticas corruptas. Con identidades digitales únicas, los jueces y abogados podrían registrar sus decisiones de forma verificable, reduciendo las oportunidades de corrupción y aumentando la responsabilidad en la toma de decisiones.   Integrar esta tecnología en el sistema judicial chileno implicaría reformas legales y capacitación intensiva de los funcionarios, además de una cuidadosa integración con los sistemas actuales. Este cambio requeriría una inversión considerable para desarrollar y adaptar la infraestructura tecnológica, así como presupuesto adicional para la capacitación de los funcionarios judiciales, quienes inicialmente podrían mostrarse reticentes al cambio.   El proceso completo podría extenderse durante años, ya que el marco legal necesita adaptarse para permitir una integración segura y efectiva de la blockchain en las prácticas judiciales actuales. Sin embargo, el costo y el esfuerzo social de esta inversión se justifican en la promesa de una justicia más transparente, rápida y segura en el largo plazo, lo que significaría un gran avance para el sistema judicial chileno y un ejemplo para otros países en la región. Santiago, 31 de octubre de 2024.

Chile, September 30th, 2024.  By Felipe Saleh Henry Comber, once a star executive at Citibank and later at Euroamérica Seguros de Vida S.A. , is now under investigation by the prosecutor’s office for an irregular scheme allegedly linked to the aborted merger of casino operators. This is not the first time suspicion has arisen regarding Comber’s involvement in companies where Euroamérica holds interests. In this case, he involved Euroamérica’s life insurance subsidiary in the gambling business. The merger plan, which initially seemed flawless as a way to save the casino operator Enjoy from bankruptcy, continues to show cracks and has broadened regulatory scrutiny of its executives. Originally, Enjoy was set to merge with Dreams , another casino operator. Enjoy holds 31% of the licenses granted by the Chilean Gaming Board (Superintendencia de Casinos de Juego), while Dreams holds 27% of the 26 total licenses across the country. Founded in 2001, Enjoy holds licenses to operate in (Chile) Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, San Antonio, Los Ángeles, Pucón, Chiloé, and Rinconada de Los Andes, and also manages hotels in several of those cities. It also operates a casino in Punta del Este, Uruguay. Dreams, on the other hand, has licenses in Temuco, Valdivia, and Punta Arenas, as well as the Monticello casino, their flagship location in San Francisco de Mostazal. Henry Comber Sigall, a Chilean civil engineer from the  UC Chile University and former Citibank star executive in various Latin American countries, became a key figure at Euroamérica in 2005. He became the right-hand man to Nicholas Davis Lecaros, heir to the century-old company tied to Benjamin Davis Clarke, who had managed it as sole owner from 1999 until his death in 2010. Currently, Comber serves as chairman of Euroamérica. In 2021, from that position, he spearheaded a favorable agreement for the insurance company, while also providing a last-minute lifeline for Enjoy, which had been unable to recover from the negative impacts of the COVID-19 pandemic on the leisure industry. In 2015, Enjoy’s short-term debt represented nearly twice its total assets. The company faced bankruptcy proceedings in the United States (where its bonds were traded) and in the 8th Civil Court of Santiago. The plan to weather the storm was to convert debt into Enjoy shares, a proposal that was accepted, and Comber, as the representative of Euroamérica Holding, the main creditor, became chairman of Enjoy’s board on behalf of its now largest shareholder, with over 25% ownership. The situation in December 2021 was especially dire. U.S. bonds represented 82.15% of Enjoy’s financial liabilities, equivalent to 89.4% of its equity; the company’s total liabilities were 2.76 times its equity. Part of Comber’s merger strategy involved Euroamérica Life Insurance acquiring a 6.65% stake in Enjoy. The evident complexity of this operation, which the Financial Market Commission (CMF) has yet to comment on, raises legal questions. For instance, whether there was a sale of shares between the parent company (Euroamérica S.A.) and its subsidiary (Euroamérica Life Insurance), a deal with at least two legally questionable aspects. First, that funds from thousands of retirees’ life annuities ended up in a company dedicated to gambling, which was facing losses and significant management issues. Second, that the transaction occurred between affiliated companies (Euroamérica S.A. and Euroamérica Life Insurance), potentially violating company regulations and possibly the law. The plan moved forward, with favorable media profiles highlighting Comber’s negotiation skills and reputation as a tough finance professional. However, the media also spotlighted Comber’s issues during the 2013 reorganization of the real estate company Curauma S.A., led by businessman Manuel Cruzat Infante , still embroiled in court due to unclear actions by several key players, including Euroamérica Life Insurance representatives, such as Comber. In a previous case, they had leveraged a relatively small loan (approximately $26 million USD in 2004) to block a financial reorganization process in Valparaíso, its natural jurisdiction, and, through less than transparent means, transferred it to the 2nd Civil Court of Santiago (#CuraumaCase #CasoCurauma). However, in the Enjoy case, the CMF was alerted to Comber’s scheme over the possibility that insider information may have been used by certain actors. The commission requested records of brokerage transactions made between April 28, 2020, and February 25, 2021, prior to the merger announcement. Among other reasons, because Enjoy’s stock rose by 85% just before the news became public. The concern was further fueled by Comber’s past when he was the boss of Francisco Montaner Reyes, a former partner at Euroamérica, who was sanctioned for insider trading in 2010. Montaner later became involved again in the FIT Research case, prosecuted by former prosecutor Carlos Gajardo in 2015. No sanction from the CMF was needed. In April 2023, Enjoy and Dreams announced they were suspending the merger process. The announcement came as a direct result of information provided to the National Economic Prosecutor’s Office (FNE) by an executive from the Marina del Sol group, an operator of casinos in Calama, Chillán, Talcahuano, and Osorno. This executive, protected under a leniency program, detailed a collusion scheme in the industry, allegedly orchestrated by Comber and Enjoy. In April of this year, with his initial plan unraveling, Henry Comber resigned as chairman of Enjoy. The company stated that the reason was the untenable conflict of interest for the civil engineer, as he held the role of chairman of the casino holding company while also serving as chairman of the board of Euroamérica S.A., Enjoy’s main creditor in its ongoing reorganization process in Chilean courts. Strangely, this conflict of interest had been apparent since Comber joined Enjoy in 2020 and was voted chairman of the board in 2022, which also highlights the weak and slow response of the CMF, one of the bodies responsible for ensuring public trust and transparency in financial markets. Additionally, Euroamérica, and particularly Comber, known for his aggressive negotiation style, have seen their professional reputation and market trust tarnished by these unclear actions that hover at the edge of legality. The case of Henry Comber and the failed merger between Enjoy and Dreams highlights how corporate strategies designed to save companies, without adequate regulatory oversight, can become entangled in complex financial maneuvers that, lacking transparency, raise suspicions about their legality and erode trust in the markets. The ongoing investigations by the FNE and CMF underscore the need for strict regulatory control to ensure transparency in the markets and protect public trust, especially when sensitive financial interests, such as those of insurers and pensioners, are at stake. See original article in Spanish: https://desenfoque.cl/2024/09/30/henry-comber-el-hombre-fuerte-de-euroamerica-que-investiga-la-fne-en-la-fallida-fusion-de-enjoy/

Por Felipe Saleh ( www.desenfoque.cl ) 30 de septiembre de 2024 Ejecutivo estrella de Citibank primero y Euroamérica después, hoy la fiscalía lo indaga dentro de un esquema irregular que estaría detrás de la abortada fusión de operadores de casinos. No es la primera vez que la sospecha se instala sobre Comber y su llegada a las empresas donde esta compañía de seguros tiene intereses. Y que en este caso metió a su filial de seguros de vida en el negocio de los juegos de azar. El diseño de fusión, que parecía impecable para salvar de la quiebra a la operadora de casinos Enjoy, sigue mostrando sus grietas y amplía la mirada de los reguladores sobre sus ejecutivos. Originalmente, Enjoy iba a fusionarse con Dreams, otra operadora de casinos. La primera tiene el 31% de los permisos otorgados por la Superintendencia de Casinos de Juego y la segunda, tiene un 27% de las 26 licencias totales que hay a lo largo del país. Enjoy, constituida en 2001 tiene licencias de operación en Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, San Antonio, Los Ángeles, Pucón, Chiloé y Rinconada de Los Andes, y participa en las sociedades operadoras de siete hoteles, ubicados en las ciudades de Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, San Antonio, Pucón, Chiloé, Puerto Varas y Rinconada de Los Andes, ubicados y conectados, cuando corresponde, junto a los Casinos de dichas ciudades. Además, la sociedad opera un casino en Punta del Este, Uruguay. Por su parte, Dreams tiene permisos en Temuco, Valdivia y Punta Arenas, además de su buque insignia Monticello, en San Francisco de Mostazal. Al frente del plan estaba Henry Comber Sigall, ingeniero civil de la PUC, ex ejecutivo estrella del Citibank en distintos países de Latinoamérica y desde 2005 persona clave de la corredora Euroamérica. Comber se convirtió en el brazo derecho de Nicholas Davis Lecaros, el heredero de la centenaria compañía ligada a Benjamin Davis Clarke, que la manejó como único dueño desde 1999 hasta su muerte en 2010. Actualmente, Comber es el presidente del directorio de Euroamerica. Desde ese puesto en 2021, fue el impulsor de un acuerdo ventajoso para la compañía de seguros, además de un salvavidas de última hora para Enjoy, que no había podido reponerse de los impactos negativos de la pandemia del Covid 19 en la industria del ocio. Además, en 2015 la deuda de corto plazo de Enjoy representaba casi 2 veces la totalidad de sus activos. En este contexto, la firma enfrentaba procesos de quiebra en Estados Unidos (donde se transan sus bonos) y en el 8 Juzgado Civil de Santiago. El plan para superar el vendaval fue transformar las acreencias en acciones de Enjoy, idea que fue aceptada y Henry Comber como representante del holding Euroamérica, principal acreedor de Enjoy quedó como presidente del directorio de esta, a nombre del ahora su principal accionista con poco más del 25% de la propiedad. La situación en diciembre de 2021 era especialmente complicada. Los bonos emitidos en EE.UU. correspondían al 82,15% del pasivo financiero, y equivalían al 89,4% del patrimonio; y el pasivo total de Enjoy era 2,76 veces el patrimonio. Parte del plan diseñado por Comber, con miras a la fusión, incluyó la entrada de Euroamérica Compañía de Seguros de Vida con el 6,65% de las acciones. La complejidad manifiesta de esta operación, sobre la cual la Comisión del Mercado Financiero (CMF) hasta ahora no se ha pronunciado, se relaciona con las preguntas que surgen a partir de ella. Por ejemplo, si hubo compraventa de acciones entre la matriz (Euroamérica S.A.) y la filial (Euroamérica Seguros de vida S.A.), lo que tiene al menos dos aspectos legalmente dudosos. El primero que la plata de las rentas vitalicias de miles de pensionados fuera a parar a las cuentas de una empresa dedicada a los juegos de azar, que presentaba pérdidas y serios problemas de administración. La segunda, que se hubiera producido en dicha operación un negocio entre empresas coaligadas (Euroamérica S.A. y Euroamérica Seguros de Vida) que, adicionalmente contravenía el reglamento de la empresa y eventualmente la ley. Los planes siguieron su curso, acompañados por buenos perfiles comunicacionales que destacaron la capacidad negociadora de Henry Comber y su reputación de hombre duro en las finanzas. No obstante ello, los medios también subrayaron los problemas de Comber en el proceso de reorganización de la inmobiliaria Curauma S.A en 2013, impulsada por el empresario Manuel Cruzat, aún judicializada por actuaciones poco claras de algunos intervinientes, entre ellos los representantes de Euroamérica Seguros de Vida S.A., entre ellos Comber, quienes con anterioridad y en otro caso, respaldados en un crédito de muy menor cuantía (715.000 UF) bloquearon un proceso de reorganización financiera en su jurisdicción natural que era Valparaíso y lograron, de manera poco transparente, traerlo hasta el 2°Juzgado Civil de Santiago. Sin embargo, en el caso de Enjoy la CMF se sintió alertada respecto del diseño llevado a cabo por Comber por la eventualidad del uso de información privilegiada para algunos actores, y pidió a las corredoras las transacciones previas al anuncio de fusión (28 de abril de 2020 a 25 febrero del 2021). Entre otras cosas porque la acción de Enjoy subió un 85% justo antes de conocerse la noticia. La inquietud tenía, además, antecedentes en el mercado por hechos pasados, cuando Comber era el jefe de Francisco Montaner Reyes ex socio de Euroamérica, cuando este fue sancionado por uso de información privilegiada en 2010. Y quien luego, reincidente en el caso conocido como FIT Research, fue encausado por el ex fiscal Carlos Gajardo el año 2015. Pero no fue necesario que la CMF emitiera una posible sanción. En abril del año 2023 Enjoy y Dreams anunciaron que suspendían el proceso de fusión. El anuncio fue la consecuencia directa de los datos revelados a la FNE por un ejecutivo del grupo Marina del Sol, operador de casinos en Calama, Chillán, Talcahuano y Osorno que, amparado en la delación compensada, detalló un esquema de colusión en la industria, del que habría sido Comber y Enjoy los principales gestores. En abril de este año, Henry Comber con su plan inicial desbaratado, decide dejar la presidencia de Enjoy. Según comunicó la empresa, el motivo fue que resultaba insostenible el conflicto de interés del ingeniero civil como presidente del holding de casinos, mientras ejercía también un rol como presidente del directorio de Euroamerica S.A. principal acreedor de Enjoy en el proceso de reorganización que este operador sigue en la justicia chilena. Lo extraño es que este conflicto de interés fue evidente desde que Comber ingresó a Enjoy en 2020 y fue votado como presidente del directorio en 2022, lo que evidencia al mismo tiempo lo feble y lenta que resulta la acción de control de la CMF, uno de los organismos encargados en estos casos de velar, además, por la fe pública y la transparencia de los mercados financieros. A su vez, Europa y en especial Comber, destacado como un agresivo negociador, han visto ensombrecida su reputación profesional y la confianza del mercado por estas actuaciones poco claras y muy al borde de la legalidad vigente. El caso de Henry Comber y la fallida fusión entre Enjoy y Dreams pone de manifiesto cómo las estrategias corporativas diseñadas para salvar empresas, sin adecuado control del regulador, pueden verse envueltas en maniobras financieras complejas que, al carecer de transparencia, generan suspicacias en cuanto a su legalidad y lesionan la confianza en los mercados. Las investigaciones en curso por parte de la FNE y la CMF subrayan la necesidad de un control regulatorio riguroso que asegure la transparencia en los mercados y la protección de la fe pública, especialmente cuando se ven comprometidos intereses financieros tan sensibles como los de aseguradoras y pensionados. Leer columna en:  https://desenfoque.cl/2024/09/30/henry-comber-el-hombre-fuerte-de-euroamerica-que-investiga-la-fne-en-la-fallida-fusion-de-enjoy/ #CasoCurauma

www.elmostrador.cl 24 de septiembre de 2024 Columna de Opinión:  Abogados y economistas: su rol en el equilibrio mediocre Por Iván Rojas Bravo   Chile está capturado por intereses creados en todas las áreas y donde todo está en un estable equilibrio mediocre, convirtiéndose en una implementación degenerativa del modelo original. El caso audio nos ha enfrentado a una cruda realidad que, o no queríamos ver, minimizábamos, o, peor aún, normalizábamos, aunque sea un poco: una forma de hacer las cosas que nos ha llevado a un dañino equilibrio. Debajo de la alfombra se ha acumulado, a lo largo de los años, demasiada mugre. A fin de cuentas, no nos diferenciamos tanto de otros países donde la misma corrupción es más evidente. Esta forma de hacer las cosas, desde irregularidades a abusos y corrupción pura, al ser más disimulada que en otras latitudes, tuvo asociado el peligro de dar una falsa sensación de que las instituciones funcionan más o menos bien. Eso creíamos, y de eso nos jactábamos.  En Chile, la figura del abogado ha tenido un rol que va más allá de la industria legal. Pululan en la cosa pública –cual mentholatum– porque su profesión les permite adaptarse y, más que ser un abogado en el marco de la asesoría jurídica, cumplen un papel tanto en los tres poderes del Estado como en el mundo privado. Estamos gobernados por abogados.   Hermosilla es la representación estructural de cómo se litiga en Chile. Es uno más. Es una muestra de cómo funciona un bufete moderno de abogados más allá de la discusión de argumentos en un caso en tribunales; se trata de sus relaciones con colegas, jueces, políticos, empresarios y la prensa. La telelitigación llegó a convertirse en un fenómeno que involucra a los medios en un relato paralelo y coloquial de la causa, presionando al Poder Judicial.  ¿Qué diferencia existe entre los abogados tipo Hermosilla y un buen abogado de, por ejemplo, Curicó? Son las redes de contacto. Por lo tanto, se entiende que el servicio jurídico que otorgan los primeros contemplan dichas redes y sus gestiones, desde pitutos y paleteadas, hasta elección de tribunales y jueces de conveniencia. Es, por decirlo así, su sello diferenciador, por el cual fanfarronean y cobran sus honorarios… y por el cual sus clientes, muchas veces a sabiendas, acuden a ellos. Todo lo anterior se entiende posible porque distintas unidades del sistema permiten, por decirlo de manera diplomática, este equilibrio mediocre. La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), desde su máximo representante que declaró tener un doctorado en una universidad belga, pero que se descubrió que no era auténtico tras un conflicto por acoso laboral, hasta la responsabilidad de sistemas de asignación de causas que permiten ser vulnerados, es parte esencial del engranaje.  Por ejemplo, la asignación de las causas de la quiebra de Latam y Curauma al 2° Juzgado Civil de Santiago, tramitadas por el mismo estudio de abogados, no solo desafía las leyes de las probabilidades, sino que es escandalosa, toda vez que internamente se ha reconocido en forma expresa que, si se hubiese seguido el criterio de asignación que impide elegir un tribunal de conveniencia, dichos casos habrían sido asignados a otros tribunales. Ambas causas han significado un daño relevante no solo a acreedores, sino también a los accionistas minoritarios. ¿Justo proceso?   Por su parte, el Colegio de Abogados ha sido un elemento decorativo en todo esto; ya perdió su oportunidad para marcar una opinión clara y categórica; es parte del mainstream. Si a lo anterior agregamos la opacidad en el nombramiento de los CBR y notarios, la posibilidad de contar con un juez amigo en algún juicio, irregularidades en la integración de las salas, irregularidades en la inhabilidades de los jueces al enfrentar un caso, irregularidades cometidas en la tramitación de las causas por incumplimiento de las normas y criterios existentes, el mercado secundario de los informes en derecho como figura residual en el proceso judicial y que posteriormente son publicados por la academia como papers, y el silencio del mundo académico del derecho que también forma parte de los más reputados estudios de abogados de la plaza, entre otros elementos, se logra entender que Hermosilla no es el niño símbolo de la corrupción.  El cuadro es mucho peor. Convertir a Hermosilla en el chivo expiatorio sería un error y hará que al final de todo este episodio el sistema mejore un poco, pero solo eso. Seguiremos casi igual, avanzando sobre la base de parches.  En otro contexto, con los economistas pasa algo similar. Han jugado un rol importante en la mala implementación del modelo económico en Chile y en no haberlo corregido. Lo que se implementó en Chile no fue el modelo económico que nos hubiese llevado hoy al desarrollo. Tenemos un modelo que es un jurel tipo salmón, pero nadie hace la diferencia. Es un modelo de equilibrios oligopólicos y no de competencia real. Se trata de un sistema económico plagado de intereses creados, que dio lugar a grupos de poder y decisión, resultando en transferencias unilaterales de riqueza y abusos.  En nuestra pequeña economía, lamentablemente, la red de contactos que se ha generado entre los agentes que poseen posiciones de semiprivilegio ha resultado en un equilibrio que nos tiene entrampados en el ingreso medio. Así, se ven grandes empresas supuestamente exitosas y dignas de admiración, que basan su estrategia corporativa en imperfecciones de mercado.  En Icare, Enade y similares, se habla de “compromiso país” y abundan los lugares comunes y las frases obvias sin sustancia y se regalan los oídos a la privilegiada galería asistente.  El compromiso país se ha traducido, en la práctica, en dar migajas a programas muy diversos, desde techos a los más necesitados, escuelas rurales, fomento al pobre emprendedor que no tiene acceso a capital, todo con toque de trompeta en vistosas páginas sociales o sendas entrevistas dominicales en el diario regalón, mientras en paralelo obtienen suculentas rentas anormales en los mercados en los que operan.  Ciegamente creen que hacen bien las cosas, incluso creen que le hacen un bien al país; pero no tienen consciencia de que un porcentaje importante de sus utilidades se generan por los abusos a los mismos que pretenden ayudar. ¿Ejemplos? Farmacias, pollos, guerra del plasma, repactaciones unilaterales, intereses disfrazados de comisiones, colusiones, bancos que no entregan toda la información a sus clientes, barreras de entrada, barreras de salida, créditos con un costo final para el cliente que excede considerablemente la Tasa Máxima Convencional, ventas atadas, retail que puede crear empresas que actúen como un banco sin someterse a las normas que lo rigen, triangulaciones de platas financiándose en el mercado de capitales y colocarlas al público vía una empresa filial, grandes compradores que aplican el poder negociador contra un proveedor pequeño y le imponen un precio considerablemente distinto del precio del bien transable a nivel mundial, por señalar algunos casos.  ¿Acaso no es raro que las mismas empresas que han tenido multas por colusión en el extranjero figuren en nuestro país en un ranking de empresas de mejor reputación o similares?   ¿Y las autoridades? No están a la altura. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se ha convertido en un mero buzón burocrático. Públicas han sido las denuncias que he hecho por la situación de las quebradas compañías de seguros de vida que venden rentas vitalicias y del rol de la CMF en permitir una ficción contable que subvalora el verdadero pasivo con los pensionados.  La CMF elude el tema y no responde con argumentos. Y otras veces simplemente no responde. Pongo un ejemplo: en abril 2023 hice una denuncia a la CMF (código CMF 2058053); en agosto 2024 volví a solicitar respuesta a la denuncia (código CMF 2024080446866); a la fecha sigue sin respuesta.  ¿De qué trata la denuncia? De dos temas que considero relevantes: a) un evidente conflicto de intereses de Euroamerica S.A., controladora de Euroamerica Compañía de Seguros de Vida y principal accionista de Enjoy, que resulta en una transferencia de riesgo en perjuicio de los pensionados por renta vitalicia; y b) los millonarios pagos que todos los años Euroamerica Compañía de Seguros de Vida paga a la matriz por concepto de “asesorías financieras”. Llevo más de un año esperando respuesta de la CMF. En el caso Audios, El Mostrador comenta que la CMF habría tomado conocimiento de la situación hace más de un año. El equilibrio mediocre está en todos lados. Cuando se habla de reforma al sistema de pensiones –uno de los pilares fundamentales del descontento ciudadano en contra de “el modelo”–, nadie habla del equivalente cierto, concepto financiero clave en el análisis del proceso de ahorro de pensiones, y se engañan haciendo proyecciones utilizando retornos esperados que sobreponderan las bondades del sistema y después se convierten en promesas implícitas.  Al modelo de pensiones se le asignan atributos que no tiene, y en función de ello se implementan parches. Nunca se ha contado el cuento completo del sistema de capitalización individual, ni siquiera su autodenominado “padre”; y para perfeccionar o reemplazar algo, primero hay que entenderlo bien. El mundo académico ha mantenido un cómplice silencio. El resultado de todo lo anterior ha sido que el modelo implementado en Chile está capturado por intereses creados en todas las áreas y donde todo está en un estable equilibrio mediocre, convirtiéndose en una implementación degenerativa del modelo original. En este equilibrio mediocre, todo –sector privado, Gobierno y sector público, instituciones reguladoras, sistema legal– funciona a medias, y el rol de abogados y economistas ha sido fundamental.  Si bien algo se avanzó en las últimas décadas, el país fue como un atleta corriendo con una pesada mochila. ¿Por qué no se corrige? Porque a la élite le conviene mantener el statu quo. Y cuando ocurren eventos que remecen los cimientos del sistema, como por ejemplo el estallido social, producen un mea culpa y se logra avanzar un poco, todo sobre la base de mejoras tipo parches. Ser revolucionario y romper esquemas va en contra de la subsistencia propia del modelo.  En el análisis de por qué perdimos el rumbo, la crisis del Poder Judicial no es independiente de la crisis de la trampa del ingreso medio. No sacamos mucho con corregir el sistema de nombramiento de jueces, por ejemplo, sin promover una efectiva competencia en todos los sectores; no sacamos mucho con tratar de abordar de verdad el problema de las bajas pensiones, sin corregir la CAPJ y sus mecanismos que deben garantizar un proceso jurídico imparcial y objetivo.  Es la forma de hacer las cosas en todo ámbito la que está dañada. Por lo tanto, una solución efectiva implica necesariamente abordar el cuadro completo; solución que no deja de ser dolorosa para todos los incumbentes. Solo así Chile saldrá de la trampa del ingreso medio. Todos estos temas tratados no son nuevos. Y volviendo al título de esta columna, abogados y economistas no hicieron nada por cambiar de verdad el sistema.  No tuvieron visión de largo plazo. En vez de ser parte integral de una solución consistente en apuntalar el verdadero modelo de desarrollo y servir de guía a políticos y empresarios, han sido parte del equilibrio mediocre en el que estamos. Ese ha sido el verdadero costo de todo esto: no haber llegado hace rato al desarrollo. Lo bueno de esta crisis generalizada es que da la oportunidad de ir al fondo del problema. Pero si esperamos que sean los mismos los que arreglen el sistema… adivine usted qué va a pasar. https://www.elmostrador.cl/ noticias/opinion/columnas/2024/09/24/abogados-y-economistas-su-rol-en-el-equilibrio-mediocre/