En el laberinto de la justicia chilena, se sabe que existe una llave mágica capaz de dirigir los casos judiciales hacia el tribunal adecuado, aquel donde las decisiones son más predecibles, más cómodas para ciertos intereses. Se trata de un algoritmo tecnológico, y a la vez no tan tecnológico: una suerte de entramado de influencias, estrategias y, por supuesto, los abogados correctos. El caso de la quiebra impuesta a Curauma S.A., auspiciada y patrocinada por Euroamerica Seguros de Vida S.A. y su presidente Henry Comber Sigall (si…, el mismo de la colusión de Enjoy…), es un ejemplo claro de cómo funciona este engranaje oculto. La historia es conocida: una solicitud de quiebra injustificada e ilegal, pero que, aún así, encontró su camino hacia el juzgado preciso fuera de la jurisdicción correspondiente, con la jueza adecuada para dictar una resolución favorable. La clave está en saber cuándo y cómo presentar los papeles, quién los presenta, y, lo más importante, dónde. El sistema judicial chileno, con sus normas procesales y su estructura burocrática, permite a quienes lo conocen en profundidad jugar con los tiempos y las formas. Aquí es donde entran en escena los abogados de renombre. En este caso, nombres como José Miguel Huerta y Cristóbal Eyzaguirre aparecen en el tablero, señalados como parte de un equipo que supuestamente maneja con precisión quirúrgica los engranajes del sistema.   ¿Suena familiar?   No basta con presentar una demanda: hay que saber qué día y a qué hora hacerlo, para que, por azares del destino o por un control más sutil, el caso llegue al tribunal más favorable. No es la primera vez que se habla de esta práctica en el ámbito judicial chileno. Desde hace años, se ha acusado a ciertos actores del sistema de aprovechar los vacíos legales y las conexiones personales para manipular la justicia a su favor. Esto ha sido una crítica constante y uno de los motivos por los cuales se ha señalado la necesidad de reformas profundas, reformas que no llegaron en los años 80 y que hoy son urgentes, a medida que casos como el de Curauma exponen las grietas del sistema. Sin embargo, este “algoritmo” no es solo un conjunto de maniobras procesales. Es un entramado más complejo, una red de influencias y poder que se extiende desde los pasillos de los tribunales hasta los despachos de las grandes firmas de abogados. Operar esta llave mágica no es para cualquiera; se necesita no solo el conocimiento de la ley, sino también las conexiones adecuadas. En el Caso Curauma, el desenlace es conocido, pero las preguntas que deja abiertas son muchas.   ¿Cuántos otros casos han seguido este camino invisible, transitando por un laberinto donde las reglas del juego las dictan unos pocos? Y más importante aún: ¿es posible romper este ciclo, o el sistema judicial chileno seguirá siendo terreno fértil para quienes saben jugar sus cartas?

Los escándalos de colusión en Chile, como los de Enjoy y otros sectores, han revelado graves irregularidades en la competencia empresarial. Sin embargo, el #CasoCurauma y el fraude llevado a cabo por Euroamerica Seguros de Vida representan un nivel aún más preocupante de abuso financiero, en el que una empresa aseguradora utilizó su poder y posición privilegiada para despojar ilegalmente a Curauma S.A. de sus activos, en una trama cuidadosamente orquestada para quedarse con la garantía sobre la empresa. Los casos de colusión, como el de Enjoy, implican acuerdos entre competidores para fijar precios y restringir la competencia. Aunque estas prácticas son graves y dañan a los consumidores, se mantienen dentro del ámbito de la competencia desleal. Las empresas que incurren en colusión se benefician del control de precios y márgenes de ganancia, en detrimento de los usuarios. El fraude de Euroamerica Seguros de Vida y de sus ejecutivos Henry Comber y Nicholas Davis en el #CasoCurauma va mucho más allá de una simple falta de competencia. Aquí, la aseguradora no solo manipuló las condiciones financieras de la inmobiliaria, sino que orquestó un esquema para apropiarse de la garantía sobre los activos de Curauma S.A. Con pleno conocimiento de la crisis financiera que atravesaba la empresa, Euroamerica Seguros de Vida utilizó su posición como acreedor para diseñar un proceso que derivó en la quiebra ilegal de la compañía. Esta quiebra no fue un accidente ni resultado de malas decisiones empresariales: fue el producto de una planificación premeditada para apoderarse de bienes valiosos a expensas de otros acreedores e inversionistas. La colusión afecta principalmente a los consumidores al generar un sobreprecio en productos o servicios esenciales. En el caso de Enjoy, los consumidores fueron privados de una competencia justa en el mercado de casinos, lo que llevó a precios más altos y menos opciones en entretenimiento. El impacto del fraude de EuroAmerica Seguros de Vida es más profundo y devastador. No se trató de una simple pérdida para los cerca de 1.600 accionistas minoritarios de Curauma S.A., sino de un ataque directo a la estructura de confianza en los mercados financieros y empresariales de Chile. Euroamerica Seguros de Vida, mediante maniobras financieras y legales, se aseguró de que fuera el único beneficiario de la quiebra de Curauma S.A., apropiándose de las garantías mientras dejaba a otros acreedores con las manos vacías. Este tipo de fraude no solo afecta a los involucrados directamente, sino que debilita la confianza en las instituciones financieras del país. Las sanciones en casos de colusión, como el de Enjoy, suelen incluir multas considerables impuestas por la FNE, pero rara vez se hace justicia completa para los consumidores afectados. Aunque las multas buscan disuadir futuras colusiones, estas sanciones económicas no siempre corrigen el daño generado. En el #CasoCurauma, la situación es mucho más alarmante. Euroamerica Seguros de Vida, a pesar de su evidente manipulación de la quiebra para quedarse con la garantía de la empresa, ha logrado evadir consecuencias severas, hasta ahora...  El sistema judicial, que carece de mecanismos suficientemente robustos para enfrentar fraudes financieros de este calibre, ha permitido que  Euroamerica Seguros de Vida mantenga su posición dominante y continúe beneficiándose de la quiebra que ayudó a provocar.  Los escándalos de colusión muestran la necesidad de una supervisión más estricta y sanciones más severas para proteger a los consumidores. La FNE y el TDLC han tomado medidas importantes, pero estos casos siguen siendo recurrentes, lo que sugiere que los incentivos para coludirse aún superan el riesgo de las sanciones. Fraude en #CasoCurauma : el fraude de Euroamerica Seguros de Vida expone fallos mucho más profundos en el sistema judicial chileno. La capacidad de una aseguradora de este tamaño para apropiarse de activos mediante maniobras legales y financieras evidencia la urgente necesidad de una reforma estructural en el sistema de insolvencias y en la regulación de los mercados de capitales. Este caso subraya la importancia de una mayor supervisión y transparencia en las operaciones de grandes empresas financieras y aseguradoras, así como la necesidad de sanciones penales efectivas para quienes abusan del sistema en detrimento de otros actores económicos.

En Chile, la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que garantiza a todos los ciudadanos el acceso a una justicia imparcial, equitativa y transparente. Este principio, consagrado en la Constitución de Chile y respaldado por tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, enfrenta desafíos significativos debido a la "porosidad" del sistema judicial, es decir, su vulnerabilidad a influencias externas que comprometen su imparcialidad. Según datos de Transparencia Internacional, en 2023 Chile se ubicó en el puesto 27 del Índice de Percepción de la Corrupción, lo que refleja preocupaciones sobre la integridad de sus instituciones, incluyendo el sistema judicial. Esta situación ha generado desconfianza en la ciudadanía y la percepción de que el acceso a la justicia es desigual. En este contexto, instituciones clave como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) tienen el mandato de preservar la transparencia en sectores de alta complejidad. Sin embargo, los desafíos estructurales han complicado su labor en un sistema judicial que no ha sido reformado integralmente desde los años 80. La tutela judicial efectiva busca garantizar que los ciudadanos puedan acceder a procesos judiciales justos. Sin embargo, la falta de una reforma estructural desde hace más de 40 años ha permitido que el sistema judicial chileno quede rezagado, limitando su capacidad para enfrentar los cambios sociales y económicos actuales. Un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 2021 reveló que el 65% de los encuestados considera que el sistema judicial chileno está “poco o nada” preparado para resolver conflictos que involucren intereses económicos significativos, como es el caso de las quiebras o procesos de insolvencia. La CMF, encargada de supervisar el mercado financiero en Chile, cuenta con un presupuesto anual de 33.000 millones de pesos chilenos (aproximadamente USD 36 millones), destinado a prevenir y sancionar prácticas de colusión o manipulación financiera. Sin embargo, su actuación en el caso Curauma ha suscitado fuertes cuestionamientos.  Desde 2013, cuando Euroamérica Seguros de Vida, tras haber recibido el pago del crédito que la vinculaba con Curauma S.A., se apropió de la garantía de esta empresa —a pesar de que la deuda estaba completamente saldada—, la CMF ha mantenido un prolongado silencio, lo cual muchos interpretan como un acto de negligencia o incluso complicidad. La inacción de la CMF en este caso específico evidencia, para muchos críticos, la falta de vigilancia efectiva sobre empresas del sector financiero y su tendencia a evitar enfrentamientos con grandes actores económicos. Este tipo de situaciones no solo cuestiona el compromiso de la CMF con la transparencia, sino que pone en riesgo la tutela judicial efectiva, pues la institución no intervino para proteger los derechos de Curauma S.A., ni de sus más de 1.600 accionistas minoritarios y acreedores en una situación evidentemente irregular.  La SUPERIR tiene el rol de supervisar los procesos de insolvencia y proteger los derechos de los acreedores. Este organismo recibió 10.500 solicitudes de reorganización y quiebra de empresas en 2023, según sus propias estadísticas. En el caso Curauma, las irregularidades en el proceso de quiebra también plantearon dudas sobre la imparcialidad judicial, pues se denunció que la operación benefició a ciertos intereses privados en detrimento de otros. A pesar del mandato de la SUPERIR, que abarca procesos de insolvencia que involucran activos de hasta 30 mil millones de pesos chilenos (USD 32 millones), la falta de transparencia y de control interno en estos procesos resalta las limitaciones del sistema para cumplir con la tutela judicial efectiva. La FNE, que regula la competencia económica, también ha enfrentado dificultades. En 2022, la FNE realizó 137 investigaciones por prácticas anticompetitivas, de las cuales solo el 10% culminó en sanciones firmes. En el caso del sector de casinos, se alegó colusión entre empresas para evitar competencia en licitaciones, una práctica que afecta a los consumidores y distorsiona el mercado. La falta de sanciones contundentes en estos casos es un reflejo de la vulnerabilidad del sistema frente a intereses privados, y evidencia cómo la porosidad judicial permite que actores económicos influencien los resultados de los procesos judiciales. La porosidad judicial en Chile permite que actores privados influyan en el sistema, afectando la imparcialidad y la igualdad ante la ley. Según el Índice de Transparencia Judicial 2022, un 58% de los chilenos percibe que el sistema judicial es vulnerable a la corrupción y el tráfico de influencias. En casos de alto perfil como el de Curauma, los cuestionamientos se multiplican, con procesos judiciales que parecen estructurados para favorecer intereses específicos, generando desconfianza en la ciudadanía y afectando la credibilidad del sistema. Los costos sociales de esta percepción son altos, pues debilitan el respeto por las instituciones y la cohesión social. La tutela judicial efectiva en Chile enfrenta desafíos complejos, derivados de un sistema judicial que no ha sido reformado en décadas y que se muestra vulnerable a influencias externas. La CMF, la SUPERIR y la FNE, pese a cumplir roles esenciales para la regulación y la transparencia, encuentran limitaciones para garantizar la igualdad de acceso a la justicia en casos complejos que involucran grandes intereses económicos. La cuestionable actuación de la CMF en el Caso Curauma refuerza la percepción de que ciertas instituciones se muestran permisivas, cuando no cómplices, ante actores con poder económico significativo, comprometiendo así la confianza en el sistema. Una reforma estructural al sistema judicial es urgente para fortalecer estas instituciones y reducir la porosidad. Según un informe del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) de 2023, una reforma integral que incluya la creación de mecanismos internos de control y transparencia podría reducir los casos de corrupción en un 30% y mejorar la percepción ciudadana en un 40%. El fortalecimiento de los sistemas de control, transparencia y sanción contra el tráfico de influencias es esencial para garantizar el derecho de todos los chilenos a una justicia efectiva, igualitaria y libre de influencias indebidas.

Por Carlos Alzamora B. Santiago, Chile. 14-oct-2024. El Desenfoque.  Un reportaje de la periodista Paulina Allende-Salazar (“Relaciones peligrosas entre abogados, fiscales y jueces”, Punto por Punto, El Mostrador, 14-oct-2024) expone una red articulada de figuras clave del sistema judicial chileno, en que aparecen el fiscal nacional Ángel Valencia y el exfiscal metropolitano oriente Manuel Guerra, además de otros influyentes abogados y jueces, para manipular procesos. Con amplias conexiones en los más altos niveles del sistema, estos profesionales parecen operar en los márgenes de la legalidad del sistema judicial para influir en procesos a su favor. Acciones de esta naturaleza son las que generan desconfianza en la justicia y contribuye a la percepción de corrupción y tráfico de influencias y dineros en ella. A lo que ayuda enormemente la falta de separación entre funciones jurisdiccionales y disciplinarias, así como procedimientos ineficaces, agravando aún más la percepción de un sistema judicial vulnerable. Pero ello no parece ser nuevo en el país. El conocido caso Quiebra de Curauma de hace ya una década (2013) en Valparaíso comparte varias similitudes con lo descrito en el reportaje. En él, abogados, jueces y representantes de distintas instituciones, encargados de velar por la justicia y la fe pública de un proceso, operaron en un entorno donde sus conexiones personales y el conocimiento técnico del sistema les permitieron manifiestas manipulaciones del proceso judicial. Todo comenzó con una operación financiera en 2004 entre EuroAmerica Seguros de Vida, presidida por Henry Comber Sigall ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile (hoy acusado y multado por colusión en el Caso Enjoy), y Curauma S.A., empresa inmobiliaria a la que se otorgó un crédito de USD 25 millones a ocho años. Ello no solo a una tasa superior a la Tasa Máxima Convencional (TMC), sino además garantizado por 2.500 hectáreas en alto Valparaíso (Curauma), tasadas en más de USD 500 millones. A pesar de que el crédito fue pagado en su totalidad (USD 36 millones, U$25 millones más U$11 millones de interés), la prestamista EuroAmerica Seguros de Vida retuvo la garantía y la transfirió a una empresa filial, lo que provocó una disputa legal que culminó en la quiebra forzada de Curauma S.A. Esta acción no solo impactó profundamente a la empresa, sino también a cerca de 1.600 accionistas minoritarios, sin que la CMF interviniera. Además, el abandono del crucial proyecto de desarrollo urbano en el Gran Valparaíso generó un significativo costo social y económico para el municipio, la región y su comunidad, afectando gravemente su crecimiento y bienestar hasta el día de hoy. El caso involucró maniobras judiciales como el arbitrario traslado de la causa de Valparaíso (jurisdicción de Curauma S.A.) a Santiago, la manipulación del algoritmo de asignación de causas y la presentación de una solicitud de quiebra irregular ante el 2º Juzgado Civil de Santiago, bajo la jueza Inelié Durán Madina, por una supuesta deuda impaga de apenas 80 millones de pesos chilenos. En estas acciones participaron el abogado Julio Bustamante Jeraldo, ex superintendente de pensiones, y un abogado de la TGR. Estos personajes y tácticas aseguraron un fallo favorable para EuroAmerica, permitiendo que Comber se hiciera de tierras cuyo valor excedía 16 veces el monto del crédito original. La operación, representada por los renombrados abogados José Miguel Huerta y Cristóbal Eyzaguirre (Claro y Cía.), ilustra cómo las conexiones entre empresarios, abogados y jueces permiten la manipulación del sistema judicial, reflejando el patrón acertadamente descrito por la periodista Allende-Salazar. Un aspecto crucial en este caso fue el silencio de los medios de comunicación, que contrasta significativamente con la intensa cobertura del reciente escándalo de colusión de casinos (Enjoy, Dreams, Marina del Sol). Mientras que el Caso Enjoy ha generado una amplia atención mediática, el Caso Curauma pasó mayormente desapercibido, lo que pone en evidencia la eventualidad sobre cómo intereses poderosos pueden influir la narrativa pública noticiosa. Asimismo, en el Caso Curauma, instituciones como la CMF, la TGR y la Superintendencia de Insolvencias (ex de Quiebras) tampoco actuaron con la diligencia necesaria para proteger a los afectados, facilitando con ello la manipulación de todo el proceso. Hasta el día de hoy su inacción ha dejado sin respuesta demandas concretas de aspecto esenciales de ilegalidades, como por ejemplo negociaciones entre empresas coaligadas de EuroAmerica. Lo curioso de ambos casos es que los actores y las empresas se repiten, lo que en absoluto es inusual en un mercado financiero tan pequeño como el chileno, pero que requeriría de mayor finura regulatoria. Sobre todo frente a la SEC norteamericana, país en el cual convergen a operar financieramente todas estas empresas. Así, esta especie de Deja Vu inevitablemente repercutirá en la reputación financiera y regulatoria del país. Esa desconexión entre discurso ético y legal y acciones concretas no es solo algo exclusivo de los organismos regulatorios públicos. También en el Caso Curauma alcanzó a la CPC, que representa al sector empresarial, que en esa oportunidad falló en asumir un rol activo para promover un ambiente empresarial ético, lo que contrasta hoy con su firme postura ante el escándalo de colusión de Enjoy. Es de esperar que tal reacción no sea solo una manera reactiva de accionar cuando el escrutinio mediático y público lo exige, sino una rectificación a firme sobre el futuro empresarial del país. https://desenfoque.cl/2024/10/15/los-operadores-judiciales-tramposos/

Por Arístides Tongue / 22-oct-2024 / www.desenfoque.cl La reciente destitución de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, ha desatado un terremoto en el sistema judicial chileno. Pero mientras todas las miradas se centran en la Corte Suprema, un actor clave de la transparencia del sistema judicial permanece fuera del escrutinio. Se trata de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Esta entidad, dirigida por Ricardo Guzmán Sanza, depende directamente de la Corte Suprema, y controla todos los recursos económicos y administrativos que permiten la operatividad de los tribunales, incluidos los recursos digitales y todo lo tecnológico del Poder Judicial. Pero sigue siendo una institución opaca y desconocida para todo el público. El estatus funcionario de su director sigue siendo un misterio luego que presentara su renuncia con motivo del escándalo de compra de autos Lexus para algunos ministros de la Corte Suprema a principios de año. Esta renuncia no fue aceptada por la Corte Suprema, la que determinó que previamente debía realizarse un sumario interno y todo quedó en la opacidad y hasta ahora sin aclarar. La percepción entre los operadores del sistema judicial, jueces, abogados y auxiliares de justicia es que la CAPJ es una caja de pandora de malas prácticas, y que la actual crisis es el peor momento para realizar cualquier investigación interna que pudiera abrir nuevos problemas que involucren a toda la Corte y por muchos años. La CAPJ, con un presupuesto de 109.357 millones de pesos chilenos en 2023 (aproximadamente 125 millones de dólares más los aportes extraordinarios en determinados años destinados a construcción y habilitación de sistemas y nuevos tribunales de justicia), tiene la responsabilidad de asegurar el funcionamiento eficiente de los tribunales. Su director (?), Ricardo Guzmán Sanza, ingeniero comercial de la Universidad Arturo Prat y magíster en Ciencias Políticas -según algunos de los títulos que exhibe, entre los cuales también figuran algunos que son falsos- dirige un organismo que maneja toda la infraestructura, la tecnología y el personal que hacen posible la administración de justicia. Sin otro superior que la Corte Suprema quien la gobierna mediante una comisión de cinco ministros que siempre preside el presidente de turno de la Corte experimentó un desarrollo explosivo con la creación de nuevos tribunales y procedimientos, como los de familia y los de Garantía de la reforma procesal penal. El algoritmo que decide el destino de las causas Entre las reformas, todas parciales que ha experimentado el sistema judicial, ha habido un proceso de modernización digital, entre cuyas medidas está la de pasar de procedimientos impresos y presenciales, a procedimientos total o parcialmente digitales. Ello, ha generado que uno de los elementos más críticos y menos comprendidos y transparentes que administra la CAPJ sea el algoritmo de distribución de causas civiles. Este sistema, que resulta prácticamente invisible para el ciudadano común, es clave para decidir la igualdad ante la ley en Chile, pues determina qué juez verá un caso ingresado a la vista de la justicia, qué tribunal lo acogerá y cuándo se le dará prioridad y dictará sentencia. En un país donde los tiempos de tramitación judicial pueden durar hasta décadas, este algoritmo es mucho más que un simple mecanismo, y se convierte en la columna vertebral del acceso y la administración de justicia y en el manejo transparente de la sala judicial. Pero su funcionamiento ha sido objeto de acusaciones fundadas de manipulación en casos emblemáticos como el Caso Curauma entre la V Región y Santiago; y el caso de inscripción ilegal de camiones en todo el país y otros de quiebras y remates, donde se ha manipulado el algoritmo para que las causas vayan a determinados tribunales y así favorecer a ciertos actores. Las denuncias hechas han quedado sin respuesta hasta ahora (existen demandas pendientes de investigación) pues la CAPJ ha sido incapaz o no ha querido entregar los logs de su sistema digital de causas, que son el registro esencial para hacer la auditoría de su sistema digital y determinar fehacientemente cómo y cuándo se realizó una manipulación del algoritmo. Los logs, que se usan desde hace décadas en los sistemas digitales registran de manera automática cuando se interrumpe un servicio, por cuanto tiempo y fecha y cuándo y quién lo reinicia desde el exterior. Es decir, un sistema de seguridad y verdad que la CAPJ no tendría o no quiere entregar. Todo ello levanta serias dudas sobre los criterios del algoritmo y la ausencia de mecanismos de auditoría. Si bien debería garantizar una distribución equitativa de las causas, su falta de transparencia y vulnerabilidad a manipulaciones agravan la incertidumbre en un sistema ya sobrecargado, generando serias preocupaciones sobre su verdadera imparcialidad. La pregunta clave es: ¿Quién supervisa a la CAPJ? Su concentración de poder y la falta de rendición de cuentas la han convertido en un actor fundamental que opera bajo el radar de la transparencia y la responsabilidad pública. Y resulta evidente que durante años la Corte Suprema no lo ha hecho, lo que sí resulta un notable abandono de deberes, sin rendir cuenta pública y que complica directamente a toda la Corte en su conjunto y en especial a todos los ministros que han ejercido en su comisión de control interno. Columna en Desenfoque: https://desenfoque.cl/2024/10/22/la-crisis-de-la-corte-suprema-y-la-falta-de-transparencia-en-la-capj/

El sistema de asignación de causas del Poder Judicial de Chile, administrado por la Comisión para la Asignación de Causas Judiciales (CAPJ), tiene la responsabilidad crucial de garantizar la distribución equitativa y aleatoria de las causas entre los tribunales. Sin embargo, este sistema presenta importantes deficiencias en transparencia, verificabilidad y trazabilidad, lo que compromete la imparcialidad del proceso judicial y pone en riesgo la confianza pública en la justicia.   Una de las principales fallas es la falta de un registro histórico y documentación clara del algoritmo de asignación, tanto anterior como posterior a 2014. La eliminación de tablas temporales con información clave sobre los tribunales disponibles durante la asignación impide realizar auditorías adecuadas. Esto genera un vacío en el control del sistema, ya que no es posible verificar si las causas fueron asignadas de manera justa. La falta de trazabilidad conlleva un riesgo latente de manipulación, lo que afecta gravemente la confianza en el sistema judicial.   Otro aspecto crítico es la dependencia de variables manipulables en el proceso de asignación. El uso de la hora exacta de ingreso de una causa para su asignación puede parecer aleatorio, pero la falta de claridad sobre cómo se ordenan los tribunales disponibles deja espacio para posibles manipulaciones. Si el orden no es transparente y puede alterarse, la imparcialidad del sistema queda comprometida, debilitando la equidad de la justicia.   Además, la auditoría limitada del sistema es una amenaza significativa. La falta de registros permanentes que documenten tanto los segundos de ingreso como el orden de los tribunales impide verificar la correcta aplicación del algoritmo. Esto deja el proceso sin una supervisión efectiva, lo que agrava las dudas sobre su funcionamiento y permite que persistan fallas estructurales.   El impacto de estas deficiencias se agrava en casos de alta relevancia, como el Caso Curauma y el Caso LATAM, donde las implicaciones económicas y legales son considerables. La falta de transparencia y el riesgo de errores o manipulaciones en la asignación pueden tener consecuencias devastadoras, erosionando la confianza en el sistema judicial y comprometiendo la percepción pública de su imparcialidad.   Hay evidencia de que algunos abogados explotan las vulnerabilidades del sistema en beneficio propio o de sus clientes. Un abogado que comprende cómo se utilizan variables como la hora exacta para asignar causas podría manipular el momento de ingreso de un caso, aumentando las probabilidades de que sea asignado a un tribunal favorable.   En casos más graves, podría darse la colusión entre abogados y funcionarios judiciales para alterar la asignación de causas. Si un abogado tiene acceso a funcionarios que pueden influir en el proceso, esto plantea un riesgo de corrupción, lo que mina la confianza pública en la integridad del sistema judicial.   El sistema de asignación de causas judiciales en Chile necesita una reforma integral para abordar los vacíos en transparencia, verificabilidad y trazabilidad. Es fundamental implementar registros permanentes y accesibles (logs), junto con auditorías externas regulares, para garantizar que el proceso sea justo y no susceptible de manipulaciones.   Si el sistema no se reforma, muchas decisiones podrían ser cuestionadas. Esto llevaría a un aumento de recusaciones y apelaciones, donde las partes pidan que se revisen las decisiones judiciales por considerarlas injustas o manipuladas. Si se prueba que una causa fue asignada incorrectamente, las sentencias podrían ser anuladas y los casos reabiertos, lo que afectaría gravemente la confianza en la justicia.   En casos de manipulación del algoritmo de asignación que resulten en sentencias injustas, los afectados pueden apelar a la justicia internacional, siempre que se demuestre que se ha vulnerado el derecho a un juicio imparcial y se hayan agotado los recursos judiciales en Chile. Esto sería posible bajo tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.   Dicho lo anterior, persiste la duda sobre si realmente existe un algoritmo detrás de la asignación de causas en el Poder Judicial de Chile, o si el proceso se reduce a una planilla tipo Excel que simplemente organiza y ordena la información de manera básica. Esta pregunta no es trivial, ya que la diferencia entre un algoritmo y una herramienta básica de organización de datos puede ser clave para la transparencia y equidad del sistema.   Un algoritmo bien programado incluye procedimientos matemáticos y lógicos que aseguran una distribución aleatoria e imparcial de las causas. En contraste, una simple planilla tipo Excel carece de esas garantías, ya que podría estar expuesta a errores humanos o a manipulaciones. Esto subraya la necesidad de contar con sistemas auditables y verificables, que puedan ofrecer una asignación justa y resistente a interferencias externas. Contar con una plataforma tecnológicamente sólida es esencial para evitar posibles irregularidades y fortalecer la confianza en el sistema judicial. ............ An Excel-like Algorithm The system for assigning cases in Chile’s Judiciary, overseen by the Commission for Judicial Case Assignment (CAPJ), plays a crucial role in ensuring cases are distributed equitably and randomly among the courts. However, the system has significant issues regarding transparency, verifiability, and traceability, which undermines the impartiality of the judicial process and risks eroding public trust in the justice system. One major flaw is the lack of a clear historical record and documentation of the assignment algorithm, both pre- and post-2014. The deletion of temporary tables containing key information about the available courts during assignment hinders proper auditing. This creates a significant oversight gap, as it’s impossible to verify if cases were allocated fairly. The lack of traceability presents a latent risk of manipulation, severely impacting confidence in the judicial system. Another critical issue is the reliance on manipulable variables in the assignment process. Using the exact time a case is filed for its allocation may seem random, but the lack of transparency regarding how courts are ordered leaves room for potential manipulation. If this order isn’t clear and can be altered, the system’s impartiality is compromised, weakening the fairness of the process. Moreover, limited auditing of the system poses a serious threat. Without permanent records documenting the exact seconds of filing and the order of courts, it’s impossible to verify the correct application of the algorithm. This leaves the process without effective oversight, increasing doubts about its functioning and allowing structural flaws to persist. The impact of these deficiencies is even more pronounced in high-profile cases like Curauma (Curauma Case) and LATAM (Airlines), where the economic and legal implications are considerable. Lack of transparency and the risk of errors or manipulation in case assignment can have devastating consequences, eroding trust in the judicial system and undermining public perception of its fairness. There is evidence that some local lawyers exploit the system’s vulnerabilities for their own benefit or that of their clients. A lawyer who understands how variables like the exact filing time are used could manipulate the moment a case is filed, increasing the chances of it being assigned to a favorable court. In more serious scenarios, collusion between lawyers and judicial officials could alter the case assignment process. If a lawyer has access to officials who can influence the process, this presents a risk of corruption, further eroding public trust in the judicial system’s integrity. The case assignment system in Chile urgently needs comprehensive reform to address gaps in transparency, verifiability, and traceability. It is essential to implement permanent, accessible logs and regular external audits to ensure the process is fair and resistant to manipulation. Without reform, many decisions could be questioned. This would lead to an increase in recusals and appeals, with parties requesting that judicial decisions be reviewed due to perceptions of unfair or manipulated case assignment. If it’s proven that a case was assigned incorrectly, sentences could be annulled, and cases reopened, which would severely impact confidence in the justice system. In cases of algorithm manipulation resulting in unjust sentences, the affected parties may appeal to international courts, provided it can be shown that the right to an impartial trial was violated and all domestic remedies have been exhausted. This is possible under treaties such as the American Convention on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, among others. Given the above, the question remains whether a true algorithm exists behind case assignments in Chile’s Judiciary, or if the process is more akin to an Excel sheet simply organizing and ordering data. This is no trivial question, as the difference between a robust algorithm and a basic data management tool is crucial for the system’s transparency and fairness. A well-designed algorithm would include mathematical and logical processes to ensure random and impartial distribution of cases. In contrast, a simple Excel sheet lacks such guarantees, being vulnerable to human error or manipulation. This underscores the need for auditable, verifiable systems capable of ensuring fair assignments, resistant to external interference. A technologically sound platform is essential to avoid irregularities and strengthen public trust in the judicial system.

Chile. Oct 2024 - El #CasoCurauma pone en evidencia una problemática sistemática en Chile: aunque existen leyes diseñadas para proteger el mercado de capitales y garantizar la justicia en los procesos judiciales, estas no se cumplen efectivamente, y las instituciones encargadas de hacerlas cumplir fallan en su rol, permitiendo que intereses privados vulneren el estado de derecho. Este caso no solo revela abusos en el ámbito judicial y financiero, sino también la inacción o complicidad de las instituciones responsables de fiscalizar y aplicar la ley, lo que genera un clima de impunidad y desconfianza en el sistema. La quiebra de Curauma S.A. en 2013, controlada por el empresario chileno Manuel Cruzat Infante, ocurrió bajo circunstancias extremadamente irregulares. La empresa contaba con activos tasados en más de 500 millones de dólares, pero fue declarada en quiebra por una deuda presunta de solo 80 millones de pesos chilenos. Esta deuda no estaba debidamente respaldada ni fiscalizada por la Tesorería General de la República (TGR), que no verificó su legitimidad antes de aceptar la solicitud de quiebra. La solicitud fue presentada en Santiago, a pesar de que la empresa tenía su domicilio legal en Valparaíso, lo que violó las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas (N° 18.046) y la Ley de Jurisdicción. El proceso fue gestionado por el abogado síndico César Millán Nicolet, quien fue acusado de mantener relaciones indebidas con Euroamerica Seguros de Vida S.A., controlada por Henry Comber. Esta relación permitió que Euroamerica se beneficiara de la liquidación de activos a precios muy inferiores a su valor real, lo que perjudicó gravemente a los accionistas minoritarios y otros acreedores. Esto constituye una clara violación de los principios de transparencia y equidad establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas Abiertas en Bolsa y la Ley de Mercado de Valores (N° 18.045), que buscan garantizar el trato justo a los inversionistas en los procesos de quiebra y liquidación. Las instituciones que han fallado en su rol: La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), encargada de la gestión y supervisión de los tribunales, permitió que el proceso de quiebra se tramitara en una jurisdicción incorrecta. Además, facilitó la manipulación del algoritmo de distribución de causas en los tribunales civiles, lo que resultó en la asignación intencionada del caso al 2° Juzgado Civil de Santiago. Comisión para el Mercado Financiero (CMF): Como sucesora de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la CMF debió haber fiscalizado adecuadamente las operaciones financieras de Curauma y las acciones de Euroamerica, una sociedad anónima abierta. No obstante, falló en garantizar la transparencia de las transacciones, permitiendo que los activos de Curauma se liquidaran a precios muy por debajo del mercado, violando la Ley de Mercado de Valores. Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir): La Superir debió investigar de manera más rigurosa las acusaciones de colusión entre el síndico César Millán Nicolet y Euroamerica. No aplicó controles estrictos para evitar los abusos en el proceso de liquidación de los activos, lo que dejó a los accionistas minoritarios desprotegidos. Tesorería General de la República (TGR): La TGR no fiscalizó adecuadamente la deuda que justificó la quiebra de Curauma, a pesar de que esta deuda no estaba respaldada por documentos tributarios válidos. La falta de verificación contribuyó a que el proceso avanzara sin base legal sólida, afectando negativamente a los acreedores. Tribunales de Justicia: Los tribunales involucrados en el caso no actuaron con imparcialidad ni eficiencia. Permitieron que la quiebra se solicitara en Santiago, a pesar de que la Ley de Jurisdicción exigía que se tramitara en Valparaíso, donde la empresa tenía su sede legal. Además, no se investigaron suficientemente las irregularidades en el manejo del proceso, lo que permitió que Henry Comber y Euroamerica se beneficiaran indebidamente de la quiebra. Este caso también tiene ramificaciones en el mercado internacional. Enjoy S.A., una empresa vinculada a Henry Comber, emitió un bono por el 62% del pasivo total de la empresa. Esta emisión en el mercado estadounidense coloca a Enjoy bajo el escrutinio de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), dado que se sospecha que las prácticas de Enjoy, incluido su papel en la colusión en la industria de los casinos en Chile, podrían haber afectado la veracidad de la información financiera presentada a los inversores estadounidenses. La posible manipulación financiera y la ocultación de información relevante podrían derivar en sanciones severas por parte de la autoridad norteamericana. La realidad en Chile: las leyes existen, pero no se cumplen El Caso Curauma y el Caso Latam, por ejemplo, reflejan un sentimiento generalizado en Chile de que, aunque las leyes existen y son claras, no se cumplen de manera efectiva .  Las instituciones responsables de aplicar estas leyes, como la CAPJ, la CMF, la Superir, la TGR, los tribunales de justicia y parte de la banca privada, no hacen su trabajo. Este incumplimiento, en muchos casos deliberado, viola abiertamente las normativas vigentes, beneficiando a actores poderosos y dejando desprotegidos a los accionistas minoritarios y pequeños inversores. En lugar de ser guardianes del estado de derecho, estas instituciones se han convertido en facilitadores de prácticas ilegales y corruptas, erosionando la confianza pública en el sistema judicial y financiero. El Caso Curauma es un ejemplo paradigmático de cómo el incumplimiento de las leyes y la falta de fiscalización efectiva por parte de las instituciones chilenas permiten que intereses privados manipulen los procesos judiciales y financieros para su beneficio. Las leyes como la Ley de Sociedades Anónimas (N° 18.046), la Ley de Mercado de Valores (N° 18.045) y la Ley de Quiebras (N° 20.720) son claras, pero en la práctica, no se respetan ni se aplican con el rigor necesario . Esto ha creado un ambiente de impunidad y desconfianza en la justicia, no solo en Chile, sino también en el ámbito internacional, donde casos como la emisión de bonos de Enjoy S.A. exponen al país a sanciones y a la pérdida de credibilidad en los mercados de capitales. #CasoCurauma

El #CasoCurauma  expone cómo la empresa Curauma S.A. fue forzada a una quiebra ilegal para que Euroamerica Seguros de Vida S.A., liderada por Henry Comber y Nicholas Davis, se apropiara de una garantía tasada en más de 500 millones de dólares. En 2013, el abogado Julio Bustamante Jeraldo, exdirector de Curauma S.A., solicitó la quiebra en Santiago, pese a que el domicilio legal de la empresa estaba en Valparaíso. Este acto, contrario a las normativas vigentes, se basó en una supuesta deuda de apenas 80 mil dólares, nunca respaldada con pruebas documentales ni registros tributarios. La solicitud violó la Ley de Valores, la Ley de Sociedades Anónimas y las normativas de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy CMF, evidenciando que la deuda fue fabricada para apoderarse de la garantía. El síndico designado, César Millán Nicolet, favoreció los intereses de Euroamerica al gestionar el proceso de forma sospechosa. Millán ha sido acusado de mantener relaciones indebidas con los controladores de Euroamerica, lo que refuerza las sospechas de que la quiebra fue un montaje para consolidar una operación financiera con tasas de interés superiores a la Tasa Máxima Convencional. Además, se manipuló el algoritmo de asignación de causas judiciales para que la quiebra fuera tratada en tribunales de Santiago, garantizando un entorno favorable para los involucrados. Henry Comber y Nicholas Davis, como líderes de Euroamerica, diseñaron la estrategia para apropiarse de los activos de Curauma mediante intereses usureros y maniobras judiciales ilegales. Julio Bustamante, quien presentó la solicitud de quiebra, fue pieza clave al actuar en condiciones irregulares. Por su parte, César Millán, como síndico, facilitó la adjudicación fraudulenta de los activos a Euroamerica. Aunque los activos de Curauma S.A. estaban tasados en más de 500 millones de dólares, la empresa fue llevada a la quiebra utilizando una deuda menor, claramente fabricada. Así, Euroamerica Seguros de Vida se adjudicó la garantía mediante un procedimiento que ignoró normas de competencia, transparencia y ética. Desde 2013, se han presentado múltiples acciones judiciales para revertir esta apropiación ilegal y recuperar lo robado. Estas demandas buscan anular resoluciones irregulares, responsabilizar a los involucrados y restablecer la justicia en favor de Curauma S.A. y sus propietarios. #casocurauma

Crisis habitacional, incendios y el impacto de la paralización de Curauma Valparaíso, 2024 - La Región de Valparaíso enfrenta una crisis habitacional y social exacerbada por la paralización de proyectos clave como la expansión de Curauma hacia Las Cenizas. Esta detención, ligada a procesos judiciales cuestionados, ha tenido efectos devastadores sobre la calidad de vida de los habitantes, en un contexto ya marcado por déficits habitacionales y recurrentes incendios forestales. Crisis habitacional en cifras: Déficit regional: Valparaíso es la segunda región con mayor déficit habitacional en Chile, alcanzando el 6,8% según la Encuesta Casen 2023. Esto representa más de 70,000 familias sin acceso a viviendas adecuadas. Impacto directo: La detención (ilegal) de la expansión de Curauma impidió la construcción de al menos 1,600 viviendas sociales proyectadas, necesarias para reducir la brecha habitacional en la zona. Plan Nacional: Aunque el Plan de Emergencia Habitacional busca entregar 260,000 viviendas a nivel nacional, la paralización de Curauma ha retrasado significativamente el cumplimiento de estas metas en la región. Efectos de la paralización de Curauma hacia Las Cenizas: Falta de desarrollo urbano: El proyecto, que incluía infraestructura habitacional, comercial y sanitaria, habría dinamizado la economía local y generado miles de empleos directos e indirectos. Su detención perpetuó problemas de conectividad y movilidad urbana, afectando el acceso a servicios básicos y oportunidades laborales. Encarecimiento inmobiliario: La falta de oferta habitacional en Valparaíso ha desplazado la demanda hacia Santiago, presionando aún más el mercado inmobiliario de la capital e incrementando el costo de la vida en ambas regiones. El impacto de los incendios forestales: En febrero de 2024, Valparaíso sufrió el peor incendio de la década, con 123 fallecidos, 372 desaparecidos y cientos de viviendas destruidas. Esto dejó a miles de familias en situación de emergencia habitacional. La paralización de proyectos como Curauma ha impedido generar soluciones habitacionales rápidas y sostenibles, dejando a las víctimas sin alternativas viables. Costo social y corrupción judicial: La paralización de Curauma no es solo un problema de planificación urbana, sino un reflejo de las debilidades estructurales del sistema judicial. La manipulación de causas y posibles conflictos de interés despojaron a la región de una oportunidad de desarrollo clave. Los actores involucrados priorizaron beneficios personales sobre el bienestar colectivo, afectando a miles de familias que dependían de la expansión para mejorar su calidad de vida. La crisis habitacional en Valparaíso, agravada por los incendios y la detención de proyectos como Curauma, pone de manifiesto la necesidad de políticas públicas claras y la urgente reforma de un sistema judicial que permita el desarrollo sostenible. No solo se requieren soluciones habitacionales, sino también garantizar que las decisiones legales estén libres de corrupción, para que proyectos fundamentales como este puedan transformar vidas y comunidades. #casocurauma

El fraude en el algoritmo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial: una amenaza para todos. La narrativa de un algoritmo imparcial y eficiente que garantiza la distribución de causas judiciales en Chile se cae a pedazos. Lo que se presenta como una herramienta técnica y neutral es, en realidad, el escenario perfecto para la manipulación encubierta, poniendo en riesgo pilares fundamentales del sistema judicial como la igualdad ante la ley, la probidad pública y la confianza ciudadana. ¿Qué esconde el algoritmo? Un algoritmo no es más que una secuencia de pasos programados para resolver problemas o realizar tareas específicas. Sin embargo, la opacidad con que el Poder Judicial y la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) manejan el algoritmo encargado de la distribución de causas es un fraude probado A pesar de múltiples solicitudes de transparencia, las respuestas son fragmentadas, confusas y contradictorias. La piedra angular del problema radica en la falta de claridad sobre cómo este algoritmo funciona realmente. La CAPJ, en un proceso judicial relacionado con el emblemático #CasoCurauma , admitió en 2023: “No se cuenta con acceso a las fuentes del sistema de distribución de demandas, lo que impide determinar con precisión la función utilizada para realizar la asignación aleatoria.” Sin embargo, es evidente que se aplicó algún criterio, dado que la causa fue asignada a un tribunal específico. Esto plantea una interrogante fundamental: ¿qué criterio se utilizó para dicha asignación? Este reconocimiento no solo pone en evidencia una posible negligencia en la gestión del sistema, sino que también abre la puerta a una sospecha más alarmante: ¿es posible que el sistema haya sido intervenido de manera maliciosa? Desde 2014, el algoritmo supuestamente vigente utiliza la misma base de datos y lenguaje de programación (PL/SQL sobre ORACLE) que operaba desde 1997. Este legado tecnológico implica que los principios de asignación, y posiblemente las vulnerabilidades, no han cambiado. En esencia, se mantiene el procedimiento que prioriza tribunales con menor carga de trabajo y, en caso de empate, aplica un método de aleatorización. No obstante, el verdadero problema no radica en los pasos declarados, sino en lo que no se ha dicho. La CAPJ ha eludido explicar aspectos clave, como el funcionamiento de los criterios adicionales mencionados y luego descartados, así como la ausencia de auditorías independientes para asegurar que las asignaciones sean realmente aleatorias e imparciales. Según Roberto Melipillán, experto en lenguajes digitales, el algoritmo depende de elementos como la hora exacta del procesamiento y el orden de los tribunales al momento de la asignación. Esto, combinado con logs —registros automáticos de las actividades del sistema—, debería bastar para detectar alteraciones. Sin embargo, la falta de acceso a estos registros y la negativa a entregar el código fuente dificultan cualquier auditoría externa. El hermetismo no es un detalle menor: es el terreno fértil para fraudes invisibles. Si alguien tuviera acceso para modificar los parámetros del sistema, podría alterar la asignación de causas en beneficio de intereses particulares, sin dejar huella evidente. Más allá del tecnicismo, lo que está en juego es la credibilidad del sistema judicial. Un algoritmo manipulado socava el debido proceso, genera arbitrariedad y convierte a la justicia en un privilegio de pocos. Además, la falta de transparencia y rendición de cuentas amenaza la reputación del Estado de Derecho chileno y la confianza en las instituciones. Dejar este asunto sin investigar a fondo sería una señal de complicidad o, al menos, de negligencia grave. Los impactos negativos no solo recaen en las partes afectadas en casos concretos, sino que extienden sus consecuencias a toda la sociedad. El desafío para el Ministerio Público Frente a este panorama, el Ministerio Público tiene el deber de asumir un rol activo y decisivo. La tarea no es sencilla, pero es imprescindible. Es urgente auditar el sistema, exigir acceso al código fuente, revisar los logs históricos y, de ser necesario, establecer responsabilidades administrativas y penales. La justicia chilena no puede permitirse brechas de seguridad en su propio corazón. Un algoritmo oscuro es más que una falla técnica: es una amenaza directa al principio de igualdad ante la ley. Y en este caso, la omisión no es solo un error, es un fraude a la confianza pública.

Curauma, un área en expansión dentro de la Región de Valparaíso, ha capturado la atención tanto de los residentes locales como de los planificadores urbanos. Según la Encuesta Signos Curauma agosto 2024, el 88.7% de los encuestados asocia a Curauma con un polo de desarrollo urbanístico para la región. Esta percepción positiva destaca el papel emergente del sector como un centro de crecimiento potencial que podría cambiar la dinámica urbana de Valparaíso. Conocimiento y percepción del proyecto Curauma El conocimiento sobre Curauma es notablemente alto: el 87.5% de los encuestados afirmó conocer su ubicación exacta, y el 90.5% ha visitado la zona al menos una vez ​(encuesta Signos). Este nivel de familiaridad es un indicio claro del impacto que ya tiene este proyecto en la región. La encuesta revela que la percepción general de Curauma es positiva, con un 61.7% de los participantes manifestando una opinión favorable. Esto sugiere una aceptación creciente y una valoración positiva de la zona como parte integral del desarrollo regional. Potencial para la calidad de vida La percepción de la calidad de vida en Curauma es alta. Según el sondeo, un 75.4% de los encuestados considera que la calidad de vida en este desarrollo urbanístico es buena o muy buena, en comparación con otras áreas de Valparaíso y Viña del Mar​. Además, el acceso a servicios básicos, como educación, salud y transporte, es visto como adecuado por el 68.9% de los participantes. Estos factores hacen de Curauma un lugar atractivo para quienes buscan una mejor calidad de vida, contribuyendo a la idea de que se convierta en un nuevo núcleo urbano. Expectativas de crecimiento y desarrollo Las expectativas sobre el crecimiento poblacional de Curauma son significativas. Un 83.2% de los encuestados anticipa un aumento alto o muy alto en los próximos 20 años. Este crecimiento proyectado se ve impulsado por el interés residencial, ya que el 49.5% ha considerado la posibilidad de mudarse a Curauma, y un 59.6% estaría dispuesto a hacerlo si tuviera la oportunidad​. Esto indica un mercado inmobiliario en auge y una demanda creciente por nuevas viviendas y desarrollos residenciales. Desafíos y oportunidades A pesar del optimismo general, la encuesta también destaca algunos desafíos para el futuro desarrollo de Curauma. Un 62% de los encuestados cree que la zona está «muy poco integrada» o «descuidada por las autoridades», lo que sugiere una necesidad urgente de una mejor planificación y gestión. Sin embargo, esta percepción no ha mermado el interés en su potencial, ya que un 77.7% cree que Curauma puede transformarse en un polo urbano cultural y turístico​. Curauma tiene el potencial de convertirse en un polo de desarrollo clave para la Región de Valparaíso. Su percepción positiva, el interés residencial y las expectativas de crecimiento poblacional respaldan la idea de que esta área podría desempeñar un papel central en el futuro urbanístico de la región. No obstante, para maximizar este potencial, será esencial que las autoridades locales y los desarrolladores inmobiliarios trabajen en una planificación integral que aborde los desafíos actuales y mejore la integración de Curauma en el contexto regional. La encuesta de agosto de 2024 es un indicativo claro de las oportunidades y retos que enfrentará Curauma en su camino para convertirse en un nuevo epicentro urbano. Lea acá la encuesta  Encuesta Signos Curauma Agosto 2024 https://desenfoque.cl/2024/11/29/curauma-el-proximo-polo-de-desarrollo-urbanistico-en-valparaiso/