¿Quién controla al Poder Judicial?

En 2025, la denominada “Contraloría Interna” del Poder Judicial se presenta como un órgano supuestamente independiente, encargado de fiscalizar la gestión financiera y operativa de instituciones clave como la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y los tribunales reformados. Sin embargo, esta independencia es solo una fachada. Al estar subordinada directamente al Presidente de la Corte Suprema y al Consejo Superior —las mismas instancias que toman decisiones administrativas y controlan el sistema judicial—, la Contraloría Interna se encuentra atrapada en un esquema de autorregulación que perpetúa la opacidad y auspicia la corrupción.

Un caldo de cultivo para la corrupción

El resultado de esta estructura es alarmante. Las ineficiencias en la administración de recursos son palpables, reflejadas en retrasos prolongados en inversiones esenciales para infraestructura y tecnología. A esto se suma una profunda falta de transparencia: las auditorías internas rara vez son públicas, y los hallazgos que podrían exponer irregularidades y son rutinariamente neutralizados por la propia estructura que debería rendir cuentas. Este diseño no solo perpetúa la opacidad, sino que institucionaliza el acomodo en beneficio de quienes ostentan el poder dentro del sistema.

El Consejo Superior, compuesto por jueces del mismo tribunal que debería ser fiscalizado, simboliza el corazón de un sistema que no se regula a sí mismo, sino que se blinda contra cualquier escrutinio externo. Este modelo no está diseñado para corregir problemas estructurales como la mala gestión de recursos o la ineficiencia operativa. Por el contrario, parece creado para proteger intereses y privilegios de sus altas autoridades. Cualquier intento de fiscalización que comprometa a estas esferas de poder queda atrapado en un sistema hermético que convierte la impunidad en norma.

Forum shopping: un síntoma de descomposición

El forum shopping es la expresión más cruda del colapso regulatorio y la degradación de la justicia en Chile. Esta práctica permite que actores con poder elijan tribunales específicos para obtener fallos favorables, explotando vacíos procedimentales y la permisividad de un sistema judicial que actúa como cómplice de estas manipulaciones. En casos emblemáticos de quiebras fraudulentas o disputas comerciales multimillonarias, los litigios son trasladados estratégicamente a jurisdicciones donde los resultados están prácticamente garantizados. Esto no solo desvirtúa el principio de igualdad ante la ley, sino que también convierte al sistema judicial en un instrumento al servicio de intereses privados.

Datos que evidencian el colapso

Los datos son irrefutables. Un informe de transparencia de 2022 reveló que menos del 30% de las auditorías internas del Poder Judicial resultaron en acciones correctivas significativas. En 2023, el presupuesto asignado a la CAPJ representó un 20% del presupuesto total del Poder Judicial, pero no hay evidencia de que este gasto haya generado mejoras tangibles en la eficiencia operativa o en el acceso a la justicia. Mientras tanto, prácticas como el forum shopping y la opacidad en los procedimientos administrativos persisten, reforzando la percepción de que el sistema está diseñado para proteger privilegios en lugar de impartir justicia.

El Poder Judicial en Chile es hoy un sistema blindado que opera para protegerse a sí mismo. Sus estructuras institucionales no solo fomentan la opacidad y facilitan la manipulación, sino que también crean el escenario perfecto para la corrupción, el cohecho y la incerteza jurídica. La ausencia de una fiscalización efectiva perpetúa los privilegios y deja a la ciudadanía en una posición de indefensión, frente a un sistema que parece más interesado en servir a intereses particulares que en garantizar transparencia, justicia y equidad.

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