¿Por qué la TGR sacrificó USD 80 millones del Fisco de Chile en favor de Euroamerica Seguros de Vida?
- MV
- 11 mar
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El proceso de quiebra de Curauma S.A., inicialmente presentado como un modelo de reestructuración económica dentro del sistema chileno de insolvencia, se ha transformado en un escándalo que expone las profundas grietas institucionales del país. Lo que prometía ser un ejemplo de transparencia y eficiencia se ha desplomado en un caso marcado por la opacidad y una gestión cuestionable.
La Tesorería General de la República (TGR) decretó la quiebra de Curauma S.A., una sociedad cuyo patrimonio, compuesto por terrenos inmobiliarios clave para el desarrollo de Valparaíso, tenía tasaciones que superaban con creces el valor de su pasivo. Este hecho permitía prever razonablemente la recuperación total de la acreencia fiscal, estimada en USD 80 millones. Sin embargo, sin respaldo técnico ni financiero alguno, y sin lógica ni sentido común aparente, la TGR optó por una vía que renunció a esta suma, asestando un golpe devastador al erario nacional. Resulta difícil imaginar que una decisión de tal magnitud —equivalente a desechar una fortuna pública— se tomara sin la dirección o autorización de autoridades superiores, lo que alimenta sospechas de manejos que bordean lo ilícito.
El origen de la controversia se remonta a 2013, cuando la TGR, entonces liderada por Sergio Frías Cervantes, rechazó de manera inexplicable un convenio judicial preventivo respaldado por un informe técnico sólido del síndico informante. Este acuerdo habría maximizado los retornos para los 1.600 accionistas y demás acreedores, incluido el Fisco, cuya acreencia representaba el 71,1% del pasivo total de la quiebra a diciembre de ese año. No obstante, por motivos que aún no se esclarecen, la TGR desechó esta alternativa y favoreció un desenlace que únicamente ha beneficiado a Euroamerica Seguros de Vida, controlada por Nicholas Davis y Henry Comber —este último implicado en 2024 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en un caso de colusión vinculado a Enjoy—.
Las acusaciones más graves trascienden la simple ineptitud y apuntan a un posible esquema de favoritismo, en el que la TGR habría sido instrumentalizada para privilegiar a Euroamerica, comprometiendo la fe pública y causando un daño significativo al patrimonio estatal. Ante este escenario, la Contraloría General de la República (CGR), con su prestigio en la defensa de la probidad, se erige como la institución idónea para esclarecer los hechos.
Como acreedor mayoritario, la TGR asumió la presidencia de la junta de acreedores, consolidando un control que, aunque legal, resulta éticamente controvertido. La actuación de su representante, Cristián Huerta Bustamante, ha sido objeto de escrutinio, reflejado en una denuncia presentada el 6 de diciembre de 2024 ante la CGR (N°W060079-2024) y en una solicitud directa del 4 de marzo de 2025 a la Contralora General, Dorothy Pérez, sobre irregularidades notificadas al Tesorero General. Al 9 de marzo de 2025, estas no han recibido respuesta oficial, lo que refuerza la percepción de una gestión opaca y temeraria, desprovista de sustento técnico o autorizaciones claras.
El síndico de quiebra, César Millán Nicolet, cuya cercanía con los controladores de Euroamerica pone en duda su imparcialidad, está bajo la lupa de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR), dirigida por Hugo Sánchez Ramírez. Actualmente, enfrenta una investigación administrativa por presuntas irregularidades financieras y de otra índole en la conducción del proceso. Sin embargo, la fiscalización de oficio iniciada por la SUPERIR el 4 de abril de 2024, destinada a aclarar estas anomalías, permanece estancada tras casi un año, evidenciando una ineficacia que mina la confianza en su rol regulador.
Por su parte, la Municipalidad de Valparaíso, encabezada por la alcaldesa Camila Nieto Hernández y su representante Nicolás Guzmán Mora, respaldó un intento de remate del terreno de Curauma a un valor notoriamente subvaluado, agravando el perjuicio a los acreedores. La negativa inicial a entregar información solicitada bajo la Ley de Transparencia, aún no corregida pese a una orden del Consejo para la Transparencia (CPLT), sugiere una posible obstrucción o, en el mejor de los casos, una gestión técnica deficiente.
Los veinte intentos fallidos de remate y el avenimiento con Euroamerica han prolongado un proceso que deteriora los activos y afecta especialmente a los acreedores más vulnerables. Este caso pone al descubierto un sistema donde la hegemonía del Fisco y la fragmentación institucional alimentan una desconfianza ciudadana plenamente justificada.
En este contexto, la CGR, liderada por Dorothy Pérez, emerge como un faro de esperanza. Su reconocida solvencia y compromiso con la rendición de cuentas la posicionan como la entidad clave para desentrañar este entramado, ofreciendo una vía para restaurar la confianza en las instituciones públicas ante un episodio que exige justicia con urgencia.
Marzo de 2025