Más allá de toda duda razonable
- MV
- 3 abr
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El caso de Curauma S.A., cuya quiebra ilegal y forzada se declaró en 2013, ha sido durante más de una década un símbolo de las grietas que amenazan la integridad del sistema judicial chileno. Lo que comenzó como un proceso concursal ordinario se ha transformado en una madeja de irregularidades que pone en jaque la confianza pública en la administración de justicia.
Y hoy, cuando hasta la misma Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) reconoce -por escrito- que no se respetaron los criterios establecidos para la distribución de causas, cabe preguntarse: ¿qué más pruebas se necesitan para admitir que algo anda profundamente mal?
La historia es clara en sus hechos básicos. La quiebra de Curauma S.A., según los protocolos oficiales de la CAPJ, debía ser asignada al 6º Juzgado Civil de Santiago, conforme a los criterios de distribución vigentes en 2013, basados en la carga de trabajo y la aleatoriedad objetiva. Sin embargo, en un giro inexplicable, la causa fue redirigida al 2º Juzgado Civil de Santiago.
Este desvío no fue un error aislado ni un accidente fortuito: la CAPJ misma ha admitido, en respuestas oficiales emitidas en el marco de investigaciones posteriores, que no se cumplieron sus propios parámetros. En un oficio de mayo de 2022, la entidad reconoció que el tribunal asignado no correspondía según sus reglas. Este reconocimiento, aunque tibio y envuelto en tecnicismos, es una confesión devastadora: el sistema que debía garantizar imparcialidad y transparencia falló, y lo hizo de manera deliberada. La pregunta que surge es obvia: si la CAPJ admite que no se siguieron los criterios establecidos, ¿por qué seguimos debatiendo si hubo manipulación?
La evidencia está sobre la mesa. La asignación al 2º Juzgado Civil, un tribunal que ha aparecido reiteradamente en casos de alta connotación como la insolvencia transfronteriza de LATAM, no puede ser casualidad. Las probabilidades estadísticas, según peritajes independientes, sitúan la posibilidad de que estas causas recayeran en el mismo juzgado en 0,175%. Esto no es una anomalía; es un patrón.
A esto se suman las irregularidades procesales y de organismos de fé pública que han marcado el caso Curauma desde su origen: desde la sospechosa paralización de un acuerdo de reorganización en Valparaíso hasta la designación exprés de un síndico y la entrega de activos valiosos a Euroamerica Seguros de Vida S.A. en condiciones escandalosas.
Cada paso parece haber sido diseñado para beneficiar a ciertos actores en detrimento de la justicia y los acreedores. Y cuando el empresario Manuel Cruzat Infante y otros afectados, como Jorge Said Yarur en el caso LATAM, han exigido respuestas, se han topado con un muro de evasivas y dilaciones. La CAPJ, requerida en múltiples ocasiones por la Fiscalía y la PDI, tardó seis meses en entregar información parcial sobre el algoritmo de distribución, y aún hoy sus respuestas son insuficientes para esclarecer cómo y quién manipuló el sistema. Si hasta la entidad encargada de la gestión administrativa del Poder Judicial reconoce que se incumplieron las reglas, ¿qué más se necesita para actuar?
La justicia no puede seguir escondiéndose tras la excusa de “diligencias pendientes” o la falta de acceso a códigos informáticos completos. El caso Curauma no es solo una disputa entre privados; es una prueba de fuego para la credibilidad del sistema judicial chileno. Permitir que esta sombra permanezca sin resolverse es validar un precedente peligroso: que las causas pueden ser dirigidas a tribunales “convenientes” con total impunidad.
Más allá de toda duda razonable, la manipulación en la distribución de la quiebra de Curauma S.A. es un hecho que clama por justicia. No se necesitan más pruebas; se necesita voluntad para enfrentar la verdad y sancionar a los responsables. Porque mientras el Poder Judicial titubee, la fe pública seguirá erosionándose, y con ella, el principio básico de igualdad ante la ley.