La verdad incómoda
- MV
- 9 abr
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El 8 de abril de 2025, el 21º remate de 535 hectáreas de Curauma, ofrecidas a un 10% de su valor óptimo, no atrajo postores. Esto desmiente la afirmación de que el terreno no tiene gravámenes, pues está plagado de juicios civiles y querellas penales, y evidencia la depreciación sistemática, la ilegitimidad de los procesos y la vulneración de los derechos económicos fundamentales.
Concebido como un promisorio desarrollo para el Gran Valparaíso y la Macro Zona Central de Chile, Curauma ha sido transformado en un emblema de corrupción, como revelan las denuncias de Manuel Cruzat Infante frente a un silencio institucional intolerable. Este mutismo, unido a la omisión, la desinformación deliberada y la dilación, prueba que las entidades responsables de la justicia y la transparencia operan conjuntamente en una compleja red de tráfico de influencias. Estas instituciones protegen el statu quo y socavan gravemente el Estado de Derecho.
Desde la quiebra de Curauma S.A., hace más de una década, las acusaciones son contundentes: manipulación en la distribución de causas civiles, remates a precios irrisorios y una gestión judicial objetable y probadamente manipulada. Los activos tasados en millones se liquidaron por fracciones mínimas. Mientras tanto, las instituciones permanecen en silencio. La CAPJ (Comisión Administrativa del Poder Judicial) desinforma activamente sobre alteraciones en su sistema; la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento omiten fiscalizar; la TGR (Tesorería General de la República), en perjuicio del Fisco, permite la dilapidación de recursos; y el Poder Judicial dilata las evidencias, obligando a Cruzat Infante a recurrir a la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos). Medios de comunicación, líderes de opinión, el Colegio de Abogados, gremios empresariales, el mercado de capitales y entes de fe pública también mantienen un silencio cómplice.
Las entidades implicadas, incluido el Poder Judicial y en particular el 2º Juzgado Civil de Santiago, deben abandonar urgentemente toda connivencia y dejar de servir como plataforma institucional que el síndico César Millán Nicolet y sus representados utilizan para cometer ilícitos. Este esquema de abusos procesales y maniobras vulnera los principios básicos de justicia y equidad.
El silencio no es neutral; es complicidad.
