La Contraloría y el caso Curauma
- MV
- 19 mar
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El caso Curauma, envuelto en acusaciones de una quiebra forzada y una manipulación judicial para canalizar el proceso a un tribunal específico, plantea un desafío formidable a la integridad institucional de Chile. Las pruebas escritas de interferencia en el sistema informático del Poder Judicial y las preguntas sobre el papel de las entidades públicas en el proyecto inmobiliario de Manuel Cruzat Infante exigen una respuesta contundente. En este terreno movedizo, la Contraloría General de la República (CGR) se erige como una institución de peso, dotada de atribuciones robustas que podrían iluminar los rincones oscuros de este episodio y restaurar la confianza en el sistema.
Fortalecida por el artículo 98 de la Constitución y la Ley N° 10.336, la Contraloría General de la República (CGR) ejerce una autoridad excepcional para garantizar la legalidad de los actos administrativos, supervisar el manejo de fondos públicos e iniciar investigaciones de oficio con rigor y autonomía. Sus auditorías especiales, previstas en el artículo 9, constituyen un instrumento quirúrgico para identificar irregularidades o fallas que pudieron haber contribuido a la quiebra ilegal de Curauma. Además, su potestad para evaluar la gestión tecnológica de organismos como la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) le permite indagar las presuntas debilidades que habrían permitido la asignación anómala de la causa, aportando claridad a un proceso bajo escrutinio.
La CGR no se inmiscuye en los tribunales ni revoca fallos, pero su influencia trasciende esas limitaciones. Sus dictámenes y hallazgos, rigurosos y objetivos, pueden alimentar investigaciones penales o civiles, mientras que sus recomendaciones tienen el potencial de blindar al Estado contra futuros desvíos. En un momento en que la ciudadanía exige respuestas, la CGR encarna una autoridad técnica y moral capaz de cortar de raíz las dudas sobre la actuación pública en Curauma.
Chile merece instituciones que respondan con altura a crisis como esta. La Contraloría, con su historial de independencia y su arsenal legal, está a la altura del reto. Que despliegue su capacidad y deje claro que la legalidad y la probidad no son negociables. El país observa.