Justicia y crecimiento económico
- MV
- 6 ene
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La relación entre el poder judicial y el desarrollo económico en Chile es clave para comprender el estancamiento de la última década. Como garante de la seguridad jurídica, el poder judicial es indispensable para fomentar la inversión, proteger la competencia y garantizar un crecimiento sostenible. Sin embargo, la corrupción y las deficiencias sistémicas han debilitado esta institución, convirtiéndola en un freno estructural para el desarrollo.
La experiencia chilena demuestra que un sistema judicial corrupto no solo erosiona la confianza pública, sino que imposibilita cualquier intento de crecimiento económico sostenido. La falta de transparencia y la percepción de parcialidad generan incertidumbre, desincentivan la inversión y paralizan proyectos estratégicos, afectando tanto la competitividad nacional como la confianza internacional.
Entre las prácticas más alarmantes se encuentra la manipulación en la distribución de causas judiciales, un proceso que debería ser aleatorio y transparente, pero que en la práctica permite dirigir casos hacia jueces alineados con ciertos intereses. Esto no solo distorsiona la imparcialidad, sino que también facilita transferencias injustas de riqueza y derechos, exacerbando las desigualdades y debilitando la justicia como pilar institucional.
El declive económico en cifras
Chile registró un crecimiento económico promedio anual del 4,8% entre 2004 y 2013. Sin embargo, entre 2014 y 2023, este promedio disminuyó al 2,3%. En 2023, la economía chilena experimentó una contracción del 0,9%. Paralelamente, la inversión como porcentaje del PIB se redujo del 25% al 21% en el mismo período. Este declive coincide con un deterioro en la percepción de las instituciones públicas, reflejado en el descenso de Chile en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, del puesto 20 en 2012 al 27 en 2023.
El impacto del sector privado
El sector privado ha contribuido significativamente a la desconfianza institucional mediante casos emblemáticos. En 2008, las farmacias se coludieron para fijar precios en más de 200 medicamentos, generando sobrecostos de USD 40 millones. En 2013, la quiebra forzada de Curauma S.A. resultó en el despojo de activos tasados en más de USD 500 millones mediante manipulaciones ilegales. En 2015, se destapó una colusión en el mercado del papel higiénico que operó durante más de una década, con multas de USD 15 millones. En 2023, la colusión en casinos generó pérdidas fiscales y multas de hasta USD 37 millones. Y los casos se acumulan. Según la OCDE (2023), estas conductas han costado al país un 1,5 % del PIB anual, restringiendo la innovación y perjudicando a los consumidores.
El impacto del sector público
El sector público también enfrenta casos emblemáticos de corrupción y mala gestión. La sobrepoblación de empleados públicos ha incrementado innecesariamente el gasto estatal sin una mejora proporcional en la calidad de los servicios. Además, el uso irregular de fondos en programas sociales y licitaciones públicas direccionadas ha generado sobrecostos y cuestionamientos sobre transparencia.
Las instituciones reguladoras y de fe pública, encargadas de garantizar la supervisión estatal y la transparencia, también han perdido credibilidad. Escándalos relacionados con certificados irregulares, información privilegiada y licitaciones cuestionables han reforzado la percepción de favoritismo y opacidad. Este deterioro afecta directamente la eficiencia del gasto público, incrementa costos para los ciudadanos y obstaculiza el desarrollo de un sistema más equitativo.
La crisis de confianza en el sistema judicial
El sistema judicial enfrenta una crisis de legitimidad que agrava la percepción de corrupción en Chile. Según la Encuesta Nacional Bicentenario UC (2023), sólo un 8 % de los chilenos confía en la justicia, mientras que la Encuesta CEP sitúa este nivel en un 16 %. En 2024, la Encuesta Cadem mostró que un 82 % desconfía del Poder Judicial y apenas un 10 % lo evalúa positivamente. Asimismo, la Encuesta Black & White de 2024 señala que un 89 % percibe la justicia como injusta. La manipulación de causas judiciales refuerza este círculo vicioso de desconfianza, haciendo del sistema judicial una institución percibida como parcial e ineficiente.
Instituciones sólidas, mercados competitivos
La evidencia económica es clara: sin instituciones sólidas, no hay crecimiento. Un sistema judicial eficiente fomenta la inversión, reduce costos para los consumidores y mejora la productividad. Según el Banco Mundial (2022), una mejora del 10 % en los indicadores de calidad judicial puede aumentar el PIB per cápita en un 0,6 % anual. Por su parte, la CEPAL (2023) destaca que los mercados competitivos optimizan la asignación de recursos y potencian el crecimiento económico.
Para revertir esta tendencia, son necesarias reformas profundas que fortalezcan la transparencia del sistema judicial y la independencia de las instituciones reguladoras. Estas medidas deben incluir la distribución aleatoria de causas, sanciones ejemplares a prácticas colusivas y el fortalecimiento de la libre competencia. Sin estas transformaciones, Chile corre el riesgo de perpetuar su estancamiento económico y debilitar su cohesión social.
Enero de 2025