Inicio del año judicial 2025: nueve propuestas clave de reforma estructural
- MV
- 29 ene
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El Poder Judicial en Chile atraviesa una crisis de legitimidad que requiere una reforma estructural profunda y urgente. La corrupción, la falta de transparencia y las deficiencias en su funcionamiento han deteriorado la confianza ciudadana.
Estas son las reformas esenciales propuestas para abordar estas problemáticas mediante medidas claras y específicas:
1. Crear un Consejo de la Magistratura independiente y autónomo.
- Eliminar la injerencia de la Corte Suprema y del Poder Ejecutivo en la designación de jueces.
- Implementar concursos públicos basados en criterios objetivos, evaluaciones externas y audiencias públicas.
- Asegurar la representación regional en la composición del consejo.
2. Descentralizar el Poder Judicial.
- Otorgar autonomía administrativa y presupuestaria a los tribunales regionales para reducir la centralización en Santiago.
- Redistribuir competencias de la Corte Suprema para aliviar su carga y mejorar la eficiencia.
- Realizar un plan piloto en tres regiones con plazos definidos para su expansión.
3. Establecer un órgano de control interno independiente con facultades reales.
- Crear una entidad autónoma encargada de investigar y sancionar irregularidades en el Poder Judicial.
- Realizar auditorías anuales externas sobre desempeño y ética de jueces y funcionarios.
- Implementar un sistema seguro de denuncias anónimas con seguimiento público.
4. Digitalizar por completo el sistema judicial.
- Sustituir los trámites físicos por un sistema digital integrado accesible en todo el país.
- Capacitar a jueces y funcionarios en herramientas tecnológicas avanzadas.
- Establecer unidades de soporte técnico en todos los tribunales para garantizar su operatividad.
5. Garantizar la transparencia radical del Poder Judicial.
- Publicar fallos judiciales en tiempo real en una plataforma de acceso abierto.
- Exigir declaraciones de intereses de jueces y funcionarios disponibles al público.
- Establecer métricas de desempeño y sanciones para tribunales que presenten demoras injustificadas.
6. Auditar y modernizar la distribución de causas con tecnología avanzada.
- Prohibir la asignación manual de causas para prevenir manipulaciones.
- Implementar inteligencia artificial para distribuir casos de manera equitativa y objetiva.
- Registrar todas las asignaciones con tecnología blockchain para asegurar integridad, claridad en los procesos y facilidad de seguimiento.
- Realizar auditorías externas periódicas para verificar el correcto funcionamiento del sistema.
7. Reformar el Ministerio Público.
- Garantizar autonomía presupuestaria para evitar presiones políticas.
- Crear unidades especializadas en delitos de corrupción, dotadas de personal altamente capacitado.
- Implementar un sistema de evaluación externa para medir el desempeño de los fiscales y sancionar ineficiencias.
8. Reformular el sistema ético y disciplinario.
- Reformar la Academia Judicial para garantizar independencia en la formación de jueces, eliminando vínculos indebidos entre profesores, abogados y estudiantes.
- Establecer un sistema de certificación renovable para jueces con evaluaciones periódicas de conocimientos y ética.
- Promulgar un código de ética judicial obligatorio con sanciones severas para quienes lo incumplan.
9. Incorporar participación ciudadana y supervisión externa.
- Crear jurados ciudadanos consultivos para casos de alta relevancia, como delitos de corrupción.
- Establecer una Defensoría Ciudadana del Poder Judicial para fiscalizar el desempeño del sistema.
- Fomentar alianzas con organismos internacionales para supervisar y evaluar el avance de las reformas.
La crisis del Poder Judicial chileno no admite demoras, y estas acciones representan un camino directo hacia la restauración de la confianza pública y el fortalecimiento de la justicia en el país. Si bien su implementación requiere una estrategia gradual, con pruebas piloto en medidas más complejas como la descentralización y el uso de tecnología en la asignación de causas, es crucial considerar la resistencia política e institucional, asegurar el financiamiento adecuado y coordinar la reforma con otros poderes del Estado para garantizar su efectividad y sostenibilidad en el tiempo.