El equilibrio tácito que todos conocen

El significado de nuestro título es, en sí mismo, feroz, porque no acusa solo a un juez, a un abogado, a un funcionario ni a una institución. Acusa una atmósfera. Acusa una cultura. Acusa ese punto exacto en que la corrupción deja de ser clandestina y pasa a ser administrada como normalidad: ya no como excepción que avergüenza, sino como parte de la oferta disponible tras el mostrador.

Ese es el verdadero problema.

Chile discute la reforma judicial como si la crisis principal fuera la falta de independencia interna de los jueces frente a sus superiores. Pero Jorge Correa Sutil, en su carta “¿Cuál independencia judicial?” del 30 de mayo de 2026 en El Mercurio, apuntó a un lugar más incómodo: los escándalos recientes no nacen ahí. Nacen de la corrupción del dinero, del tráfico de influencias, de actores políticos y de oficinas de abogados capaces de torcer decisiones que debían ser estrictamente institucionales.

El caso Curauma ilustra esa tesis con una precisión incómoda. La Corporación Administrativa del Poder Judicial, CAPJ, reconoció, en el Oficio 8AJ N°1593 de 2022, que la causa de quiebra de Curauma debía radicarse en el 6° Juzgado Civil de Santiago y no en el 2°. Esa constatación no es un detalle administrativo. Es una señal de alarma.

El cambio de tribunal no es el delito. Es el síntoma.

La pregunta de fondo no es solo por qué una causa terminó en un tribunal distinto al que correspondía. La pregunta es por qué ese desplazamiento fue funcional. Por qué produjo efectos. Por qué nadie lo corrigió a tiempo. Por qué una anomalía de origen terminó convertida en trayectoria judicial.

Ahí aparece el equilibrio tácito que todos conocen.

No se necesita una conspiración perfecta. Basta con una suma de silencios útiles. El litigante sabe. El abogado sabe. El funcionario sabe. El juez sabe. El regulador sabe. Los medios de comunicación saben. Y, sin embargo, el sistema sigue funcionando como si nada. Algunos operan, otros miran, otros callan, otros se adaptan. Así la corrupción deja de parecer un accidente y comienza a parecer una regla ambiental.

Lo más grave no es que existan mecanismos irregulares. Lo más grave es que muchos sepan que existen y aun así los traten como parte del paisaje. Ciertas causas llegan a ciertos tribunales. Ciertas oficinas tienen mejores puertas. Ciertos nombres pesan más que los expedientes. Ciertas instituciones fiscalizan hasta donde conviene fiscalizar.

Eso ya no es una falla puntual sino una estructura lubricada.

Y cuando esa estructura cruza tribunales, estudios de abogados, organismos de control y grandes intereses económicos, el problema deja de ser solo judicial. Se vuelve republicano. Porque la igualdad ante la ley se vacía cuando existe una ley escrita para los ciudadanos y una regla informal para quienes conocen el mostrador.

Por eso el diagnóstico importa. Si el problema real es la captura por dinero e influencia, una reforma centrada únicamente en desarmar jerarquías judiciales puede dejar intacta la enfermedad. Peor aún: puede debilitar la uniformidad de las sentencias, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, sin tocar las redes que verdaderamente corroen al sistema.

La reforma que falta no es cosmética ni meramente procesal. Exige trazabilidad completa de las causas, registros inalterables de distribución, auditorías externas, sanciones penales efectivas, fiscalización independiente y voluntad política real para intervenir el punto donde el dinero se encuentra con la decisión pública.

La corrupción sistémica no se enfrenta con herramientas menores. Así como el Estado creó un Ministerio de Seguridad para enfrentar el crimen organizado con instrumentos proporcionales a su escala, la corrupción organizada dentro de la justicia y los organismos de control exige una respuesta igualmente potente.

#casocurauma