CÉSAR MILLÁN NICOLET, síndico: corrupción y sanciones
- MV
- 27 ene
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Actualizado: 29 ene
La gestión del abogado César Millán Nicolet como síndico de la quiebra de Curauma S.A. se encuentra en el centro de una tormenta de irregularidades que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) no ha podido ignorar. Su rol en este proceso ha estado marcado por faltas administrativas, cuestionables decisiones financieras y un persistente incumplimiento de las normativas vigentes, configurando un escenario que deja a los acreedores en una posición vulnerable.
En diciembre de 2013, Millán fue designado síndico tras la declaración de quiebra de Curauma S.A. Sin embargo, su gestión rápidamente despertó sospechas. A lo largo de su administración, la SUPERIR detectó reiterados incumplimientos a las instrucciones emitidas.
En marzo de 2024, se le requirió información financiera esencial, como balances y conciliaciones bancarias. No cumplió. Incluso cuando se le otorgaron prórrogas, sus respuestas fueron calificadas como insuficientes.
En abril de 2024, el panorama se agravó. La SUPERIR identificó deficiencias graves, incluyendo la falta de redistribución de acreencias por más de 286 millones de pesos desde 2017 y retenciones de leyes sociales e impuestos no depositadas. Además, Millán cobró honorarios en exceso por más de 1.038 UF, y nunca justificó una inversión de 47 millones de pesos que no se materializó. Mientras tanto, bienes inmuebles de la quiebra permanecen sin liquidar desde hace más de una década. Estas omisiones no solo perjudicaron a los acreedores, sino que sembraron dudas sobre su gestión.
En paralelo, su desempeño como liquidador de Parques y Jardines La Luz, filial de Curauma S.A., también levantó cuestionamientos.
En 2016, Millán aprobó un honorario adicional para financiar abogados en acciones penales, cargándolo como gasto administrativo a la masa de acreedores, contraviniendo la ley.
En 2020, la SUPERIR le instruyó devolver 19 millones de pesos asociados a esta irregularidad. Millán se negó, argumentando que los fondos ya habían sido destinados al pago de los abogados. Finalmente, en 2022, fue sancionado con una multa de 50 UTM, tras rechazar sus intentos de evitar la responsabilidad.
El patrón es claro: reiterados incumplimientos, decisiones que favorecen intereses cuestionables y una gestión caracterizada por la opacidad.
En diciembre de 2024, la SUPERIR inició un proceso sancionatorio contra Millán, reflejando el nivel de gravedad de las irregularidades detectadas (Oficio SUPERIR N° 8422).
Los acreedores de Curauma S.A. y sus filiales han sido víctimas de una gestión marcada por la falta total de transparencia y eficiencia que deberían guiar estos procesos. Este caso, emblemático de las profundas debilidades del sistema concursal chileno, plantea una incómoda pregunta: ¿es este el precio de la insuficiente fiscalización y control?