Blanco Herrera y la negación de corrupción

El sábado 1º de marzo de 2025, Ricardo Blanco Herrera, presidente de la Corte Suprema, presentó la Cuenta Pública del Poder Judicial 2025 con un discurso que pretendió ser una declaración de victoria: tras un 2024 de profundas turbulencias, afirmó que la institución emergió "fortalecida, cohesionada y comprometida". Enumeró medidas frente a "hechos graves", resaltó avances tecnológicos y proyectó metas futuras. Sin embargo, un término esencial quedó excluido de su alocución: "corrupción". En un sistema corroído por una corrupción imperante y rampante, que ha contaminado hasta la asignación misma de las causas judiciales, esa omisión no es un desliz, sino una negación deliberada que desacredita por completo su discurso y revela una incapacidad o renuencia inaceptable para enfrentar la crisis que carcome la justicia.

Blanco Herrera reconoció "serios cuestionamientos" y "situaciones que concentraron la atención nacional" en 2024, citando respuestas como la remoción de una ministra por conducta indebida, sumarios administrativos y la destitución de dos magistrados por el Congreso. Mencionó también el cese de Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, sin explicación alguna. Según él, estas acciones robustecieron a la Corte Suprema. Pero al rehusarse a nombrar la corrupción —un flagelo que ha infiltrado el sistema hasta manipular, de manera evidente y comprobada, la distribución de los procesos judiciales—, Blanco no solo esquiva la realidad: la traiciona. No hay en su texto el menor indicio de cómo el Poder Judicial se hundió en tal abismo ni un reconocimiento de las fallas estructurales que, desde su génesis operativa, han posibilitado esta degradación. Semejante evasión no es una mera laguna; es una abdicación de responsabilidad que resulta indefendible ante un mal que ataca el corazón mismo de la justicia.

Los logros que Blanco destacó —una reducción de 33 mil causas pendientes en la Corte Suprema, la implementación de leyes para mujeres y menores, el uso de inteligencia artificial en tribunales— son hechos concretos (al menos alguno de ellos), pero se tornan irrelevantes frente a una corrupción que él se niega a identificar y extirpar, y que ha comprometido la imparcialidad desde los cimientos del sistema. Sus propuestas de seguridad, celeridad y transparencia suenan vacías cuando no abordan el vicio que pervierte la asignación de casos, un acto corrupto que deslegitima toda resolución subsiguiente. Al limitarse a hablar de "comportamientos que atenten contra la ley y el estándar ético", Blanco recurre a una ambigüedad intolerable que no confronta la magnitud del problema. Si la justicia está infestada de influencias ilícitas que socavan su esencia fundacional, la eficiencia operativa no es un mérito, sino un velo que encubre la corrupción; y su silencio explícito sobre la corrupción no la mitiga, la apuntala.

En el ámbito ético, Blanco Herrera propuso actualizar la normativa interna y discutir el sistema de designación de magistrados, medidas que califica como preventivas. Estas iniciativas son insuficientes y casi irrisorias ante una corrupción sistémica que ha torcido, de manera probada, el reparto de causas y que exige una purga radical, no paliativos. No hay en su discurso un análisis riguroso de las raíces de este deterioro ni una propuesta de envergadura para erradicarlo. Más aún, no se alude en absoluto a la apertura del sistema a auditorías externas o internas, una herramienta imprescindible para comenzar a restaurar la confianza ciudadana que la corrupción ha demolido; esta ausencia no es un descuido, es un rechazo categórico a la rendición de cuentas que el momento demanda. Agrava esta postura la reducción de 17 mil millones de pesos en el presupuesto de 2025, que deja al Poder Judicial sin recursos para suplencias o seguridad informática. Proclamar fortaleza en tales condiciones no es optimismo; es una ficción insostenible.

Blanco Herrera culminó con una declaración ambiciosa: "Un Poder Judicial de todos y para todos", respaldado por 1.700 jueces y 12 mil funcionarios. Pero mientras la corrupción permanezca como un mal innombrable y la manipulación de las causas siga siendo una llaga abierta en el núcleo del sistema, esa meta es una quimera. 

La ciudadanía no tolerará más discursos vacuos: exige una justicia purificada, no un simulacro que esquive la purga necesaria. Blanco debe entenderlo: su negación no salva al Poder Judicial, lo condena.

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