Año Judicial 2025

El 1º de marzo de 2024, el presidente de la Corte Suprema presentó su cuenta pública con un tono optimista, delineando una serie de compromisos para fortalecer el poder judicial. Entre sus principales promesas destacaron la agilización de los procesos judiciales, el fortalecimiento de la transparencia, la implementación del Plan Estratégico 2021-2025 y el avance en reformas legales clave, como la reforma procesal civil y la modernización del Código Penal. Sin embargo, al evaluar lo que realmente ocurrió durante el año, se hace evidente que esas promesas fueron meros ejercicios retóricos sin correlato en la realidad.

Uno de los ejes centrales del discurso de 2024 fue la independencia judicial. Se insistió en que el Poder Judicial debía estar blindado de presiones políticas y económicas, pero los hechos demostraron lo contrario. La destitución de dos jueces de la Corte Suprema, lejos de representar un fortalecimiento institucional, expuso las luchas internas y la falta de transparencia en la gestión del máximo tribunal. No hubo una política clara para garantizar que este tipo de decisiones respondieran a principios de probidad y no a pugnas de poder.

Más allá de estos despidos, la politización del sistema judicial siguió siendo un problema estructural. En lugar de consolidar su autonomía, los tribunales se vieron envueltos en decisiones cuestionadas, marcadas por la opacidad y la percepción de influencias externas en sus fallos más relevantes.

En paralelo, la gestión administrativa del sistema judicial enfrentó uno de sus momentos más críticos. La corporación responsable de la administración y financiamiento de los tribunales (CAPJ) quedó en entredicho por su falta de eficiencia y capacidad de respuesta. A pesar de las reiteradas promesas de modernización, la realidad evidenció un sistema burocrático, con deficiencias en la asignación de recursos y fallas estructurales en la planificación estratégica.

Durante el año, la administración del sistema judicial no solo falló en la implementación de reformas clave, sino que también mostró una alarmante falta de fiscalización interna. Las demoras en la ejecución de proyectos esenciales y la ausencia de medidas concretas para optimizar el uso de los fondos públicos reforzaron la percepción de una gestión ineficaz y poco transparente.

El presidente de la Corte Suprema aseguró que una de las prioridades del año sería mejorar la transparencia dentro del Poder Judicial. Sin embargo, el 2024 estuvo marcado por la falta de avances en esta materia. Las decisiones de alto impacto continuaron tomándose en un ambiente de opacidad, sin una rendición de cuentas efectiva.

Los casos de corrupción y tráfico de influencias que involucran a jueces, fiscales y abogados no solo persistieron, sino que evidenciaron la permisividad con que opera el sistema judicial. No se aplicaron sanciones ejemplares ni se implementaron mecanismos efectivos de supervisión. Como resultado, la desconfianza en el sistema siguió profundizándose.

Otro compromiso clave del discurso de 2024 fue la reducción en los tiempos de tramitación de causas. Se aseguró que los tribunales trabajarían en mejorar la eficiencia, pero la realidad demostró que la congestión judicial se mantuvo sin cambios significativos. Las demoras en los procesos siguen siendo un obstáculo para la ciudadanía, reforzando la percepción de que la justicia chilena opera a dos velocidades: una ágil y eficiente para los poderosos, y otra lenta y burocrática para el resto.

El Plan Estratégico 2021-2025, presentado como una hoja de ruta para modernizar el sistema, tampoco logró avances notorios. Su implementación se diluyó en anuncios vagos, sin resultados concretos que impactaran el funcionamiento real de los tribunales.

El 2025 como una última oportunidad

Con este balance, el 2025 se presenta como una oportunidad para corregir el rumbo. La Corte Suprema tiene la posibilidad de abandonar la retórica vacía y comprometerse con cambios tangibles. Esto implica no solo reconocer los fracasos del último año, sino también adoptar medidas concretas:

• Reformas profundas en los mecanismos de nombramiento, supervisión y remoción de jueces.

• Implementación efectiva de sanciones ante actos de corrupción y tráfico de influencias.

• Un compromiso real con la transparencia, que incluya la publicación de criterios claros en la toma de decisiones judiciales.

• Una reestructuración del sistema procesal que permita reducir la carga de trabajo y los tiempos de tramitación de causas.

• Una reforma urgente en la administración judicial, con auditorías externas y cambios en su estructura directiva para garantizar eficiencia y transparencia en la gestión de recursos.

• La implementación efectiva de tecnología en la administración de justicia, con un sistema digital confiable para la distribución de causas y la trazabilidad de fallos.

• La creación de un registro unificado de procesos judiciales para garantizar transparencia en la toma de decisiones y evitar manipulaciones en la asignación de causas.

Si la Corte Suprema sigue aferrada a discursos complacientes y medidas cosméticas, la desconfianza en la justicia chilena se tornará irreversible. Chile no necesita más promesas incumplidas; necesita reformas reales y urgentes. La cuenta pública de 2025 no puede ser una repetición de lo que ya se dijo en 2024.

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